Las Pascuas trajeron unos días de quietud en la política -muchos funcionarios se tomaron este fin de semana extra large para compensar el raid que no frena desde la campaña presidencial-, pero la semana próxima se reactivarán las gestiones para avanzar con la ley Bases y con la iniciativa fiscal, los dos componentes del “preacuerdo” que, a su vez, puede abrir la compuerta al Pacto de Mayo que impulsa Javier Milei.

A un mes de aquella convocatoria nacional que hizo, con cierto escepticismo, el 1º de marzo, el Gobierno ya giró los borradores de las dos iniciativas que pretende que sancione el Congreso como condición sine qua non para habilitar la firma del gran acuerdo nacional en Córdoba, el Día de la Patria.

Un cronograma tentativo que circula en la Casa Rosada indica que el tratamiento de los proyectos -que se debatirían juntos- podría iniciarse en Diputados el 17 de abril. Eso lleva a la sanción de las leyes a la primera mitad de mayo y deja pocos días para consensuar los “mandamientos” del pacto nacional. En el Gobierno dicen que “los tiempos dan” porque una vez que las leyes se aprueben la puesta en escena en Córdoba será un mero trámite. “Los que acompañen en ambas iniciativas, serán invitados al pacto”, se jactan cerca del Presidente.

La Casa Rosada ya mantuvo reuniones con los tres bloques “amigables” en el Congreso: la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal. Al principal cuestionamiento que había con la ley Bases en torno a la fórmula jubilatoria, el Gobierno lo sacó de la discusión con un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Debate fiscal

Con la ley Bases más allanada (solo quedan observaciones de los aliados por algún artículo puntual) la prueba de fuego está en el capítulo fiscal incluido en el proyecto de “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” redactado por el Gobierno. Los diputados le transmitieron a los funcionarios de Milei que hay más chances de que voten ese proyecto si hay un pedido de los gobernadores, que son los más involucrados con la cuestión de la caja.

Los gobernadores de JxC ya se manifestaron a favor de la ley Bases y del Pacto de Mayo en general, pero tienen un rosario de planteos para hacerle al Gobierno en materia fiscal. Lo sabe bien el ministro del Interior, Guillermo Francos, que ve como se le multiplican los frentes con las provincias por el sucesivo retaceo de fondos que hace la Nación.

El último episodio es el que se abrió por la decisión del Gobierno de cortar los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) están en esa situación. Ya habían hecho un planteo en enero y lo volverán a llevar a la mesa el próximo jueves.

Cerca de Milei -como hicieron tantas veces antes- se muestran intransigentes. “Las cajas no están en debate”, dijeron a LA NACION cerca del Presidente. Algunos de los gobernadores pedirán, además, que en el paquete fiscal se incluya una compensación de fondos por el Consenso Fiscal del 2017. Allí se estableció que el 30% del impuesto al cheque se debía coparticipar, pero eso nunca ocurrió.

Sin dudas, el punto más árido del paquete fiscal es el de la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, ahora renombrado como “impuesto a los ingresos”.

Ante la asfixia en la recaudación, los mandatarios del norte del país están de acuerdo con reponer el gravámen, que engrosa los fondos coparticipables. Pero los patagónicos se resisten fuertemente por el impacto que tiene el impuesto en sus poblaciones, que tienen sueldos más elevados y un costo de vida mayor que el resto del país. Francos mantuvo esta semana un encuentro con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, por este tema y en la reunión del 4 de abril se verá a la cara con Ignacio Torres (Chubut).

Hay gobernadores del centro del país a los que tampoco les convence el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. “Tirás gente debajo de la línea de pobreza, directamente”, dijeron cerca de uno de ellos. Algunos plantearán que el mínimo no imponible se ubique en torno a los tres millones de pesos. El jefe de uno de los bloques más proclives a acompañar al Gobierno advirtió: “Si lo de Ganancias no lo piden los gobernadores, en Diputados no pasa”.

El Gobierno no solo tendrá que contener los pedidos de los gobernadores cambiemitas si quiere que prospere la ley de “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”. La semana pasada, Francos viajó a Salta y allí escuchó en boca de los gobernadores del norte del país el reclamo para que se reactiven obras públicas, por ahora clausuradas de toda ecuación por el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde el Gobierno dijeron que analizarán el avance de algunas obra que ya tienen más del 50% de ejecución con financiamiento externo.

Ley bases

Respecto a la ley Bases, si bien se construyó un consenso bastante sólido con los bloques aliados, quedan algunos artículos problemáticos. El principal es el artículo 71º que le da facultades al Poder Ejecutivo “a disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad privada que importen un incremento de sus costos, limiten su autonomía o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente”. Un jefe de bloque apuntó: “No entendemos qué quieren hacer con esto, parece una luz verde para que (Federico) Sturzenegger avance con las desregulaciones que quiera”.

Otro punto que plantearon los bloques amigables es el de la inclusión en la ley Bases de la reforma laboral que figuró en el mega DNU 70/2023 y que fue frenada por la Justicia. Allí el Gobierno no descarta suavizar el capítulo de esa reforma más urticante para los gremios, vinculado a la quita de las cuotas solidarias obligatorias.

Pese a que la Casa Rosada exhibe que los diez puntos del Pacto de Mayo que Milei presentó hace un mes no son negociables, desde los partidos aliados pretenden incidir en el texto. Entre otros aspectos, quieren incluir allí el capítulo de educación, un tema sensible dada la concepción ideológica que tienen los libertarios respecto a la educación pública.