“La Ley Bases es una profunda desregulación que le dará más libertad a la gente”. La frase es repetida casi como un mantra en los despachos oficialistas, donde los funcionarios se mueven por estas horas entre la expectativa, la prudencia y la organización de cara a lo que viene. Si bien la ley aún debe pasar por el Senado y eventualmente, de introducirse cambios, volver a Diputados, en el Gobierno confían que esta vez saldrá adelante. En el Gobierno ya hay grupos de funcionarios trabajando para lo que será “el día después” de la eventual sanción. La tarea exige implementar cientos de reglamentaciones, cuyos tiempos varían de acuerdo a la cuestión involucrada.

De concretarse finalmente su aprobación, la administración libertaria enfrentará el enorme desafío que implica tener aprobados más de 232 artículos que le permitirán avanzar con las reformas e implementarlos con éxito. ”La mayor reforma del Estado incluso desde los tiempos de (el expresidente, Carlos) Menem”, como insisten en el corazón libertario.

La reforma entrega al Gobierno la posibilidad de privatizar un grupo de empresas estatales que podrían venderse total o parcialmente y cuyos recursos la Casa Rosada considerada “clave” para sanear las reservas del Banco Central y avanzar con la dolarización de la economía.

En paralelo, la administración libertaria ya trabaja en un nuevo paquete de leyes. Para eso, según pudo saber LA NACION, el presidente Javier Milei se reunió el jueves pasado con el economista Federico Sturzenegger, titular de la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía, y evaluaron lo nuevos proyectos que mandarán en poco tiempo más al Congreso. Ese nuevo paquete, que el Gobierno denomina informalmente “hojarasca”, apunta a derogar leyes que con “el paso de los años se volvieron obsoletas” o “curros existentes, sin sentido de ser”, como definen en el Gobierno. Entre las más de 160 normas que buscarán derogar hay desde una que obliga a hacer microfilmaciones cuando “ya no es la tecnología que se usa para guardar documentos”, señalan a modo de ejemplo, junto leyes que continúan vigentes pero que quedaron incluidas en otras de mayor jerarquía, y otras que en la actual administración considera que “obstaculizan” las actividades de diferentes áreas, entre ellas, la económica.

También se trabaja en el envío de la Ley Antimafia, que inspirada en legislación estadounidense e italiana apunta a atacar el flujo de dinero de las organizaciones delictiva.

La puesta en marcha de la Ley Bases

En el Gobierno no hay todavía certezas sobre el tiempo que llevará avanzar con la reforma del Estado, las fusiones y las privatizaciones. “Hay cosas que se podrán implementar casi inmediatamente y otras que demandarán más tiempo”, distinguen. En ese proceso, hay dos nombres que resultan clave: el del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y Sturzenegger.

El trabajo de reglamentar la ley se trata de una tarea “general”, en la que según explicaron fuentes alcanzadas por el tema, “se requiere input de todas las áreas”.

En esa línea apuntan al perfil de Posse, un funcionario de confianza directa de Milei. Viene realizando reuniones semanales para “el día después”. Sturzenegger, por su parte, comanda su equipo que ayuda activamente en la discusión de la reglamentación.

En cuanto al capítulo de privatizaciones, se menciona a Mauricio González Botto, un técnico de bajísimo perfil y total confianza de Posse. Cuentan que desde que desembarcó en diciembre pasado en el primer piso del edificio trabaja sobre los números de las empresas públicas que saldrán total o parcialmente a la venta. Sus relevamientos incluyen las necesidades de saneamiento y reestructuraciones. Desde el inicio, varió el número de empresas que saldrán al mercado, de 41 a 9.

En las filas de Posse también están las secretarías de Simplificación del Estado y la de Reforma del Empleo Público. A la primera la asocian al concepto de “Time Tax” o impuesto al tiempo: “Menos tiempo, menos curro, menos estructura”, explican. La segunda se enfoca en los cambios que la ley puede llegar a introducir en materia de empleo público, donde en el Gobierno espera contar con el marco jurídico para aquellos empleados en planta permanente que se queden sin tareas a partir de la reforma.

La otra funcionaria que tiene un rol fundamental si se aprueba la ley es María Ibarzabal Murphy, de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo y titular de la recientemente creada Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, que tiene como objetivo impulsar las reformas en el Estado, eje central de la administración libertaria.