La venta de las acciones estatales en Impsa entró en etapa de definiciones. “Son 15 días clave”, aseguran fuentes que siguen de cerca las complejas tratativas entre el gobierno nacional y la estadounidense ARC Energy.

La negociación a contrarreloj entre la única oferente de la licitación y los representantes del Ministerio de Economía de la Nación apunta fundamentalmente a las duras condiciones que puso la empresa norteamericana para quedarse con el control de la ex Pescarmona, que está inmersa en una profunda crisis que pone en serio riesgo su futuro.

El desarrollo del proceso, presentado como la “primera privatización” de la gestión de Javier Milei, generó malestar en la Casa Rosada, que pasó de la expectativa desmedida a la desazón porque esperaba más y mejores propuestas. Lo cierto es que el 31 de octubre pasado se confirmó que sólo ARC Energy presentó una oferta que no convenció. Las autoridades nacionales y mendocinas la calificaron como “hostil” y por eso se dilató la negociación y se prorrogaron todos los plazos.

Pese a las grandes diferencias, las herméticas negociaciones continuaron. El gobierno nacional esperó una mejora sustancial de la oferta inicial, sin éxito. Aunque al menos consiguió que la compañía interesada mostrara predisposición para modificar las condiciones de los tres puntos más importantes de su propuesta: la renegociación de los contratos con el Estado, la ⁠reestructuración de la deuda y el régimen de las importaciones temporales.

El último punto está vinculado con la venta de turbinas a Venezuela. En concreto, el sistema permite la importación de insumos para perfeccionamiento industrial, sin pago de aranceles ni tributos para aquellos bienes finales que tienen como destino la exportación.

Silencio, cautela y optimismo

El 63,7% de las acciones de Impsa son propiedad del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), controlado por el Ministerio de Economía de la Nación. En tanto, el 21,2% de las acciones pertenecen a Mendoza.

La intención de Milei era firmar el contrato de traspaso accionario antes de fin de año. En tal sentido, el problema no fue la promesa de capitalización de Impsa con 27 millones de dólares a través de Industrial Acquisitions Fund (IAF), un fondo de inversión de origen norteamericano – donde también participan capitales venezolanos- que adquiere y revitaliza empresas en los sectores de energía e infraestructura.

En cambio, la lupa se posó sobre los requerimientos extremos de ARC Energy para quedarse con una empresa que tiene sus números en rojo furioso, una deuda cercana a los 600 millones de dólares y problemas para pagar los salarios de sus más de 700 empleados.

Así las cosas, el silencio del gobierno nacional y la cautela de la administración provincial contrastan con el optimismo de la firma norteamericana, que espera cerrar el proceso legal de la compra de las acciones estatales antes de fin de año. En ese caso, para comienzos de 2025 quedará la complicada negociación con los principales acreedores de Impsa.

En ese listado se destaca el Banco Nación: de acuerdo con el balance del tercer trimestre del año, Impsa le debe más de 14.000 millones de pesos. Fuentes oficiales informaron que ARC Energy exigió una reestructuración de deuda que la entidad tiene prohibida en su carta orgánica. De todas maneras, aclararon que las posibilidades de llegar a un acuerdo son “buenas”.

ARC Energy aguarda que el fuerte interés de la Nación y de Mendoza por desprenderse de sus acciones y la presión de los trabajadores, que exigen certezas sobre su futuro laboral y recientemente realizaron medidas de fuerza por atrasos salariales, le jueguen a favor. En las tratativas con el Fondep, la firma con sede en Houston además pone de relieve que ya cuenta con un plan de negocios listo para activarse, cuyo objetivo inicial apuntará especialmente al reposicionamiento de Impsa en el exterior.

Mientras tanto, en el gobierno de Alfredo Cornejo siguen de cerca las negociaciones que encabeza la Nación. El propio mandatario admitió en una entrevista con El Sol que “la principal responsabilidad es del gobierno nacional porque tiene el paquete mayoritario, o sea que jurídicamente tiene que liderar el proceso. Además, nosotros no tenemos un expertise suficiente para la envergadura de esta empresa”.

“Pero eso no quiere decir que no estemos informados del proceso. Tenemos reuniones conjuntas con los eventuales inversores, discutimos los términos del pliego, las correcciones”, aclaró el gobernador, descartando que el Ejecutivo provincial se haya desentendido de la crisis de la ex Pescarmona.

En Casa de Gobierno son conscientes de la repercusión nacional que tiene la compleja situación de Impsa y de los riesgos de un eventual cierre definitivo de la empresa, que este año ya perdió 56.000 millones de pesos de patrimonio y ya ni siquiera puede asegurar el pago de los salarios de sus empleados.

Por ese motivo, la frase “no hay plata” que popularizó Milei no aplicó para el caso Impsa: el gobierno nacional aportó recientemente, en el más absoluto silencio, tres millones de dólares para descomprimir la tensión con los trabajadores y garantizar el pago del medio aguinaldo y de los sueldos de los próximos meses.

“No somos ingenuos, sabemos que es una bomba que puede explotar, pero no podemos hacernos cargo de un problema que viene de años. ¿Qué culpa tenemos en todo esto?”, se excusan en el Ejecutivo mendocino.

La responsabilidad tal vez haya que buscarla en 2021, cuando Rodolfo Suarez aceptó la convocatoria de Alberto Fernández y convirtió a Mendoza en aliada de la Nación en el proceso de rescate de la ex Pescarmona, que nunca pudo recuperarse de las dudosas decisiones y pésimos negocios que sus antiguos dueños encararon en Venezuela y Brasil.

En ese momento, Fernández y Suarez capitalizaron a la empresa con 20 millones de dólares para mantenerla con vida. Sin embargo, lejos de levantarse, Impsa siguió hundiéndose.

Ahora el conflicto llegó al extremo de requerir nuevamente el auxilio de la Nación para pagar los sueldos y la intervención de la Provincia para evitar una escalada en el conflicto con los empleados. Por eso en este sensible momento, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tira la cuerda pero sin exigirla demasiado, porque sabe que el riesgo de quiebra es real.

Hoy, las opciones del equipo de Milei no son demasiadas: negociar el mejor acuerdo posible con ARC Energy y aceptar una  propuesta con condiciones que no son las ideales o declarar desierta la licitación y llamar a una nueva. ¿Pero qué pasaría si no hay interesados en adquirir una empresa que en el pasado fue emblema de Mendoza? La respuesta es obvia, pero nadie se anima a decirla en voz alta.

Fuente; https://www.elsol.com.ar/mendoza/la-venta-de-impsa-entro-en-etapa-de-definiciones-los-tres-puntos-clave-de-la-negociacion/