La caída de la actividad y el horizonte poco claro sobre cuándo y cómo será la recuperación es lo que actualmente más preocupa en el universo de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la Argentina. Son unas 548.000 y en ellas están seis de cada diez empleos registrados.

Consultados por LA NACION, referentes de este sector de la economía consideraron positivas algunas de las reformas y desregulaciones puestas en marcha por el gobierno nacional, pero afirmaron que el impacto de esas medidas depende de la dinámica macroeconómica, a la vez que advirtieron que una apertura rápida de la economía puede tener consecuencias no deseables, porque se necesita tiempo de preparación para competir.

En el período de abril a junio de este año, además,, la baja interanual de las ventas deflactadas fue la quinta más fuerte desde 2016, y la reducción del empleo, la segunda más importante de los últimos ocho años. La excepción está en el rubro de software y servicios informáticos, que mostró números positivos: un aumento de 8,2% de las ventas, según el dato corregido por inflación (el nivel más bajo en cuatro años) y de 0,9% en el empleo. La actividad de la construcción fue, en cambio, la más golpeada.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), el 19,3% de las Pymes tuvo dificultades para abonar salarios en julio. Entre enero y ese mes, el nivel de actividad cayó 18,6% y las ventas del primer semestre fueron un 17,2% más bajas que las de ese lapso de 2023. Una encuesta de Industriales Pymes Argentinos (IPA) muestra que, con la mirada puesta hasta fin de año, el 51,9% de las empresas dice que mantendría su staff, en tanto que el 31% analiza recortar la cantidad de empleados.

El presidente de IPA, Daniel Rosato, define: “Producimos menos, hay una competencia más agresiva y los costos subieron. Es una coyuntura muy compleja”. Su colega de CAME, Alfredo González, hace la misma lectura y destaca el “trabajo conjunto con el Gobierno” para analizar las medidas que podrían instrumentarse, a la vez que subraya que desde abril hay una mejora intermensual de la actividad, pero que en la comparación interanual los números siguen dando muy abajo. “En 2023 teníamos más problemas de rentabilidad que de actividad”, afirma.

Gerardo Fernández, titular de la Confederación de Pymes Constructoras (hay unas 40.000 en el país), resume la situación en una frase: “El peor año; para el olvido. Está resentida la obra pública y la privada y se han perdido unos 150.000 empleos”. La obra pública nacional “no solo está paralizada desde diciembre, sino que hay un agravante: las empresas que tienen contratos vigentes deben seguir haciéndose cargo de gastos como los de seguros o custodia. No pagaron y nadie responde, pero hay que seguir poniendo plata”. Las provincias, por las restricciones presupuestarias, “bajaron al mínimo su ritmo de construcción”.

El Ieral de la Fundación Mediterránea y el centro de estudios Idesa coinciden en que marzo podría haber sido el mes en el cual se llegó al piso de la caída de actividad, aunque apuntan que la recuperación es leve y lenta y que incluso hay sectores que aún no empezaron a salir de sus crisis.

Marcos Cohen Arazi, del Ieral, advierte que el segmento de las pymes sufrió más la recesión que el promedio de la economía. Desde Idesa, Virginia Giordano advierte que la sostenibilidad del repunte depende de variables como el consumo, que “lejos están de garantizar firmeza para los próximos meses”. Este año terminaría, según diferentes proyecciones, con una caída del producto bruto interno (PBI) del 3,5%, mientras que el oficialismo espera una mejora del 5% para 2025, según indica el proyecto de presupuesto público.

Federico Poli, director ejecutivo del Observatorio Pyme, considera que el panorama de salida de la recesión no es muy claro. “El único dato menos negativo -detalla- es que la caída de producción está amplificada por el desestoqueo, con lo cual, cuando se terminen los stocks, se podría mejorar”. Añade que, además, hay una pérdida de rentabilidad unitaria, ya que el índice de precios pyme que realizan viene corriendo por detrás de la variación de los precios mayoristas, del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de los tipos de cambio y de los salarios.

El economista y presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), José Simonella, subraya que todo el panorama está “marcado por la caída de la actividad”. A la vez, remarca que hay “preocupación porque la desregulación no se transforme en desprotección, sobre todo si se desregula la importación, ya que muchas pymes no están en condiciones de competir con las que operan bajo otro marco macroeconómico general”. Y agrega: ”Las desregulaciones son bienvenidas, pero hay incertidumbre respecto de qué pasará con las importaciones”.

