Los bancos argentinos le acercaron al Gobierno una propuesta por escrito para darles un nuevo destino a los dólares; sin presupuesto, la Casa Rosada negocia una a una con las provincias; el país comenzará el año próximo con una situación fiscal de la que casi no hay antecedentes
Nachito, como lo llamó socarronamente Javier Milei en tiempos de desencuentros, empezó el año a los saltos, pero lo termina casi a velocidad crucero. Se ganó el diminutivo en medio de la pelea de Chubut con la Casa Rosada por el recorte de recursos en la parte más dramática del ajuste libertario, a principios de 2024. Fue cuando Ignacio Torres, gobernador de la provincia, el personaje central de esa pelea, amenazó con dejar de venderle petróleo al resto del país, lo que desató la furia del Presidente.
Días atrás, Chubut firmó con la Nación un mecanismo de compensación de deudas que fue celebrado por la gobernación, y la Casa Rosada aprobó la creación de una zona franca en Trelew que, en el pasado, no habían logrado ni siquiera jefes provinciales del mismo color político que el poder central.
El caso de Chubut es un ejemplo de conversión en dos sentidos. Hay muchos más. Los que hasta hace 15 días se decían cualquier cosa en la discusión por el presupuesto, ahora encauzaron una parte del problema sin “alcahueterías”, según reivindica Torres en sus conversaciones con funcionarios públicos. Lo sabe Santiago Caputo, el vértice del triángulo de hierro con el que el gobernador de Chubut tiene un pasado en común y un tratamiento frontal.
Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se colocó una cucarda anhelada por el resto de sus colegas gobernadores el lunes pasado. Junto a Lisandro Catalán, número dos de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete y encargado de la relación con las provincias, firmó un acuerdo para que la Casa Rosada le girara $2000 millones por mes para su caja de jubilaciones.
La foto dice mucho. El número, que no conformó en absoluto a Frigerio, representa el primer paso para allanar un camino de sinsabores con respecto a uno de los temas que más les molesta a los gobernadores. Muestra, también, las dificultades de dialogar sobre dinero público con un poder distribuido en varias coronas.
Es probable que el gobernador de Entre Ríos, que en las últimas semanas también logró modificaciones al pliego de licitación de la hidrovía, créditos del Banco Nación y compensaciones de deuda, no pueda afirmar con total seguridad qué funcionario del gobierno nacional tomó finalmente cada una de esas decisiones.
Es un relato repetido entre los gobernadores, que suelen hacer catarsis en el grupo de WhatsApp que reúne a los 24. Quienes mejor amortizan la terapia grupal son Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja). No por su signo político, sino por la contabilidad: conducen las provincias que más dependen de las transferencias discrecionales del Estado, algo que se terminó con la llegada de Milei al poder.
Para que salgan las cosas, entonces, hay que hablar con Luis y con Santiago Caputo, pero también con Francos y Catalán; pasar tangencialmente por Karina Milei o más directamente por sus terminales, Martín y Lule Menem. Casi todos contactan, además, al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el principal guardián de la ejecución presupuestaria. En la intersección de ese lobby aparece la potencia para que algo avance.
Los casos de Torres y de Frigerio muestran el manual de la gestión de cara al año próximo. La Casa Rosada mantendrá negociaciones bilaterales con cada una de las provincias, en lugar de poner todos los acuerdos juntos en algo llamado presupuesto.
Milei llega a fin de año con un triunfo en la batalla cultural con la política. El hecho toma mayor relevancia porque no estaba claro, al principio de la excursión libertaria, que el Presidente lograra imponer esas ideas. Hoy, los gobernadores que llegaron a su silla con la escudería de Juntos por el Cambio y los denominados “peronistas con peluca” nunca presentan su lista de pedidos sin antes mostrar todo lo que hicieron para replicar en el pago chico lo que Milei impuso a nivel nacional.
Una planilla de Excel que fue circulada esta semana por las provincias muestra que 13 gobernadores revirtieron en el primer semestre la situación deficitaria del año pasado, a tal punto que ningún distrito terminó con quebranto. El mood Caputo se federalizó.
Así comenzará el año próximo. Será un experimento inédito del que no hay recuerdos recientes en la Argentina: el país arrancaría 2025 con las cuentas equilibradas a nivel nacional y también entre los gobiernos subfederales, que lo usarán como argumento para reclamarle a la Casa Rosada todo lo que creen que ya cobró, pero no les pagó.
El experimento de equilibrio fiscal es la base sobre la que el Gobierno espera armar una estructura más arriesgada que permita continuar normalizando la economía y, al mismo tiempo, alentando la recuperación de la actividad. La semana pasada, Caputo planteó en una reunión cerrada una discusión que comenzó algún tiempo atrás y fue mencionada por LA NACION. El tema tomó estado público. Se trata de que los bancos puedan prestar dólares para empresas que no estén directamente vinculadas con la exportación.
