San Rafael, Mendoza miércoles 03 de julio de 2024

Río Atuel: autoridades provinciales, municipales y empresarios se reunieron para fortalecer la postura de Mendoza

La defensa en conjunto es para evitar el grave perjuicio que generaría un fallo favorable al reclamo pampeano. Las autoridades pampeanas exigen a Mendoza la liberación de más agua del río Atuel.

Debido a las constantes denuncias hechas por La Pampa sobre el caudal del río Atuel, este lunes se realizó una reunión convocada por el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, a la que asistieron los jefes municipales de Malargüe, Celso Jaque, y de San Rafael, Omar Félix. Ello permitirá aunar esfuerzos y realizar una defensa conjunta con el apoyo gubernamental y empresarial.

El encuentro programado para este lunes contó además con la presencia del superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli; el director de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, legisladores del cuarto distrito y representantes de las cámaras empresariales del Sur mendocino.

La defensa en conjunto es para evitar el grave perjuicio que generaría un fallo favorable al reclamo pampeano. Vale recordar que las autoridades pampeanas exigen a Mendoza la liberación de más agua del río Atuel, en concreto, 3,2m3 por segundo, de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación, detalló: “En nuestro sistema jurídico provincial hay muy poco de estos conflictos. Según la Constitución Provincial, debemos administrar aguas por cuencas, por lo que es muy bueno que todos participemos de esta toma de conocimiento de lo que está pasando. La reunión de hoy ha sido bastante niveladora, con gran coincidencia total y absoluta en cómo debemos trabajar a futuro”.

Francisco Mondotte, en tanto, indicó que “Mendoza, desde 1987, con el primer fallo del diferendo con La Pampa por el río Atuel, ha tenido una estrategia que ha sido consecuente en el tiempo, aceptando y reconociendo que es un río interprovincial pero teniendo en cuenta que, desde ese año, la Corte Suprema Justicia de la Nación, que hoy resuelve esta cuestión en función de un paradigma más cercano a lo medioambiental, estableció que Mendoza primero tiene que regar 76.561 hectáreas para luego dejar escurrir el agua hacia La Pampa. A partir de la demanda que presenta La Pampa en el 2014 y del fallo que en 2020 establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el cual se establece que debe dejarse correr 3.2 metros cúbicos por segundo, Mendoza ha hecho no menos de 5 propuestas concretas de obras tripartitas entre La Pampa, Mendoza y la Nación a los efectos de poder resolver esta situación y poder dejar ese caudal de agua”.

En este sentido, el funcionario sostuvo que “la provincia pampeana no ha aceptado ninguna de estas propuestas, con lo cual ha tenido una voluntad obstruccionista para resolver la cuestión. En mayo presentó un informe con errores técnicos y científicos porque habla de una disponibilidad de agua que no es tal. El mejor año hidrológico para la cuenca del Atuel en los últimos diez años no llega a alcanzar para regar la cantidad de hectáreas empadronadas que tiene Irrigación en la cuenca del Atuel”.

“Si queremos resolver esta cuestión, necesitamos obras, y para el avance requerimos en primera instancia que la Provincia de La Pampa y la Nación se sienten a conversar con Mendoza con la finalidad de poder llevar adelante este plan de obras. Sin ello, no hay ninguna posibilidad de cumplir con este fallo”, agregó Mondotte.

“No vamos a claudicar en la defensa del río Atuel”

Alejandro Molero, intendente de General Alvear, se refirió a la situación: “No vamos a claudicar en la defensa del río Atuel, porque se nos va la vida, se nos va la producción, se nos va el sustento. El agua no solamente es de consumo humano sino lo que nos puede traer progreso, desarrollo y crecimiento a los pueblos. Creo que esta reunión de hoy tiene muchas connotaciones. Por supuesto que visibilizar el diferendo a nivel provincial es una de las tareas a comunicar. Tener la posibilidad de tomar nota de cada exposición y de cada una de las posiciones que se han manifestado. Generamos la reunión de los tres intendentes del Sur con el Gobernador de la provincia, con el superintendente de Irrigación y seguiremos avanzando en ese aspecto. La posibilidad de pedir las audiencias necesarias y visibilizarnos también a nivel nacional, creo que forma parte de las cosas que también debemos hacer, y que tenemos que hacer y vamos a hacer”.