Tanto Giordano, del Ieral. como Gastón Utrera -economista que participó en el Congreso en el debate del segmento de reforma laboral de la ley de bases- dicen que el impacto de las desregulaciones está limitado por la recesión. “Hay que acelerar el ritmo de las reformas -aporta Giordano-, pero falta un norte claro. Abrir la competencia con el sobrecosto argentino de logística, de impuestos, es complejo. La promesa de bajar impuestos cuando se consolide el superávit implica esperar probablemente hasta el final de la gestión”.

Reforma laboral

La eliminación de las indemnizaciones por despido agravadas es, de la reforma laboral incluida en la ley de bases, lo que más beneficia a las pymes, dice Utrera. Por los pasivos contingentes que dejan de generarse a partir de la medida, las pequeñas y medianas empresas quedan “mejor paradas, incluso para obtener créditos; valen más, porque cuanto menor tasa de rotación laboral tenían y más mano de obra intensiva ocupaban, eran más perjudicadas”.

Para Rosato ese punto de la reforma laboral genera “tranquilidad”. El dirigente repasa que las empresas tienen “serios problemas” para pagar y muchas veces quedaban obligadas a cerrar. Otro problema al que se refiere es el de la tasa de interés con la que se reajustan los montos a pagar derivados de sentencias judiciales en juicios laborales.

Además, aclara que no se emplea a nadie por una reforma, sino cuando hay trabajo. “Las contrataciones dependen más de las proyecciones de actividad que de esos cambios” regulatorios, según afirma. Lo mismo sostiene González, quien sostiene que las pymes son las que “menos despidos” concretan, incluso en tiempos de recesión.

Para corregir distorsiones en la normativa laboral que desalientan la inversión y la generación de empleos de calidad, Giordano considera que la eliminación de multas derivadas de alguna falla en la registración laboral es una cuestión clave, porque son sanciones “privatizadas”. Y lo explica al decir que no es el Estado, sino los privados (el trabajador y su abogado) quienes las aplicaban y se apropiaban del dinero. El mecanismo, señala, tiene una incidencia particularmente negativa sobre el funcionamiento del mercado laboral, al aumentar los costos de la extinción de una relación laboral y también los niveles de incertidumbre.

Respecto del Fondo de Cese Laboral para indemnizaciones que será opcional y según lo que se negocie y se acuerde en cada convenio colectivo, y que incluye la posibilidad de que las empresas contraten un seguro para ese fin, Utrera plantea que, como está diseñado según la ley aprobada por el Congreso, es un sistema que no les servirá a las pymes. ¿Por qué? Porque, según considera, es un esquema “más caro que el que hoy tiene la Uocra [el sindicato de trabajadores de la construcción], porque en la práctica se extiende el pago de indemnizaciones a los que no están bajo la ley de contrato de trabajo”.

Uno de los grandes temas pendientes, a criterio de Giordano, es la simplificación del inicio de la relación laboral. El único proceso válido, dice, debería ser el alta temprana de la AFIP. Para las pymes considera que también es relevante la posibilidad de se desliguen de los convenios sectoriales. “La solución pasa por permitir el ‘desenganche’, habilitarlas a que opten por tener sus propios acuerdos laborales, en el que se definan formas de organización del trabajo y niveles salariales”, resume.

Carga tributaria

En los últimos 15 años la Argentina modificó estructuralmente el peso del Estado, que pasó de ser de 25 puntos del PBI a se de más de 40 puntos del producto, según dice Poli, quien advierte que “la carga impositiva que destruye la competitividad; la carga de impuestos por producto o servicio es de entre 30% y 60% del precio”. En ese contexto, sostiene que se necesitaría un tipo de cambio real mayor para una mayor competitividad. Entre las cargas tributarias, dice que la peor de todas es Ingresos Brutos -un impuesto de jurisdicción provincial-, por su efecto cascada, que eleva su impacto sobre precios. En segundo lugar ubica al impuesto al cheque.

