El gobierno nacional denunció irregularidades y desmanejo de fondos en la entrega de pensiones por discapacidad durante las gestiones anteriores. “Se estima que solo en el último año se desviaron fondos equivalentes a 3.400 millones de dólares”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En ese contexto, tras identificar el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral a personas que no las necesitaban, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) auditará “uno por uno” a los beneficiarios.

Según el relevamiento realizado por las autoridades de la Andis, hoy en día existen 1.224.286 pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el país. Dentro de ellas, se detectaron miles de irregularidades como:

  • 100.000 niños cobrando la pensión.
  • 25.000 personas que trabajan.
  • 60.000 con incompatibilidad de requisitos (beneficiarios con más de un auto, más de una casa, dueños de embarcaciones y hasta avión).
  • 30.000 extranjeros de los que se desconoce su condición de residencia y radicación.

Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y la provincia de Buenos Aires son las jurisdicciones donde más irregularidades detectó el equipo de la Andis, que habla de una suerte de “fábrica de pensiones por invalidez”.

Si bien Mendoza no está en la llamada “zona caliente”, también se investigará la situación de los 47.414 los beneficiarios (el 3,9% del total nacional) de pensiones por discapacidad.

Mega auditoría

“Estamos seguro que entre el 30 y el 50 por ciento de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas van a ser dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país”, afirmaron autoridades de la Andis.

“A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, los tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000. Entre 2015 y 2019, esta cifra bajó marginalmente hasta 1.026.000 y luego, el dato a diciembre de 2023, esta cifra de pensiones se ubicó en 1.222.000 beneficiarios”, detalló Adorni.

La pesquisa iniciada en la Andis y que ya tiene su correlato en los tribunales de Comodoro Py. “Tal incremento habría sido consecuencia de un proceso de articulación de decretos y resoluciones por medio de los cuales se habrían flexibilizado los criterios originalmente establecidos para el otorgamiento de tales pensiones, y por la puesta en marcha de un circuito de tramitación de dichos beneficios especialmente destinado a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes, en lo que las pensiones eran moneda de cambio aprobados en tiempos reducidos de tres meses que se entregarían a personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición medica de discapacidad, que habría funcionado en forma paralela al circuito formal en el que la tramitación para el otorgamiento de tal prestación demoraba entre 2 y 3 años”, afirmó el fiscal Guillermo Marijuán

Durante la gestión de Fernández se cambiaron las condiciones para acceder a esta ayuda estatal en caso de imposibilidad para trabajar: dejó de ser requisito el 76% de discapacidad comprobada por una evaluación médica y se reemplazó por “tener una condición de salud y vulnerabilidad social que impida la plena inclusión”.

“Se destruyó por completo el sentido de estas pensiones y se llegó a diciembre pasado con más de 1,2 millones de asistencias por invalidez”, detallaron desde la Andis.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/mega-auditoria-por-las-pensiones-truchas-cuantos-mendocinos-seran-investigados/