El primer capítulo de la saga que se propone cambiar el sistema financiero que nació tras el estallido de 2001 tiene un origen hasta ahora desconocido.
Javier Bolzico, el presidente de Adeba (bancos privados nacionales), recogió el diálogo interno de los bancos locales, un nutrido grupo influyente que tiene entre sus principales exponentes al Galicia (Escasany) y al Macro, cuyo rostro más destacado es Jorge Brito (h), también presidente de River. Lo puso por escrito y se lo mandó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en una nota que, según reconstruyó LA NACION, vio la luz en la primera quincena de octubre pasado.
Uno de los detonantes de la crisis de 2001 fue el hecho de que los bancos les habían prestado dólares a empresas y a personas que ganaban en pesos. Con la devaluación que siguió a la salida de la convertibilidad, todo empeoró hasta un nivel inimaginado.
La propuesta de los bancos locales, ahora, pasa por flexibilizar parcialmente esos controles. Plantearon dos cosas en concreto: que les permitan prestar algunos de sus dólares a empresas que hayan tomado coberturas cambiarias y que les abran el grifo para darles moneda dura a empresas grandes y pequeñas. Hablan de un 20% de su capacidad prestable.
En cambio, proponen dejar afuera al público en general, quizás una de las patas más débiles del sistema que acompañó la salida de Fernando De La Rúa, y no considerar tampoco a las compañías más chicas. Los dólares que presten los bancos, dicen, tienen que quedar en manos de actores con cierta sofisticación en el manejo de las finanzas.
Hay dos actores económicos a los que hoy no les pueden prestar, pero ya fueron identificados como posibles beneficiarios en caso de que haya una amnistía por los errores del pasado. Se trata de los importadores y de los constructores. No es casualidad. Un teléfono de la manzanita y un departamento porteño se negocian en dólares.
Quienes levantan edificios, además, hoy ya pueden conseguir las divisas de otra manera. Por ejemplo, mediante la colocación de obligaciones negociables en dólares. Es un negocio que los bancos se están perdiendo y puede generar un problema nuevo para la economía.
Desde enero pasado, los depósitos en dólares han venido creciendo. La pregunta que surge ahora es cómo una entidad financiera podrá retener el dinero del depositante si no le paga un premio razonable. Para eso, dicen, deben poder prestar y cobrar por ello.
¿Cuál será el precio de los dólares que se le presten al sector privado? El tema también está en discusión. Si bien el Gobierno niega que vaya a convalidar una devaluación, una parte del mercado todavía desconfía. No saben si en la salida del cepo la cotización oficial no tendrá un salto moderado.
Para disipar esas dudas, el sector financiero propone tomar como tipo de cambio el dólar MEP, que suele estar más arriba que el oficial. El que se lleva dólares, podría venderlos y comprarlos en el mercado de capitales. Pero el ala conservadora del Banco Central cree que esa carambola cambiaria podría llevar a un estrés jurídico innecesario cuando falta menos para la salida del cepo.
La discusión se nutre con conversaciones informales al más alto nivel entre actores del sistema financiero y representantes del Gobierno. Es un tema que despierta algunas diferencias entre Economía y la línea del Banco Central. No necesariamente con su presidente, Santiago Bausili, quien pese a mantenerse cauto, se entusiasma con que cuando los dólares que están en los bancos pasen por su ventanilla engrosarán las reservas netas de la entidad monetaria.
Hay también diferencias entre los propios actores del sector privado. Los bancos locales creen que maduraron tras la explosión de hace 23 años, y así se lo hicieron saber al ministro de Economía y al presidente del BCRA.
En cambio, los internacionales, entre los que se cuentan el Santander, el BBVA y el ICBC, tienen aún fresco el recuerdo de de principios de 2002, cuando centenares de ahorristas golpeaban sus edificios protegidos con cortinas metálicas para que les devolvieran sus ahorros. Rechazan la idea.
Todos tendrán un termómetro magnífico para medir las prestaciones del sistema el mes próximo. Los consumidores podrán pagar en dólares en cualquier comercio y estos últimos, depositarlos o volver a gastarlos. El resultado de esa experiencia novedosa dará alguna pista acerca de si el país está interesado y preparado para usar la divisa norteamericana como circulante o seguirá eligiéndola para atesoramiento.
En cualquier caso, correrán dólares, pero los impuestos se seguirán pagando en pesos. Ese detalle, que puede pasar desapercibido, es muy importante. Lo tiene en cuenta, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque hace largar en una posición antes al peso en la competencia de monedas.
Es irónico. El Gobierno que ganó una elección con la promesa de dolarizar, terminó haciendo los cambios necesarios para darle un presente revitalizado al peso, que será caro. El peso estuvo muerto, pero resucitó. Larga vida al peso.
