En la oposición los ánimos están caldeados; reprochan que el Gobierno apele al atajo de un DNU e incumpla con la ley de sostenibilidad de la deuda, que exige una norma expresamente aprobada por el Congreso para avanzar en cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público alcanzado con el FMI. Los bloques más duros advierten que el decreto debería ser rechazado de plano; la oposición dialoguista, sin ser tan categórica, cree que sí es indispensable que el Gobierno le dé a conocer al Congreso la letra chica del acuerdo y, sobre todo, qué destino se dé a los desembolsos que llegarán del Fondo.

“Si el acuerdo implica deuda para sostener artificialmente el tipo de cambio, ya vimos muchas veces cómo termina. Y por eso no quieren abrir el contenido del acuerdo”, acicatea el senador Martín Lousteau (UCR), quien esgrimió cuatro argumentos para que ese DNU, cuando se dicte, sea rechazado por el Congreso.

Habrá que ver hasta qué punto los dialoguistas –la UCR y el sector de Pro que se referencia en Mauricio Macri- se animan a tensar la cuerda. Hasta ahora acompañaron sin demasiados titubeos cada iniciativa de la Casa Rosada, por lo que se descuenta que no será distinto esta vez, máxime tratándose de un asunto tan relevante como un nuevo acuerdo con el FMI. La gobernabilidad está en juego. La cuestión es qué le demandarán al Gobierno a cambio. Si es que se lo demandan.

Lo cierto es que, previo al anuncio del DNU, en el macrismo ortodoxo y en la UCR no estaban convencidos de otorgarle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo en materia de endeudamiento y reclamaban no solo el envío al Congreso de la autorización para negociar un nuevo programa con el Fondo sino también el contenido del staff level agreement (el acuerdo con los detalles técnicos).

Los economistas y legisladores que responden al expresidente se reunieron el jueves pasado en la Fundación Pensar y se disponían a difundir un comunicado con esta posición. Es más, iban a solicitar la presencia del ministro Luis Caputo y del titular del Banco Central, Santiago Bausili, a las comisiones correspondientes. En la UCR predominaba una opinión similar. A sabiendas o no de los ánimos que imperaban entre sus aliados, la Casa Rosada decidió cortar por lo sano y anunció por la noche que, en lugar de un proyecto de ley, lo que se enviaría al Congreso sería un DNU.

La idea terminó de cerrar cuando, por la tarde, la vocera del FMI, Julie Kozack enfatizó desde Washington que si bien un amplio apoyo del Congreso es “clave para el éxito del programa”, remarcó que la decisión de enviar el acuerdo al Congreso era de las autoridades, en línea con la ley argentina, y no un pedido específico del Fondo.

Críticas

Lo cierto es que, con un DNU, el trámite legislativo se simplifica significativamente. Con el envío de un proyecto de ley el oficialismo se veía obligado a dar las explicaciones públicas del acuerdo y, encima, reunir los votos en ambas cámaras para darle aprobación, con el agravante de que en el Senado la tarea se anticipaba difícil. Con el DNU, en cambio, el Gobierno se asegura su vigencia hasta tanto no sea rechazado expresamente por ambas cámaras. Los opositores duros lo intentarán, pero difícilmente logren sumar a la ofensiva a los bloques dialoguistas.

Por de pronto, las voces opositoras más críticas hacen oír sus quejas.

“Debería rechazarse de plano y sin miramientos. Cualquier iniciativa que se aparte de enviar la ley de presupuesto como corresponde y con el acuerdo con el FMI dentro de ella, debería rechazarse. Ya ha ido demasiado lejos este gobierno con sus atropellos institucionales y estiramiento de las leyes”, enfatizó Nicolás Massot, de Encuentro Federal.

“Un gobierno que endeuda a fuerza de DNU jamás podrá ser liberal”, asestó, por su parte, Pablo Juliano (Democracia para Siempre), mientras que su colega Fernando Carbajal sostuvo que el Gobierno, “elige la patoteada en vez el camino de la institucionalidad”.

El DNU aún no tiene fecha; una vez que el presidente lo firme y publique en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tendrá diez días hábiles para enviarlo a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la cual es presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto.

Ese cuerpo tiene otros diez días hábiles desde que recibe el decreto para emitir dictamen. Si no lo hace en ese plazo, tanto la Cámara de Diputados como el Senado quedan habilitados para tratar de oficio el DNU en cualquier momento, es decir, ponerlo a votación en el recinto. Se necesita simple mayoría.

Como en tantos otros decretos anteriores, los libertarios intentarán estirar los tiempos y evitar esta instancia. En el ínterin, el decreto seguirá vigente.

La estrategia de Milei es clara: con el envío de un DNU al Congreso en lugar de un proyecto de ley, la Casa Rosada intenta cubrir los flancos débiles que ofrecería la discusión parlamentaria. Aunque el oficialismo afirme que el presidente cumple con lo prometido en la Asamblea Legislativa, lo cierto es que se trata de una estratagema que difícilmente evite la polémica en torno a la legalidad del procedimiento.