El DNU que firmó el presidente Javier Milei empezó a definir algunas cuestiones centrales del nuevo programa firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), más allá de la discusión sobre la validez jurídica y los cuestionamientos legales sobre la herramienta. Si bien aún se desconocen puntos claves como los montos y cronogramas de desembolsos, el Gobierno sí formalizó que se firmará un acuerdo de facilidades extendidas, un plazo de gracia de cuatro años y medio sin pagos de capital al organismo y que el dinero recibido se usará para cancelar Letras Intransferibles, vieja deuda que el Tesoro (Ministerio de Economía) mantenía con el BCRA y cubrir vencimientos con el organismo.

En cuanto a lo formal, la negociación con el FMI derivará en un nuevo acuerdo de facilidades extendidas, el mismo formato al que apeló el gobierno de Alberto Fernández. Se trata de uno de los esquemas posibles que establece el FMI, que en general se aprueba por entre tres y cuatro años para países con “problemas de balanza de pagos” o “bajo crecimiento”, y establece como condición la implementación de “reformas estructurales”.

El economista Gabriel Caamaño, director de Outlier, calificó como “buena noticia” esa confirmación. “Eso quiere decir que es de plazos más largos y más beneficiosos, y con un potencial de acceso a más fondos”.

Para Milagros Gismondi, economista en Cohen, ese es otro de los puntos “salientes” de lo planteado por el Ejecutivo en el DNU. “Es un nuevo Extended Fund Facility. No un Stand By y eso es bueno, porque es un préstamo a mayor plazo, con período de gracia de cuatro años”, dice la analista al diferenciar este formato del que utilizó la administración de Mauricio Macri (acuerdo Stand By), que según las propias definiciones del Fondo no supera los 36 meses (tres años).

“El acuerdo de facilidades extendidas suele tener requerimiento de reformas estructurales más profundos, y eso también es positivo, porque es algo que la Argentina tiene que hacer en temas impositivos, lo previsional, etcétera”, ratifica Caamaño.

Sin detalles sobre plazos o montos, el DNU ratifica lo anticipado por Milei y el ministro Luis Caputo sobre para qué usará el Gobierno los fondos del FMI: irán a cancelar los vencimientos correspondientes al programa anterior y “deuda” que el Tesoro mantiene con el Banco Central.

Este último punto, mediante el cual el Gobierno apunta a “recapitalizar” al BCRA, generó discusiones y disputas entre economistas y analistas del mercado financiero por la evolución de la deuda del país. En concreto, el Gobierno apuesta a tomar más dinero prestado del FMI, y con esos fondos cancelar Letras Intransferibles (LI), hoy en poder del BCRA.

Se trata de unos instrumentos que se emplearon durante sucesivos gobiernos –se crearon durante la gestión de Néstor Kirchner– cuando el Tesoro tomó dólares de las reservas del BCRA, y establecieron un compromiso de devolución en un plazo de 10 años, aunque fueron sucesivamente renovadas. Hoy, su stock supera los US$70.000 millones y es otra de las variables que muestra cómo se deterioró el patrimonio del BCRA en las últimas décadas: si bien computan en su activo, tienen un mero valor contable.

Según definió el DNU, el dinero incluido en el nuevo programa con el FMI se usará para cancelar la LI que vence en junio de 2025 (y las “subsiguientes en orden cronológico”). Es decir, el Tesoro busca cancelar deuda que mantiene con el BCRA y cambiarla por deuda con el Fondo, en una operación que amplía la deuda externa, cambia el acreedor y la jurisdicción de ese endeudamiento.

La letra chica del DNU también definió detalles de esta operación: el Gobierno apela a la ley complementaria del Presupuesto para cancelar esas letras a su ‘valor de mercado’. “Hay que tener en cuenta que la LI de junio de este año, de US$10.000 millones, serían US$3300 millones al valor que las tiene valuadas el BCRA”, completa Gismondi.

Pero, además, el DNU apela a otra norma (artículo 9° del decreto que prorrogó el presupuesto 2024) que abre la puerta a que esa cancelación de Letras Intransferibles sea parcial. “Eso permitía cancelar LI con nuevas LI. En 2025 vence una sola letra, entonces eso permitiría cancelar una parte con fondos y otras con una nueva letra”, define Caamaño.

Las especulaciones y dudas del programa surgen, en definitiva, de las cuestiones aún no definidas. Más allá de especulaciones de bancos y fuentes oficiales, el DNU solo define que el reembolso del préstamo será “en un plazo de hasta 10 años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses”, pero no da detalles sobre los montos involucrados, el cronograma de desembolsos, el esquema de vencimientos o las metas involucradas.

Este año, los vencimientos de intereses con el FMI (pendientes del programa firmado en 2022) son de poco menos de US$2000 millones, con montos crecientes en los años posteriores. En los plazos definidos por el DNU, los vencimientos de capital con el FMI son US$24.100 millones, y de ese monto, unos US$10.527 millones caen dentro del mandato de Milei, según cálculos de la consultora Eco Go.

“Todavía el acuerdo no está cerrado. El Gobierno está ganando tiempo, manejando la agenda, pero todavía están discutiendo los montos y el esquema cambiario. No está claro finalmente cuánta plata fresca involucra y cuánto es el desembolso ahora. Teniendo en cuenta el monto de intereses de este año, no sé cuánto dinero el Fondo puede adelantar”, plantea el economista Sebastián Menescaldi, director asociado en Eco Go.

Si se mantiene un esquema similar al del acuerdo firmado en 2022, el FMI podría definir un cronograma de desembolsos sucesivos a lo largo de años para “calzar” esos giros con los vencimientos pendientes. “La cuestión es cuánto giran ahora, pero hay un trade off que no está definido. El FMI no te puede dar un acuerdo si no consigue que el país sume reservas, pero el actual esquema cambiario no lo permite. Entonces, el brete es resignar reservas, o arreglar con el FMI y cambiar el esquema cambiario, que es lo que le permitió al Gobierno hasta acá la baja de la inflación”, concluye Menescaldi.

Para Caamaño, un punto clave (y pendiente) del acuerdo se vincula con el cronograma de pagos y los fondos involucrados. “Por los plazos involucrados, hay vencimientos de capital por US$14.000 millones, y si mirás todo lo que hay que pagar, incluyendo intereses, son US$19.300 millones. Es decir, si prestan US$24.000 millones, serían US$5000 millones de flujo positivo neto. Hay que ver cómo llegan los plazos y el cronograma, para ver cuánto sobra en cada momento”, afirma el economista.