El oficialismo y los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados buscarán este martes emitir un dictamen de la ley de Democracia Sindical para limitar la reelección indefinida en los gremios, eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria y establecer la ficha limpia para los sindicalistas, entre otros puntos.  

La Comisión de Legislación del Trabajo, que preside el radical porteño Martín Tetaz, fue citada para las 13 luego de concluir una ronda de consultas con empresarios, abogados y sindicalistas de la CGT y las CTAs, que expresaron su firme rechazo a la propuesta.

El despacho que se buscará emitir fue consensuado en base a una treintena de proyectos presentados por la UCR, el PRO, LLA, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. 

En tanto, Unión por la Patria (UxP) y la izquierda presentaron su propio despacho en contra de estas propuestas al considerar que tienen como objetivo la destrucción del sindicalismo, como ya lo expresaron los diputados de UxP de extracción sindical Sergio Palazzo, Hugo Yasky, y Mario Manrique, en las diversas reuniones que tuvo la comisión.

 Además, durante la reunión de mañana, desde el kirchnerismo también se planteará que se convoque a los gremialistas aeronáuticos para que expongan sobre el conflicto que mantienen las autoridades por demandas salariales, y previo a que se comience a debatir en un plenario de comisiones la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Los proyectos fueron presentados por Tetaz; Roxana Reyes (UCR); Mónica Frade (CC); Luis Picat (UCR); Soledad Carrizo (UCR); Verónica Razzini (Pro); María Eugenia Vidal (PRO); Fernando Iglesias (PRO); Ricardo López Murphy (EF), Rodrigo de Loredo (UCR); Gerardo Huesen (LLA) y Gabriel Chumpitaz (PRO), entre otros.

El despacho de mayoría que promoverán LLA y bloques dialoguistas prohíbe el descuento obligatorio de las cuotas solidarias, uno de los puntos que mas rechazan los gremios porque afecta la recaudación de esas organizaciones sindicales.

El borrador de ese despacho, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, fija que «no se podrá exigir ni imponer aportes a los trabajadores de manera obligatoria» y que cualquier descuento deberá tener la «autorización expresa del trabajador», la cual podrá ser revocada en cualquier momento a través de un telegrama o cualquier otro medio de comunicación fehaciente.

A largo del despacho se prohíbe que los gremios pueden recibir ayuda económica de empleadores, organismos públicos nacionales o extranjeros.

Otro punto clave es que elimina la posibilidad de la reelección indefinida, como existe en la actualidad, y dispone una sola reelección.

En ese sentido, fija que los «mandatos no podrán exceder de cuatro años, teniendo derecho a ser reelegido por un nuevo período consecutivo de cuatro años. Al finalizar este, deberá transcurrir un intervalo de tiempo de un periodo completo para ser electo nuevamente», añade.

Además, establece que la dirección será ejercida por un órgano que tenga al menos cinco miembros, elegidos en forma que asegure la voluntad de la mayoría y de la minoría.

 También se fija que se deberán garantizar las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos cuando las mismas hubieran obtenido más del 25% de los votos válidos emitidos de sus afiliados.

 En el borrador de despacho al que accedió esta agencia también se fija que para los órganos deliberativos se aplicarán sistema D’Hont, mientras que en la mesa directiva de la conducción el ganador tendrá las dos terceras parte, y la primera minoría el tercio restante.

También establece que para ocupar un cargo en la conducción no se podrán tener inhibiciones civiles o penales, ni condena penal firme, en las mismas condiciones que se establezca en la legislación vigente.

En ese contexto será clave si se aprobará la ley de Ficha Limpia promovida por el oficialismo y bloques dialoguistas, donde se establece que con condena de segunda instancia no se puede ser candidato a un cargo electivo.

Otro punto del borrador permite la libre elección de obra social del trabajador, luego de haber cumplido con tres meses de permanencia en la misma desde que inició la relación laboral.

Y fija que los trabajadores «podrán ejercer el derecho de opción, luego de permanecer tres meses en la Obra Social correspondiente a la rama de su actividad».