Con fuertes ejemplos, quiso mostrar qué es lo que no funciona bien en la Argentina. “En 2008, como presidente del Banco Ciudad, recibo un llamado de una compañía de seguros, y la persona me dice que eran grandes proveedores del banco desde hacía muchísimos años. Me ofrecía US$20.000 por mes con la condición de que siguiéramos comprando los servicios de la compañía. Era mi segundo día de trabajo. Le dije que no me había venido de Harvard para esto y también que no iba a dormir hasta que él dejara de ser proveedor del banco”.

No terminó ahí. Logró que el directorio le aceptara licitar este servicio, y cuando lo hizo, se presentó solo una empresa: “esa empresa”, contó Sturzenegger. Dio de baja la licitación y realizó un contacto con Sancor Seguros para que se presente. Una vez que lo hizo, también lo hicieron otras compañías y adjudicaron el servicio al quinto del valor anterior.

La primera reflexión que realizó es que las reglas no alcanzan, porque él siguió las reglas. Y la segunda, que el sector privado estaba involucrado. “Eran todos cómplices”, disparó.

Otro ejemplo que brindó el ministro, también como funcionario del Banco Ciudad, fue que era necesario desarrollar más los productos bancarios, entre ellos dar 50 cuotas sin interés. Sin embargo, “los bancos más grandes se pusieron de acuerdo en que no querían que haya más 50 cuotas sin interés. En ese momento Guillermo Moreno empezó a apretar con las comisiones. Le dieron la orden a VISA Argentina que no siguiera con las 50 cuotas”, dijo. Aunque desde el Banco Ciudad la idea era seguir, contó que VISA se bajó del programa.

Nuestras instituciones no funcionan

La reflexión del ministro fue: “Nuestras instituciones no funcionan”.

Por otro lado, se preguntó: “¿Qué hacemos cuando la ley es la corrupción?”. Luego se refirió a la normativa para las obras públicas. “Tiene 78 años en vigencia”, afirmó. “Teníamos la corrupción gestionada a la vista de todos a través de la ley”. Explicó que “había un registro de obras públicas y se daba una capacidad constructiva a cada empresa. Imaginen que tienen US$100 millones de obra pública a asignar. Muy fácil. Dicen que la capacidad constructiva de cada empresa es $10 y cada una sabe que en algún momento le va a tocar. Con lo cual la empresa ni siquiera tiene que competir. En la ley estaba legislada la corrupción”, aseguró.

Contó también que junto a integrantes de la Universidad de San Andrés “revisamos las leyes, y te dabas cuenta de que los privilegios de la casta están escritos en la ley. El desafío es qué hacemos cuando la ley es la fuente de lo no ético”.

Cuestionamiento al poder judicial

Otro punto que puso sobre la mesa es el rol del Poder Judicial en este tipo de situaciones. Lo graficó con otro ejemplo, esta vez con la idea de poner en marcha el permiso para vender medicamentos online. “La industria está muy intervenida y los precios en la Argentina son cinco veces más caros que en Europa y 25 veces más caros que en India. La idea de que se puedan vender online es para darle transparencia al mercado”, sostuvo.

Agregó que Mercado Libre puso a disposición de las farmacias una plataforma para venta online y consiguió que se adhirieran unas pocas. “A los dos días, una de las farmacias dejó de operar online y le dijo a Mercado Libre: ‘Me llamaron y me dieron una hora para que me baje”, según el relato del ministro. Sturzenegger recomendó denunciar, pero el hombre no quiso. “Tengo familia”, contestó.

A las otras farmacias online, desde las droguerías les cancelaron el crédito. “Una persona (no dijo quién) compró una farmacia y como no la pudieron bajar, las otras farmacias volvieron a subirse. De repente teníamos 50 farmacias en CABA, aunque no en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna la casta”, continuó el funcionario.

Sin embargo, apareció una barrera para impedir la venta de medicamentos online. “Cuando ven que están perdiendo la batalla, recurren a la Justicia y logran una cautelar. Es cruel porque hay que ir a la farmacia y quizás dejar a un niño solo y quizás hacer muchos kilómetros para conseguir un medicamento”, sostuvo.

También hizo referencia al decreto para que las contribuciones a las cámaras empresarias no sean obligatorias. “CAME, que más o menos está cobrando por estas contribuciones unos $6000 millones por mes, que pagamos todos nosotros cada vez que compramos en un comercio, consiguió un juez que saque una cautelar. La Justicia actúa para defender un privilegio”, dijo.

Otro ejemplo que dio es el de la AFA, con un régimen impositivo especial y ventajoso. “Bajamos ese régimen por decreto y consiguieron una cautelar”, agregó.

Siguió con la ley de glaciares. “Es una ley que dice que prácticamente la Argentina no puede tener minería”, según el ministro. Sostuvo que se dio cuenta de que algunos estudios jurídicos eran parte del negocio. “Me mandaron cosas que me la complicaban más. La gente que más me ayudó fueron las víctimas del sistema, que me pusieron sobre la mesa las soluciones”, agregó.