Con el dólar oficial estabilizado en torno a los $1.200 y las cotizaciones financieras algo por debajo, el mercado empieza a concentrarse en lo que puede ocurrir durante la segunda mitad del año. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, correspondiente a la última semana de mayo, se proyecta una devaluación promedio del 1,8 % mensual para el segundo semestre. De cumplirse esa estimación, el tipo de cambio mayorista llegaría a $1.300 en diciembre.

El dato contrasta con los futuros operados en el Matba-Rofex (A3), donde los contratos a diciembre cotizan en torno a los $1.356. La brecha refleja tanto el rebote reciente de la divisa como la prudencia de los operadores frente a un contexto político incierto.

El consenso de FocusEconomics se ubica en un punto intermedio: estima un dólar oficial a $1.306,4 para fin de año, lo que implicaría una depreciación acumulada del 21,3% respecto al cierre de 2024. Ese informe también advierte que las bandas de oscilación del tipo de cambio paralelo podrían ampliarse, aunque sin desajustes abruptos, en parte gracias al respaldo del Fondo Monetario Internacional: de los 20.000 millones de dólares comprometidos, unos 12.000 millones ya ingresaron a las reservas del BCRA.

A esto se suma el impacto que puede tener el frente político. Las encuestas y la reacción de los inversores ante cada dato electoral se volvieron tan importantes como los indicadores macroeconómicos. Un debilitamiento del respaldo legislativo al programa económico podría anticipar una mayor demanda de cobertura. El escenario internacional tampoco ayuda: un dólar global más fuerte, precios de commodities a la baja o nuevas subas de tasas por parte de la Reserva Federal podrían generar presiones adicionales sobre el peso.

Un delicado equilibrio

Mientras el Gobierno busca contener la brecha y mantener bajo control la expectativa de devaluación, también apunta a estimular la oferta de divisas por otra vía: mediante un proyecto de ley que propone instaurar el “Principio de Inocencia Fiscal”, con el objetivo de atraer parte de los más de USD 250.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.

El Ejecutivo evalúa abrir el debate en la última semana de junio, pero todavía no se anima a convocar al plenario de comisiones. Incluso entre los aliados más cercanos al oficialismo no hay confianza en que el debate arranque esta misma semana. La posibilidad más concreta sería la realización de una reunión informativa entre el 24 y el 26 de junio.

La clave para destrabar el proyecto no parece estar sólo en manos de los gobernadores aliados: el Gobierno necesita también sumar a los bloques dialoguistas más reacios de la oposición, en un Congreso que se mantiene fragmentado y con agendas cruzadas.