Este acuerdo permitirá la integración de cámaras de seguridad privadas al sistema de videovigilancia provincial, con el fin de reforzar la seguridad en zonas comerciales e industriales del departamento.

En el marco de un trabajo conjunto entre el sector público y privado, la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, firmó un convenio con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Osvaldo Gabriel Brega. Estuvo acompañada por la vicegobernadora, Hebe Casado y el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich.

Luego de la rúbrica, la ministra Mercedes Rus destacó la importancia del convenio en el contexto de la modernización tecnológica de los sistemas de seguridad en Mendoza. “El fortalecimiento de este sistema de videovigilancia no solo colabora con la seguridad pública a nivel preventivo, sino que también es fundamental para la disuasión eficaz y para lograr investigaciones satisfactorias”, explicó. Rus también subrayó que esta medida es parte de un plan más amplio impulsado por su cartera y el Gobierno provincial, que incluye la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial y la captación de datos en tiempo real.

“Estamos trabajando con inteligencia artificial no solo para el reconocimiento de patentes, sino también en el fortalecimiento del reconocimiento facial, un aspecto crucial para mejorar la seguridad en la provincia”, señaló la ministra. Este avance permitirá que las cámaras de videovigilancia aporten datos precisos para la identificación de personas y vehículos involucrados en situaciones delictivas, incrementando la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Colaboración público-privada: clave para una seguridad más eficaz

La ministra también destacó el papel fundamental que juega el sector privado en este proceso: “Este convenio con la Cámara de Comercio de San Rafael es un paso más en nuestro esfuerzo por integrar las cámaras de seguridad privadas a la red provincial de videovigilancia. Hasta el momento, hemos firmado acuerdos con comerciantes en Rodríguez Peña, en Godoy Cruz, y en Palmares, y estamos trabajando en tratativas con otras cámaras de comercio, como la de la Ciudad de Mendoza. Esta colaboración es clave, ya que no solo protegemos las zonas industriales y comerciales, sino también a la población que accede a estos lugares”, aseguró Rus.

El enfoque del Ministerio ha sido progresivo y estratégico, priorizando aquellos lugares de mayor concurrencia pública. “Comenzamos con sectores privados industriales y comerciales porque entendemos que allí protegemos tanto al comercio como a los consumidores, quienes frecuentan estos espacios. Esta doble protección es uno de los motivos principales por los cuales iniciamos en estos núcleos”, afirmó la ministra.

Nuevas capacidades del sistema de emergencias 911

Otro de los avances más importantes anunciados por Rus fue la actualización del sistema de emergencias 911, cuya implementación comenzó en San Rafael y se extenderá a toda la provincia en las próximas semanas. “Toda la implementación del nuevo 911, que incluye geolocalización y la capacidad de integrar alertas del sector privado, se inició aquí en San Rafael. Esto permite una reacción más rápida y eficaz ante cualquier evento, no solo delictivo, sino también situaciones como incendios u otras emergencias”, detalló.

Esta nueva funcionalidad del 911 permite que, ante una alerta o llamada, el centro de monitoreo pueda acceder de inmediato a las cámaras más cercanas al incidente, facilitando la intervención de las fuerzas de seguridad o de otros equipos de respuesta, como bomberos o ambulancias.

“El hecho de que podamos visualizar en tiempo real lo que ocurre nos permite despachar los recursos adecuados de manera más rápida y eficiente. Además, estas cámaras pueden ser utilizadas para seguir la trayectoria de un sospechoso o para asistir en la resolución de un delito en curso”, explicó Rus.

Detalles técnicos y próximos pasos del convenio

Leandro Biskupovich, subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, brindó más detalles sobre el proceso de integración tecnológica que posibilita este avance. “Lo que hemos logrado con este convenio es integrar cámaras privadas que cumplan con estándares básicos, como la conectividad IP y una conexión a internet, que no necesita ser de alta gama. De esta manera, en cuanto los comercios nos proporcionan las credenciales de acceso a sus cámaras, podemos integrarlas al sistema en el mismo día”, señaló.

El subsecretario también explicó que, si bien la visualización en tiempo real es la principal ventaja para la policía, el almacenamiento de las grabaciones sigue siendo responsabilidad de los propietarios de las cámaras: “A nosotros nos interesa tener acceso en tiempo real, pero la producción de prueba, si es necesaria para un proceso judicial, queda a cargo del comerciante o propietario del dispositivo”.

Además, Biskupovich destacó que el convenio no solo abarca cámaras ya instaladas, sino que permite la incorporación de nuevas cámaras en comercios que aún no forman parte del sistema. “Una vez que los asociados a la Cámara nos informan cuáles son los comercios interesados, realizamos una rápida evaluación técnica y, de ser viable, integramos esas cámaras al sistema de videovigilancia. Esto es un proceso continuo y la idea es seguir sumando comercios e industrias a lo largo del tiempo”, agregó.

Expansión a nivel provincial y nuevos desafíos

El convenio firmado en San Rafael no es un caso aislado, sino que forma parte de un plan estratégico de expansión de la red de videovigilancia a nivel provincial. La ministra Mercedes Rus aseguró que este tipo de acuerdos se replicará en otros municipios y sectores clave, con el objetivo de abarcar la mayor cantidad posible de cámaras de seguridad.

“La idea es incluir incluso cámaras de domicilios particulares, siempre y cuando cumplan con los criterios de la ley de videovigilancia, que establece que las cámaras deben estar orientadas a la vía pública y no a espacios privados”, concluyó.

La ministra también subrayó la importancia de que los propietarios de las cámaras mantengan sus sistemas en buen estado y reporten cualquier fallo o interrupción: “Esto es esencial para la trazabilidad de las grabaciones, sobre todo cuando se utilizan como evidencia en la justicia. La normativa establece obligaciones claras para garantizar que el sistema funcione de manera eficiente y segura”, señaló.