Un plenario de comisiones de Diputados aprobó un dictamen para habilitar el voto por correo de los electores argentinos fuera del país; debaten iniciativas para prohibir que candidatos con condena puedan competir para cargos electivos
Pese a los reparos y los intentos dilatorios del kirchnerismo, el oficialismo y los bloques de oposición dialoguista dictaminaron esta tarde en comisión sobre un proyecto que habilita a que los argentinos que residen en el exterior puedan votar por correo, garantizándoles así el derecho al sufragio. En paralelo, iniciaron el debate de una ley para prohibir personas condenadas puedan postularse a un cargo electivo nacional, conocida como “ficha limpia”.
El dictamen sobre el voto de los argentinos en el exterior fue avalado por el oficialismo y los bloques de oposición dialoguista. El kirchnerismo intentó postergar el debate para la semana próxima, sin éxito. La iniciativa establece que los electores que viven fuera del país podrán optar libremente por emitir su voto de modo presencial o mediante correo postal; para ello el Poder Ejecutivo será el responsable de garantizar los medios económicos, organizativos y tecnológicos para el pleno cumplimiento de este derecho.
“Lo menos que podemos hacer es reconocerles a los argentinos que se fueron expulsados, ya sea por razones económicas, de seguridad o por razones políticas, la mayor posibilidad de ejercer el derecho a votar. De eso se trata este proyecto”, enfatizó el diputado Fernando Iglesias (Pro), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y autor de uno de los proyectos.
En nombre de su bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó una semana más de tiempo para debatir este tema en profundidad. “Deberíamos buscar un texto que nos contenga de la mejor manera a todos. No debemos olvidar que para aprobar una iniciativa de estas características se necesita una mayoría agravada”, sostuvo.
Por su parte, la diputada Carla Carrizo, de la UCR, insistió con incluir las PASO en las facilidades que establece el proyecto norma. “Debe haber derechos completos para los ciudadanos argentinos en el exterior y en Argentina; si no, estamos siendo nuevamente arbitrarios. No importa qué le parece al Gobierno las PASO; las PASO hoy son ley, es un voto obligatorio para los argentinos que residen en Argentina, entonces deben ser mismos derechos y mismas obligaciones también para los argentinos que residen en el extranjero”.
Ficha limpia
Por otra parte y tras sucesivos intentos frustrados por el rechazo sistemático del kirchnerismo, la Cámara de Diputados inició esta tarde el debate en comisión de una ley que prohíba que personas condenadas puedan postularse a un cargo electivo nacional, conocida como “ficha limpia”. La iniciativa cuenta con el apoyo no solo del oficialismo sino también de todo el abanico de la oposición dialoguista, aunque todavía los legisladores deben definir qué exigencias impondrán en la ley para quienes aspiran a competir en elecciones.
La discusión, que tuvo lugar en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, discurrió por dos ejes: uno de ellos es si basta con una sola condena para que una persona sea excluida de la competencia electoral, aunque no esté firme, o si se debería esperar un doble conforme por parte de un tribunal de alzada. La primera opción es la que promueve el proyecto del oficialismo, elaborado por el diputado Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales: con su iniciativa, por caso, la expresidenta Cristina Kirchner no podría postularse como candidata.
El segundo eje es qué tipos de delitos debería incluir la ley para inhabilitar a un candidato: la mayoría de las iniciativas apunta a los delitos contra la administración pública (corrupción), pero el radicalismo y los libertarios proponen ampliar el espectro e incluyen una variada gama de delitos penales.
Durante la primera jornada de debate expusieron varios especialistas en la temática, todos ellos a favor de la sanción de una ley de ficha limpia para los cargos electivos nacionales. “Me parece fundamental que en este momento se esté impulsando esta iniciativa; ojalá no se pierda esta oportunidad. ¿Cómo pueden los ciudadanos identificarse con instituciones donde saben que quienes las habitan y quienes supuestamente los representan son personas corruptas?”, planteó Daniel Sabsay, profesor de derecho constitucional de la UBA.
Desde Córdoba, Antonio María Hernández, exconvencional constituyente de 1994 y doctor en Derecho, enfatizó que las iniciativas en estudio tienen como base un sólido fundamento constitucional. “El artículo 16 de la Constitución establece el principio de la igualdad y, además, como única condición para el acceso a los cargos públicos, la idoneidad. Y no hay ninguna duda que éste es un requisito ético insoslayable”, sostuvo el jurista cordobés, para quien, a su juicio, solo bastaría el procesamiento con elevación de la causa a juicio por parte del agente fiscal para impedir que una persona compita como candidato.
“Ya todos nosotros sabemos que para que haya sentencia firme, de acuerdo a esta legislación, hace falta que finalmente intervenga la Corte. Con lo cual, conociendo lo que es la falta de cumplimiento de plazos y la enorme demora que tiene el Poder Judicial, requerir sentencia firme como requisito para una inhabilitación significa garantizar directamente la impunidad”, sostuvo.
A su turno, la profesora Alejandra Lazzaro, exsecretaria de Cámara la Cámara Nacional Electoral, negó que este tipo de iniciativa vulnere el principio de inocencia, como advierte el kirchnerismo. “No se lo vulnera, porque aquí nadie está hablando de que esta inelegibilidad sea para siempre: es sólo una medida de carácter temporal y, por lo tanto, es razonable. Esto ya fue zanjado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo.