Se trata de un simple artículo, que finalmente hace las veces de requisito de entrada. De acuerdo con lo que confiaron fuentes oficiales, se va a quitar del derecho positivo el artículo 13° de la ley de obra pública, un pequeño tramo de la la ley 13.064 creada en octubre de 1947. “Créase el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, a los efectos de la calificación y capacitación de las empresas, el que se regirá por el reglamento que deberá dictar el Poder Ejecutivo”, dice el artículo que Sturzenegger volará de un plumazo.

Actualmente, el Registro tiene una particularidad: otorga el certificado de capacidad de construcción. Y ese certificado entrega más posibilidades a las empresas que ya construyeron o construyen. Es decir, en los hechos, dicen en el Gobierno, obtura la entrada de nuevos jugadores y no incentiva la competencia. El asunto, explican, es que muchas veces las empresas saben que nadie tiene la capacidad para el total de una obra, entonces no tienen incentivo a bajar el precio porque saben y conocen que el proyecto se repartirá y que igual tendrán su porción, no importa el precio.

De acuerdo a la legislación vigente, en el Registro “podrán inscribirse las personas físicas (que desarrollen la actividad y posean matrícula de comerciante), como así también las personas jurídicas del tipo sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa, personería jurídica extranjera con sucursal en el país u otras formas societarias en cuyo objeto social sean constructoras”, sean personas físicas como persona jurídicas que desarrollen la actividad.

La segunda consecuencia concreta es que podrán presentarse empresas extranjeras. Eso, al menos pretende el Gobierno.

Como se dijo, el gran punto que torna importante a ese Registro, al menos hasta ahora, es la entrega de ese certificado de capacidad de construir. “No favorece para nada la competencia. Más bien todo lo contrario, lo que hace es fomentar la cartelización ya que mientras más construyó una empresa más capacidad tiene y más obras podrá tener en el futuro”, dicen en el ministerio.

La reglamentación de este requisito dice actualmente: “Se deberán declarar todas las obras realizadas en los periodos de los estados contables declarados, incluyendo los compromisos actuales de obras preadjudicadas, adjudicadas y/o en ejecución, informando el avance de las mismas”.

Así las cosas, los constructores históricos siempre estuvieron en mejor posición para la próxima licitación por lo que habían hecho antes. Casi un coto de caza. Un tema no menos importante: para ser proveedor de obra pública, el Estado nunca les reclamó nada parecido a un esquema de “ficha limpia”, es decir, antecedentes.

Actualmente, gran cantidad de los que están primeros en el podio son imputados en la causa Cuadernos por haber pagado coimas a funcionarios, justamente, para adjudicarles las obras. La Argentina, donde no hay condena social ni económica por haberse corrompido, los dejó seguir concursando sin ningún problema.

La caída del Registro se suma a otra medida que el Gobierno tomó en estos días y que también impactó a los constructores. A horas de terminar el año, la obra pública argentina vio como se esfumaba la última esperanzas de fondos. El Tesoro le pidió a la Secretaría de Obras Públicas que devuelva un billón de pesos que estaban en el presupuesto y que habían sido recaudados específicamente para ser derivados a proyectos de infraestructura. Era un hecho que el Presidente no destinaría una moneda de más a uno de los nudos de gasto público que siempre denostó. Ahora bien, también decidió que tampoco termine ahí lo que cada contribuyente puso de su bolsillo cuando pagó, durante el último año, el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS).

La cuestión es simple. Hace ya cuatro años, cuando el tributo apareció, en el amanecer del gobierno de Alberto Fernández, se aprobó con una cláusula de distribución. Originalmente, esa norma estableció que la recaudación de ese tributo se destinaría en un 70% a la Anses –de ese porcentaje, 42 puntos porcentuales quedan en el organismo y 28 se envían al PAMI–. A su vez, el 9% se debe reservar para el financiamiento de obras de vivienda social, bajo administración del polémico Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y otro 19,5%, a obras de infraestructura económica, dinero que debe ser ejecutado por la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. Queda un mínimo porcentaje (1,5%) que debía financiar actividades de fomento del turismo nacional.

Pero a poco de llegar, la administración libertaria desarmó aquella ecuación. Mediante el decreto 193, de febrero de este año, eliminó prácticamente el aporte al FISU y del 9% lo redujo a 1% para entregarle esa diferencia a obras públicas. Así las cosas, llegó el fin de año y empezó la necesidad de darle un barniz de prolijidad a las cuentas públicas. Entonces, apareció un pagaré con 12 ceros. “Establécese que la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía deberá constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional por pesos un billón ($1.000.000.000.000)”, dice un artículo del decreto 1104, publicado el 17 de diciembre en el Boletín Oficial. Parece una cuestión técnica, pero se trata de la consolidación de la decisión de Milei de no poner una moneda en obra pública, aún aquella que fue recaudada con una aplicación específica. Y si bien no le quitó todo, se hizo de gran parte. Lágrimas de fin de año para los constructores argentinos.