La implementación se hará de manera escalonada y se extenderá paulatinamente a los contribuyentes de menor tamaño. En esta primera etapa, las grandes empresas deberán implementarlo a partir del próximo 1° de enero. Todos los comprobantes deberán tener una línea donde se detalle el monto correspondiente al IVA y, cuando sean emitidos por una compañía grande (que detalla el organismo en su página), también indicarán los impuestos internos que incidan en el precio final que paga el consumidor.

El resto de los contribuyentes tendrán un plazo opcional hasta el 1° de abril próximo, cuando pasará a ser obligatorio para todos. No obstante, aquellos contribuyentes que ya utilizan la factura electrónica por medio de los sistemas de ARCA, verán reflejada de forma automática la discriminación del IVA desde el 1° de enero del año que viene. “El organismo implementará las adecuaciones sistémicas necesarias”, agregó el comunicado oficial.

Quienes utilicen controladores fiscales de nueva tecnología, podrán seguir usando ese equipamiento en la medida que actualicen el firmware (en el caso de las cajas registradoras) o incorporen la información a través del software de facturación (en las impresoras fiscales).

Por el lado del consumidor final, desde ARCA aclararon que no tendrán que hacer ninguna operación, sino que en la factura o ticket de compra encontrarán la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)”, donde estarán discriminados los impuestos anteriormente detallados. Para ejemplificarlo, desde la entidad mostraron una factura con un valor final de $3000, de los cuales $520,66 corresponden al IVA y $150 de otros impuestos nacionales indirectos.

Desde el Gobierno también invitaron a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales también tengan conocimiento de la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos y de los respectivos tributos municipales en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.

“La muy elevada presión tributaria que registra la economía nacional es una rémora para el crecimiento de las empresas, la generación de empleo y el progreso económico y social. Los argentinos hemos padecido la voracidad fiscal de numerosos gobiernos que han contado con un aliado clave: la opacidad de la carga. Me refiero a que muchos impuestos no son claramente percibidos por la ciudadanía”, dijo Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), entidad que celebró la normativa.

Para el empresario, sirve de referencia que son “numerosas las quejas de los trabajadores” con respecto al impuesto a las ganancias, que se conoce en detalle. Sin embargo, agregó que el IVA, que “a menudo tiene un impacto muchísimo mayor que aquel en la economía familia”, suele pasar “debajo del radar” de los consumidores finales. Al no ser detectable en el valor final, explicó que “frecuentemente cargan las tintas contra los comerciantes” por los precios que consideran “excesivamente elevados”, cuando en gran medida los productos se encarecen por las cargas impositivas. Y agregó que “evidenciar la excesiva carga tributaria” es el primer paso para una futura reducción.

“La falta de conciencia fiscal, derivada del ocultamiento de impuestos, llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos una conducta responsable en el gasto y en los tributos que pesan en la vida cotidiana. Este proceso ha sido funcional para que terminemos con los impuestos y la inflación más altos del mundo. Con la aplicación de la norma reglamentada por el Gobierno se terminan los 50 años de la inaceptable prohibición de mostrar los impuestos al consumidor. El saber los tributos que soportamos nos empoderará para involucrarnos y exigir impuestos y gastos públicos lógicos, también a exigir servicios acordes del Estado. Y los políticos sabrán que los tributos excesivos que sancionen irán al ticket. Este saber le dará poder al ciudadano y así el votante decidirá en la oferta electoral”, sumó Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, una de las impulsoras de la ley.