Julio Cordero, el abogado histórico del Grupo Techint que asumió como secretario de Trabajo, dinamitó casi todos los puentes que había tendido con los gremios. Abrió el Diálogo Social escoltado de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, y Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado que ideó parte de la reforma laboral que Javier Milei intentó en diciembre imponer por decreto. La presencia de ambos, sobre todo la de Sturzenegger, fue como una declaración de guerra para la CGT.

Los sindicalistas identifican a Sturzenegger como el autor intelectual de los artículos que se excluyeron de la Ley Bases original y que ahora el Gobierno y sus aliados de Pro y la UCR buscarán restablecer mediante proyectos legislativos autónomos. La intención es forzar en la comisión de Legislación del Trabajo el debate de las iniciativas para limitar los mandatos sindicales y los que proponen eliminar la “cuota solidaria”, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no, que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios.

En diciembre, con apenas una semana en el poder y antes de que Milei y Sturzenegger anunciaran por cadena nacional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el Gobierno recurrió al sector privado para asesorarse y definir los alcances y la letra chica de la reforma laboral. Cordero reconoció esta semana a LA NACION que ofició de asesor sin haber sido funcionario. Estaba contratado a sueldo en Finma SA, una financiera ligada a Techint. Del aporte de ideas también participaron estudios jurídicos especializados en derecho laboral que comulgan con el oficialismo y que sugirieron reducir cálculos indemnizatorios, limitar el derecho a huelga y contar con más facilidades para emplear y despedir personal.

Por entonces, Vilma Ibarra exsecretaria Legal y Técnica de la Presidencia durante la gestión de Alberto Fernández, hizo numerosas advertencias sobre el megadecreto. Una de ellas, fue sobre la intervención de personas ajenas al Estado. “Todo parece indicar que este mega-DNU habría sido confeccionado por estudios jurídicos privados. Si fue así, es gravísimo y no puede permitirse ni normalizarse”, planteó la abogada. Y agregó, desafiante: ¿Quién les paga? Porque, como dice el presidente Javier Milei, nada es gratis. Hace a la transparencia de los actos de gobierno conocer quiénes trabajaron en este DNU para saber si luego son beneficiados por las medidas allí dispuestas”.

El planteo de Grinman, avalado por Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Andrés Valls (Asociación de Bancos Argentinos), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción) y Marcos Pereda (Sociedad Rural Argentina), fue lo que terminó de convencer a la CGT de que no valía la pena asistir al Diálogo Social, el martes último, en un salón de la Secretaría de Trabajo. Así y todo, hubo una presencia sindical: Alberto Tomassone, el histórico abogado de Armando Cavalieri en el Sindicato de Comercio. Pettovello y Cavalieri mantienen gestiones para instrumentar el fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones en el sector mercantil. El “Gitano”, un dinosaurio que lidera el gremio mercantil desde 1986, priorizó el juego propio, como siempre. Fue menemista, kirchnerista, macrista y ahora bromea en privado con convertirse en libertario.

“Lo que quieren es que nos sentemos a convalidar los términos de pérdida de derechos que estaban en el DNU”, argumentó en Radio Con Vos Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, sobre las razones del faltazo sindical después de meses de demandar diálogo. El malestar de Daer se disparó cuando le acercaron un teléfono para ver un mensaje en la red social X de la cuenta oficial del Ministerio de Capital Humano: “La mesa de Diálogo Social está abierta. Invitamos a todos los sectores del mundo del trabajo, pero se ve que la CGT le tiene miedo a Moyano”.

En la central obrera interpretaron el mensaje como un desafío, como un intento de Pettovello por subir a los gremios al ring. Alinear enfrente a Pablo Moyano, Daer y otros sindicalistas de vieja data sería redituable para el manual oficialista. Los gremios peronistas, aun en su desprestigio, conservan su poder de daño y control de la calle. Huele a un juego riesgoso si es que fue esa la intención de la ministra favorita de Milei.

La decisión política de la CGT de autoexcluirse del Diálogo Social presenta un riesgo en el corto plazo. No participaría en la redacción final de tres artículos vinculados a lo laboral que sobrevivieron en la Ley Bases y que los gremios denunciaron que el Gobierno reglamentó sin atender sus reclamos.

Uno es el que define la creación de la figura del trabajador independiente con hasta tres colaboradores autónomos a cargo. “Muchas pymes se transformarán en esto. Va a convertir trabajadores formales en informales”, justificó Daer su rechazo.

El segundo punto es el que establece la penalización de los bloqueos y tomas de empresas al considerarlos “grave injuria laboral”, lo que habilita a los empleadores a despedir con causa a quienes participen de ese tipo de protestas.

