Será su último recurso, planteado por el abogado Alberto Beraldi. Consta de 10 carillas de 26 renglones. El propio letrado dará este lunes a las 11 una conferencia de prensa en la sede nacional del PJ, en Matheu 130, en el barrio de Once.

Si la Corte lo rechaza, Cristina Kirchner debe cumplir la pena, pues la sentencia quedará firme. Como la expresidenta tiene mas de 70 años, en caso de un rechazo de este recurso, puede pedir cumplirla en prisión domiciliaria.

La gran incógnita es qué Corte va a resolver este recurso; si la actual de cuatro jueces, con Manuel García-Mansilla designado por decreto en comisión hasta fin de año; si una Corte de cinco jueces, con Ariel Lijo, cuyo pliego podría discutirse en el Senado el 3 de abril, o una Corte de solo tres jueces, con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en caso de que el Senado objete a los otros dos candidatos.

La otra pregunta es cuándo resolverá la Corte Suprema, que no tiene plazos para decidir. El primer paso que realizará la Corte, una vez que ingrese este recurso, que se denomina de queja, es enviárselo al procurador general interino Eduardo Casal, jefe de los fiscales y fiscal ante la Corte.

Como en esta causa recurrieron tanto las defensas como la fiscalía de Casación, a cargo de Mario Villar, Casal deberá determinar si sostiene el recurso del fiscal de la instancia inferior.

Casal lo sostendrá y una vez que conteste la vista, con su dictamen, la Corte estará en condiciones de resolver. Puede hacerlo en cuestión de semanas, apenas reciba ese dictamen, en cuestión de meses y hasta de años. Hay ejemplos de todas estas variantes.

La decisión que debe tomar la Corte es jurídica, pero claramente la determinación de cuándo tome esa decisión es política, ya que el tiempo es una dimensión de la gestión judicial para ponerle sordina a los casos resonantes o amplificar su impacto institucional.

En caso de que el recurso sea rechazado antes del 17 de agosto, Cristina Kirchner no podrá ser candidata, ya que la sentencia tras el juicio oral incluye el dictado de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Si lo rechaza entre el 17 de agosto y el 26 de octubre, cuando son las elecciones y si Cristina Kirchner es candidata oficializada, difícilmente se le impida competir, según especialistas en derecho electoral consultados por LA NACION.

Si la decisión de la Corte se conoce luego del 26 de octubre, con Cristina Kirchner potencialmente ya elegida como diputada nacional, no sólo habrá sido legal su participación en los comicios, sino que dispondrá de fueros parlamentarios.

Hay antecedentes de legisladores a los que la propia Cámara de Diputados le impidió asumir en su banca o directamente los expulsó por “inhabilidad moral” derivada de su situación judicial penal.

Plazos

En rigor, el plazo para presentar este recursos de queja vence las dos primeras horas de la actividad tribunalicia, que se cumple el martes 1° de abril, a las 9.30.

El mismo plazo corre para el resto de los 10 condenados en el juicio oral y el fiscal Mario Villar, que reclama mediante otro recurso directo que Cristina Kirchner sean condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita. Quiere que le dupliquen la pena pues hasta ahora solo fue hallada culpable del delito de fraude.

Cristina Kirchner fue condenada por fraude contra el Estado por favorecer a Lázaro Báez con las licitaciones de la obra pública santacruceña. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 2, la condenaron en diciembre de 2022.

Luego, la Cámara de Casación Penal, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, confirmó esa condena al rechazar recursos de casación de las defensas de Cristina Kirchner y otros condenados. La pena contra Cristina Kirchner ya tiene un doble conforme, que es el parámetro de los tratados internacionales de derechos humanos para considerar que un fallo debe ser ejecutado.

Tanto los acusados como el fiscal Villar presentaron recursos extraordinarios para que la Casación les abra el camino a la Corte Suprema de Justicia. Pero los jueces Hornos, Borinsky y Barroetaveña rechazaron esos recursos extraordinarios la semana pasada. Con el rechazó del recurso extraordinario, la condena quedó en condiciones de ser ejecutada.

Sin embargo, una reforma procesal puesta en marcha a instancias del kirchnerismo cuando estaba en juego la condena a Amado Boudou, estableció que una condena queda firme cuando la Corte rechaza el último recursos. Y estamos ante esta circunstancia. Una vez rechazados los recursos extraordinarios, las defensas y las fiscalías presentarán este recurso de queja.

Lo usual en los casos que trata la Corte es que si una causa llega a sus estrados con condena con doble conforme y con el recurso extraordinario denegado, el recurso de queja es denegado, sin mayores explicaciones, recurriendo a una fórmula establecida en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que no obliga a explicar los motivos de la decisión.

En caso de que la Corte rechace los recursos de queja, Cristina Kirchner se propone seguir recurriendo ante los tribunales internacionales para denunciar lo que considera una violación de sus derechos al amparo del “lawfare”.

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron hasta votos en disidencia los que recogieron esta idea del “lawfare”, entre ellos el del juez Raúl Eugenio Zaffaroni cuando integró ese tribunal internacional. Hoy ocupa un lugar en ese tribunal la argentina Verónica Gómez.