La obra pública fue, es y será un tema sensible para cualquier gestión de gobierno. Golpeada por hechos de corrupción (presuntos o comprobados), se trata de una actividad que siempre está en el ojo de la tormenta en todo el país.

En Mendoza en particular, son muchas más las sospechas y las denuncias mediáticas que las causas judiciales. Sin embargo, entre licitaciones aparentemente direccionadas o con un solo oferente, y empresas que se repiten en los concursos públicos, la desconfianza también está presente.

El debate por la transparencia de la obra pública volvió a entrar en escena esta semana a raíz de una declaración de Rodolfo Suarez. Al defender el sistema de adjudicación de licitaciones vigente en Mendoza, el exmandatario provincial aseguró que “hay una comisión que tiene más poder que el gobernador y los ministros”

“Es gente que está siempre, que decide. Funciona así”, lanzó el actual senador nacional durante una entrevista en el canal de streaming Bardo, para intentar despegarse de las sospechas de favoritismo hacia algunas empresas durante su gestión.

De esta manera Suarez empoderó a la Comisión de Evaluación de Ofertas, que actualmente depende de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, del Ministerio de Gobierno.

Se trata de un comité técnico que analiza en detalle las ofertas que presentan las empresas en cada licitación pública y arma un orden de mérito. Sus dictámenes, si bien no son estrictamente vinculantes, se convierten en el principal argumento de las autoridades al momento de adjudicar los trabajos.

La comisión está integrada al menos por tres personas (pueden ser más, de acuerdo con la envergadura de la contratación). No tiene una conformación fija, ya que los técnicos de la Subsecretaría de Infraestructura -generalmente arquitectos o ingenieros- van rotando.

Además, trabajan en conjunto con empleados de otros ministerios, organismos o poderes del Estado. Por ejemplo, si se licita la construcción de un hospital, se convoca a personal del Ministerio de Salud para la evaluación de las ofertas. Lo mismo ocurre en el caso de una escuela y el Ministerio de Educación.

La comisión tiene como misión específica el control del cumplimiento de los puntos exigidos en cualquier pliego licitatorio. Entre sus funciones principales, figuran:

• Verificar que se cumpla con la presentación de la totalidad de la documentación requerida, además de la veracidad de las firmas y de las certificaciones.
• Realizar el análisis económico-financiero de las ofertas.
• Comprobar la capacidad técnica de los oferentes.
• Evaluar la conveniencia del precio propuesto.
• Confirmar de inexistencia de causales de rechazo o desestimación.
• Asegurar el cumplimiento de los requisitos de fondo y de forma estipulados en los pliegos.