El tercer artículo tiene que ver con nuevos obstáculos para que un trabajador monotributista pueda demostrar una relación laboral.

Del diálogo al endurecimiento

La estrategia sindical giró del diálogo al endurecimiento, pero aún no se debatió puertas adentro posibles fechas para activar el tercer paro general contra Milei. Ni siquiera se definió en el calendario la cumbre con todas las seccionales del país, un paso formal previo a cualquier medida de protesta que se proyecte de alto impacto. El miércoles próximo habrá un aporte testimonial de la CGT a la movilización por San Cayetano. En las calles, por ahora, nada más. “Va a ser una jornada de protesta, pero en paz”, dijo ayer Pablo Moyano, en el programa radial Reza por mí.

Una de las últimas trincheras sindicales es la Justicia. El capítulo laboral del DNU 70/23 quedó finalmente suspendido hasta tanto se expida la Corte Suprema después de una seguidilla de fallos judiciales en instancias inferiores que la dirigencia cegetista consideró como un triunfo propio. La Corte dio señales a través de Horacio Rosatti, su presidente, que no está en sus planes tratar el capítulo laboral del DNU que fue impugnado. “El juez no está para reemplazar a la política”, dijo Rosatti en una de sus últimas apariciones públicas. En privado, según un magistrado del fuero laboral, el espíritu de la Corte sería avalar la suspensión que dictó en enero la Cámara Nacional del Trabajo. El argumento central del fallo fue que no estaban acreditadas ni la necesidad ni la urgencia que justifiquen eludir al Congreso (que es el poder del Estado al que le corresponde legislar) para dictar un DNU con tan importantes y numerosas medidas en materia laboral.

Tal vez no sea una casualidad que Sturzenegger haya sumado a la mesa de Diálogo Social a Manuel Diez Selva, miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y a Juan Ignacio Orsini, de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo. El ministro coincide con Mauricio Macri, su exjefe político, en que detrás del fuero laboral funciona una gran industria. “La industria del juicio”, la definió el expresidente. Se trata de un fuero laboral en el que se mantiene intacta la influencia y el lobby gremial.

Por la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias la CGT desistió de activar una demanda judicial corporativa y habilitó reclamos por gremios o de trabajadores de manera individual. Ya hubo presentaciones de bancarios, médicos, camioneros y judiciales. En Neuquén, una jueza dio lugar a un pedido de ATE y el tributo que pesa sobre los salarios está suspendido exclusivamente en la provincia por una cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Podría sentar un precedente. “Habrá un aluvión de demandas individuales por diferencias en la liquidación de sueldos con el argumento de que la ley fue votada en una sola cámara”, pronosticó un asesor legal de la CGT que integra el ala más dialoguista.

Una buena y otra mala para el juez Lijo

Pero no son todas pulseadas o gestiones en los Tribunales. Las 62 Organizaciones Peronistas, el histórico brazo político de la CGT que está hoy desarticulado y dividido, presentó en el Ministerio de Justicia una adhesión a la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema. Las “62″, que agruparía a unos 50 gremios, son hoy lideradas por el taxista José Antonio Ibarra, uno de los impulsores del sindicalismo macrista en tiempos de Cambiemos y que es hoy aliado de Facundo Moyano. “Nos pareció que Lijo cumple los requisitos para integrar la Corte. Sus superiores nunca le observaron algún fallo”, defendió Ibarra la adhesión. Su gremio intentó sin éxito ser querellante en una causa en la que la AFIP le demanda a Uber una cifra millonaria por evasión. Tal vez crea Ibarra que Lijo puede ser la llave en su disputa por la legalidad de las aplicaciones de transporte de pasajeros. Por las dudas, aclara que no conoce personalmente al juez.

Distinto es el concepto de Lijo que tiene María Emilia Villar, secretaria general del sindicato de Pasteleros de la Patagonia. Villar denunció al juez que impulsa el Presidente para la Corte por prevaricato y mal desempeño. Le cuestiona no haber activado en cinco años la causa contra Luis Hlebowicz, el jefe del gremio a nivel nacional, al que la dirigente del sur responsabiliza de una presunta maniobra de lavado de dinero con el sindicato y la obra social.

Villar acompañó sus recientes denuncias, una del 12 de junio en la Justicia Federal, y la otra unos seis días después, en el Consejo de la Magistratura, con dos pericias caligráficas con las que busca demostrar que falsificaron su firma como revisora de cuentas de la Federación de Pasteleros en los balances contables de los últimos diez años. “Hubo inacción constante de Lijo ante los pedidos de la querella”, planteó la denunciante. Hlebowicz rechazó las acusaciones: “Le quieren pegar a Lijo y la ligo yo. Nada de lo que denunció es cierto”. La postulación de Lijo también divide aguas entre los gremios.