“Creo que esto no es el inicio, porque esta es una lucha de vieja data, recurrente de los mendocinos desde hace, al menos, más de cuatro décadas, pero que tiene, sin lugar a dudas, en este estadío en particular luces de alarma que nos preocupan, a las que hacíamos referencia al principio, a la Corte haberle dado lugar, algo presentado con tanta desprolijidad, con tanta falta de verdad y de forma maliciosa como lo ha hecho La Pampa, bueno, repetir: con imágenes de otros ríos, haciendo alusión al río Atuel, y ahí es cuando coincido absolutamente con lo que decía Walther Marcolini que tienen un absoluto desconocimiento seguramente en la Corte de lo que es el río Atuel, de cómo impacta en la economía y de lo que significa para los mendocinos”, concluyó el intendente Molero.

Omar Félix, intendente de San Rafael, expresó: “Estamos en una situación que requiere fundamentalmente una solución de tipo político. No dejar esto librado a la resolución de funcionarios de la Corte que deciden a mucha distancia de nuestro Sur y sin conocer in situ la realidad de la región. Está claro que se necesitan obras y que nadie quiere privar a La Pampa de un recurso que simplemente hoy no está por la falta de las mismas. Es importante que la política se una para tener un planteo a la Nación y a la Justicia para que busque la racionalidad y no cosas que nos pueden perjudicar a todos. Es un problema de todos los mendocinos y no solo de los sureños y es parte de la provincia de Mendoza”.

El intendente de Malargüe, Celso Jaque, manifestó: “La única manera para resolver este problema es desde la política, con resolución de temas técnicos y con financiamiento para que sea factible. Hoy, visualizamos la voluntad política frente a una problemática que tenemos y ante algo que nos genera una cierta preocupación debido a la presentación hecha por La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia de la nación, mediante la cual se pretende demostrar un incumplimiento respecto de un fallo de la corte del 2020. Somos conscientes de que tenemos que encontrar una solución entre la Nación, Mendoza y La Pampa. Hemos manifestado públicamente el apoyo al Gobernador de Mendoza para que encontremos una solución a este diferendo”.

Antecedentes del conflicto por el río Atuel

El conflicto por el río Atuel data de 1987, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que es un río interprovincial, pero que primero Mendoza tiene que poder regar 75.671 mil hectáreas empadronadas en Irrigación, para luego, el agua sobrante distribuirla en acuerdo con La Pampa.

Es importante resaltar que el gobierno pampeano ignora el fallo de 1987 y no entiende que las razones son debido al cambio climático. El gobierno de Mendoza propone la realización de obras para que La Pampa reciba agua del Atuel, pero el gobierno pampeano rechaza aportar recursos para hacerlas.

En julio de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que se fijó un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite entre La Pampa y Mendoza, tal como lo propuso el gobierno mendocino. De esta manera, la sentencia da lugar a los argumentos propuestos por la Provincia de Mendoza, tal como lo recomendó el Instituto Nacional del Agua (INA) para garantizar el correspondiente caudal del río Atuel.

En este sentido, el tribunal recordó que el punto de partida del presente conflicto “deviene de la disminución de la oferta y, a su vez, del aumento de la demanda de agua del río Atuel”. Y añaden que “ese recurso debía también ser destinado a la conservación del ecosistema interprovincial, para que mantenga su sustentabilidad, todo ello sin perder de vista el interés de las generaciones futuras, cuyo derecho a gozar del ambiente está protegido por el derecho vigente”.

 

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