Mientras sigue pendiente una reforma tributaria integral, que alcance a todos los niveles del Estado, las pymes le dan la bienvenida a la eliminación de las retenciones a cuenta de IVA y Ganancias en las ventas, una medida que rige a partir de este mes. González es terminante: “Es dinero que ahora queda en la caja, nos da más disponibilidad; es un alivio”.

Rosato agrega que la baja del impuesto PAIS “sirve para reducir costos”, aunque advierte que “la apertura comercial también complica, ya que ingresan bienes importados a menor precio cuando en otros países suben los aranceles, porque hay más proteccionismo”. Fernández refuerza que la baja de la alícuota y la apertura de importación para el acero son medidas que “bajarán los precios de ese insumo y, por ende, los costos” de los procesos en los cuales ese material es parte.

Cohen Arazi coincide en la necesidad avanzar con la eliminación de Ingresos Brutos. Pero señala que a nivel nacional no ve en el corto plazo “cambios impositivos importantes”. Según afirma, “el Gobierno apunta a bajar costos por vías no tributarias, tratando de desregular y de mejorar el entorno; hay algunas expectativas en cuanto a un régimen de incentivo de inversiones para pymes”.

Sobre el impuesto PAIS, Poli señala que, frente al proceso de apreciación cambiaria en marcha, quitarlo “implica subsidiar más a las importaciones”. Grafica que en 1992, en pleno debate por la convertibilidad, Domingo Cavallo -aconsejado por el economista Guillermo Calvo- puso una sobretasa a las importaciones (la de Estadísticas) y otorgó reintegros. “Ahora se está haciendo lo contrario, y eso pone en desventaja artificial a quienes compiten -añade-. Soy un convencido de que hay que integrarse mucho más al mundo, pero hay que hacerlo de manera ordenada porque sino se destruye una producción que es competitiva, pero no en estas condiciones”.

“Es necesario replantear la organización del sistema tributario -manifiesta Giordano-. Esto es, que el IVA absorba a los otros dos malos impuestos a las ventas, que son Ingresos Brutos y tasas municipales. En similar sentido, la reducción de los derechos de exportación puede ser fiscalmente compensada por mayores ingresos por Ganancias y Bienes personales”. Destaca que no hay reforma impositiva sin una modificación de la coparticipación; la economista se inscribe entre quienes creen que es recomendable eliminar el sistema actual para establecer, en su lugar, un mecanismo de correspondencia fiscal. Es decir, un esquema en el que “cada jurisdicción se financie con los impuestos que les cobra a sus habitantes”.

Créditos y desregulaciones

Los referentes de las cámaras del sector pyme reconocen que en la actualidad existen más líneas de financiamiento disponibles, pero dicen que las empresas no se vuelcan a aprovecharlas por la incertidumbre sobre la recuperación de la actividad. Simonella -quien destaca la “abundante” oferta de préstamos a tasa real negativa– comparte que las pymes no los toman “porque no saben en qué invertir, mientras esperan a ver qué puede hacer el Gobierno. Necesitan reconvertirse, pero no lo pueden hacer de un día para el otro”.

No difiere el análisis de Giordano: “La escasa actividad y los altos costos fijos desalientan la toma de nuevos préstamos. La dificultad de las pymes para financiarse no pasa solo por las tasas de interés, que, aunque son más bajas que el año pasado, siguen elevadas, sino también por la baja actividad económica”.

Para la economista, habría que “compatibilizar los incentivos a los grandes proyectos con el resto de los sectores productivos”. Por ejemplo, establecer para las pymes un monto de la masa salarial no sujeto al pago de contribuciones patronales, porque así podrían entrar en la cadena de valor de las grandes inversiones, con competitividad y con la nómina de los trabajadores en blanco.

Poli sugiere facilitar “al extremo” los trámites de las pymes. Por ejemplo, que les reduzcan automáticamente la carga sobre las ganancias por utilidades reinvertidas de manera automática y que, luego, la AFIP controle.

“Hay pocas políticas de estímulo del Gobierno y todo indica que seguirá siendo así en el corto plazo -menciona Cohen Arazi-. Los empresarios van a tener que continuar agudizando el ingenio. No deberían esperarse cambios tributarios, sino más bien una mejora del entorno de producción que, indirectamente, mejore los costos”.