En el fallo, que seguramente será apelado por la Argentina, la magistrada señaló que no se discute que el Gobierno carece de “posesión” o “custodia” de las comunicaciones, pero afirma que sí tiene “control” sobre esas comunicaciones, según reveló en su cuenta de X Sebastián Maril, director de Latam Advisors y quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior.

“La decisión de conceder o denegar una moción de reconsideración queda a la entera discreción del tribunal de distrito”, señaló Preska en su fallo, en el que justificó la decisión de rechazar el pedido de la Argentina. “En esta jurisdicción, las mociones de reconsideración generalmente se deniegan, a menos que la parte solicitante pueda alegar decisiones determinantes”, añadió.

El 6 de agosto pasado, la Argentina le había pedido a la magistrada que reconsiderara su decisión, ya que, explicó, el Estado no tiene en su posesión los dispositivos solicitados porque no les pertenecen.

“En este caso, el tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, de si los dispositivos y cuentas personales están bajo la ‘posesión, custodia o control’ de la República”, señaló el escrito dirigido a Preska.

En la noche del martes, el país había hecho una nueva presentación solicitándole a Preska que reconsiderara el fallo que obliga al país entregar mensajes y comunicaciones encontrados en los dispositivos móviles de ciertos funcionarios y exfuncionarios públicos.

“La demandada, la República Argentina, respetuosamente presenta esta moción, solicitando la reconsideración de la orden de este Tribunal del 29 de julio de 2025, que exige a la República recopilar y presentar comunicaciones y documentos de dispositivos personales, cuentas de correo electrónico personales y aplicaciones de mensajería personal de ciertos altos funcionarios actuales y anteriores”, señaló el escrito.

“La República presentó previamente una carta a la moción solicitando la reconsideración de esta orden de conformidad con la Regla Civil Local 6.3. Como medida de precaución, la República vuelve a presentar la misma solicitud como una moción formal dentro del plazo de 28 días para una moción de reconsideración, que vence hoy, 26 de agosto, para evitar cualquier duda sobre la suspensión del plazo de 30 días para apelar, que de otro modo vencería el jueves 28 de agosto”, añadió.

En su explicación presentada el 6 de agosto, la defensa de la Argentina, a cargo de la Procuración del Tesoro, había señalado que “los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios”.

“Por el contrario, la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador“, explica la notificación de la Procuración del Tesoro.

Los fondos buscan demostrar que el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas y Energía Argentina (Enarsa) funcionan como un “alter ego” del Estado argentino. Es decir, que no tienen independencia operativa y legal, y que actúan como una extensión del propio Estado. Esta información ya había sido parte de la evidencia en el juicio, después del fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar una indemnización de US$16.100 millones, más intereses, por la nacionalización de la petrolera estatal.

El proceso judicial, conocido como discovery, involucró desde el año pasado negociaciones entre los abogados del Estado argentino y los fondos demandantes. En aquel entonces, Burford y Eton Park habían presentado una lista con 27 nombres, que el Gobierno intentó reducir en una contrapropuesta. Finalmente, Preska definió quiénes deben entregar su información.

“Los beneficiarios del juicio por YPF buscan embargar activos soberanos. Para eso, necesitan acceder a toda la información vinculada con las empresas que podrían ser consideradas alter ego de la República”, explicó en su momento Maril.

“Lo que alegan, y con lo que lograron convencer a la jueza Preska, es que funcionarios y exfuncionarios argentinos —entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa— usaron plataformas como WhatsApp o Gmail para realizar funciones públicas, en lugar de canales oficiales del Estado. Por eso, solicitan conocer si en esos medios hay datos que puedan facilitar el embargo de activos”, añadió.