La Casa Rosada concesionará los predios de servicios aledaños a los puntos de cruce de frontera que pasarán a estar manejados por un privado y que será el que tenga que hacer la inversión para mejorar, conservar y explotar el área. Para que se entienda, ninguna de las fuerzas federales ni de los organismos que intervienen en la frontera desaparecerá, sino que la inversión para mejorar los alicaídos terrenos que lindan con los puestos de control, pasará a manos de privados.

“La decisión que se tomó es que se liciten todas las áreas de servicios de los pasos fronterizos. No es posible que el gobierno nacional se encargue de los pozos, los baches o el asfalto de una playa de espera en una frontera. Que se encarguen los privados y a cambio se les dará la concesión de un predio donde podrán poner desde restaurantes a hoteles. Siempre, con inversión privada”, dijo una fuente oficial con acceso a la Casa Rosada.

De acuerdo a datos oficiales, por ese paso internacional cruzan 148.000 vehículos livianos argentinos y 102.000 de Brasil. En camiones, hay un volumen de 90.000 camiones, entre argentinos y brasileños. El proyecto se licitó con un plazo de 25 años a cambio de una inversión cercana los 20 millones de dólares y un canon a valor presente mínimo US$40 millones, que se dividiría en partes iguales entre los dos países.

En Paso de los Libres, Corrientes, también, ya empezó la licitación para hacerse cargo del área de servicios. En este caso, a diferencia de Santo Tomé, no hay puente binacional ni comisión. “Es un proyecto totalmente argentino”, dijo otra fuente que intervino en el proceso de llamado a iniciativas privadas que cierra en una semana.

Se trata del primer paso fronterizo en importancia del interior del país, y la segunda aduana en importancia de Argentina. Con un superficie de más de 900.000 metros cuadrados, y un estacionamiento con capacidad para 900 camiones, por el lugar pasan 1,5 millones de vehículos por año, de los cuales 159.960 son camiones, 4880 son ómnibus de pasajeros, y el resto, livianos.

La idea del Gobierno es que el privado que se lleve el proyecto tenga a su cargo la inversión, operación y mantenimiento por 25 años, contados desde mediados de año, cuando consideran que podrían estar terminados los trámites y las regulaciones para la entrega del predio.

Hay dos más que están en carpeta inmediata pero que aún no se iniciaron los procesos de iniciativa privada. Se trata de Iguazú – Foz de Iguazú y el de Uspallata, que comunica la Argentina con Chile.

El llamado Complejo Cristo Redentor tuvo un flujo, entre ingresos y salidas, de 284.664 vehículos pesados desde enero hasta noviembre de 2024, lo que representó una suba de 11% respecto del mismo período de 2023. El plazo de concesión serían entre 20 y 25 años, y aún no se decidió cuándo avanzar.

Iguazú tiene algunas particularidades. En principio, es más turístico que de cargas, y además, tiene presencia de varios organismos del Estado. Por caso, además de la Aduana, Migraciones y Gendarmería, opera Senasa y la dirección de Sanidad en Fronteras.

En 2024 ingresaron 102.300 vehículos particulares, 14.723 transportes de pasajeros y 2.581 de cargas. Por su parte, salieron 98.235; 15.643 y 4.185 respectivamente. En este lugar no hay ningún centro de uso común entre los dos países.

Las demoras y los interesados

Una de las cuestiones que los encargados del proyecto tratan de resolver es el tema de los dominios de las tierras o la propiedad de las zonas que deberían formar el paquete de para entregar a los explotadores de la iniciativa privada. Por caso, el de Uspallata fue donado a la exAFIP mediante una escritura que se firmó el 3 de marzo de 2010. Desde entonces, todas las obras terminadas y las que aún no se terminaron fueron financiadas por el organismo recaudador. De ahí que, para avanzar en una entrega un actor privado, habría que hacer varios trámites regulatorios para que las tierras sean de quién las concede en concesión.

Otros predios, varios, según confiaron a LA NACION, tienen trámites y requisitos pendientes de finalización en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Las iniciativas despertaron un enorme interés en varios grupos económicos. Por caso, desde London Supply, los dueños de algunas terminales aéreas, entre ellas la de El Calafate y la de Ushuaia, hasta empresarios del mundo de los colectivos de larga distancia u otros que se agrupan en la cámara de dueños de compañías del transporte de cargas (Fadeeac), revisaron los llamados. Y varios de ellos presentarán sus propuestas.

El interés, claro está, tiene que ver con el potencial. Sucede que hay pocas limitaciones de lo que se puede instalar en el lugar.

Un memo interno, que consultan los interesados, dice que se deberá realizar un sector dedicado a la logística que permita actividades tales como el almacenamiento, fraccionamiento, clasificación y consolidación de todo tipo de cargas.

Además, se permite área de servicios como gomería, lavadero de camiones, mecánico y aquellos procesos vinculados con el “ingreso y el despacho a plaza de la mercadería de importación y exportación”.

Luego, el capítulo comercial como “gastronomía, kiosco, hotel, casa de cambio, esparcimiento, plaza saludable, farmacia, tiendas libres de impuestos”. Y finalmente, la frutilla: se permitirá la instalación de free shops. Eso sí, no se puede explotar nada vinculado a juegos de azar.