Alberto Fernández, su secretaria, y el broker amigo ahora son parte de un escándalo con ribetes políticos y judiciales impensados. “Tal vez el caso de los seguros que hemos visto en los medios sea el mejor ejemplo, un sistema diseñado para generar un intermediario entre los organismos del Estado de manera de poder cobrar retornos de cada operación”, lanzó el presidente Javier Milei ante el Congreso. El Gobierno ya había dado señales claras que iba a impulsar la denuncia cuando anunció que se presentará como querellante en el expediente.

Alberto Pagliano declaró un patrimonio de más de $120 millones a fines de 2022.

Ercolini fue muy preciso en el oficio enviado a Nación Seguros: le pidió la nómina de las empresas que actuaron como coaseguradoras o reaseguradoras en los contratos celebrados entre organismos del Estado y la aseguradora que ahora está en manos de Alfonso José Torres, un hombre de Eduardo “Lule” Menem.

Son dos herramientas distintas. El coaseguro es un mecanismo usado por las empresas aseguradoras locales para distribuir la responsabilidad de una cobertura de riesgo amplio. En cambio, el reaseguro es un seguro del seguro, donde generalmente intervienen empresas internacionales y grandes entidades financieras. “En nuestro país no hay reaseguradoras para un hecho catastrófico o situaciones inesperadas. Por eso muchos riesgos se colocan en el mercado internacional”, explica un empresario que está en el rubro hace más de tres décadas.

La herramienta muchas veces se desnaturaliza, dejando millonarias comisiones y más brokers beneficiados. “Hay casos que no necesitan reaseguro pero se usan igual. En lugar de tomar un coaseguro en el país, acuden a las casas matrices en el exterior. Eso se hace para sacar dólares al valor oficial que luego vuelven como blue. Por otro lado tienen una muy baja presión tributaria (ganancia presunta 3,5%) contra el 35% que deberían pagar acá por ganancias”, revela otra fuente del mercado de seguros.

El juez Julián Ercolini activó las primeras medidas de prueba.

Ercolini no sólo pidió la lista de empresas sino también “la nómina de los productores asesores de seguros (directos u organizadores) que participaron en las operaciones” con Nación Seguros a partir del decreto 823/2021, que obligó a todas las reparticiones públicas a contratar con esa firma.

Esa norma sería el puntapié de la maniobra. Sin embargo, el ex presidente dijo esta semana que ese decreto “terminó el negocito” de algunos. “En el 2021 yo saco una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo en esa norma que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación Seguros y que esto se hace en forma directa sin intermediarios. De ese modo terminé con el negocito que podía hacer alguno”, sostuvo en declaraciones a La Red.

Fernández hasta ahora solo se defendió en público pero no se presentó en Comodoro Py. El que sí se presentó este viernes es Juan Manuel Manganaro, presidente del Grupo Gaman, quien descartó tener vínculos comerciales con el Estado. El broker apareció mencionado en el dictamen del fiscal González como “acreedor de Alberto Fernández”, pero no figura en las últimas declaraciones juradas del ex presidente.

“No conozco al ex presidente, ni tuve, ni tengo relación personal o comercial con él, ni con los demás brokers de seguros mencionados en las distintas publicaciones periodísticas ni comparto con ellos relación comercial alguna”, dice el escrito presentado por Manganaro al que tuvo acceso este medio.

Uno de los carteles publicitarios de la empresa de Martínez Sosa en la avenida Lugones (Adrián Escándar)

El broker que aparece en las últimas declaraciones juradas es Martínez Sosa. Alberto Fernández dijo esta semana, en declaraciones al diario La Nación, que el marido de su secretaria le prestó USD 20 mil. La deuda, sin embargo, se mantuvo intacta desde que asumió como presidente: $102.240. Los cuatro años repitió la misma cifra y el mismo supuesto acreedor.

La empresa de Martínez Sosa tiene más de 50 años en el mercado. Comenzó en Buenos Aires pero rápidamente se instaló en Río Grande (Tierra del Fuego), donde obtuvo monopolio de los seguros durante al menos dos gestiones. Primero fue elegido como intermediario en el gobierno de Jorge Colazzo. “A fines de 2008, durante el gobierno de Fabiana Ríos, se dio de baja esa contratación y recibimos todo tipo de presiones”, recordó un ex funcionario consultado por Infobae. En 2020, el gobernador Gustavo Melella firmó un contrato de asesoramiento con el broker y le cedió nuevamente el control de todos los seguros. Esa relación se mantiene en la actualidad.

Su vínculo con Alberto Fernández no era un misterio. De hecho, todos los actores del sector lo ubican entre los tres principales brokers que negocian con el Estado.

La Justicia comenzó a investigar esa trama, pero ya puso la lupa sobre los reaseguros. “Si bien son un instrumento técnico para mantener la solvencia de las aseguradoras y necesarios para las coberturas cuya capacidad o solvencia son insuficientes en el mercado local, también son en muchos casos un gran vehículo para maniobras financieras muy polémicas”, advierte uno de los tantos empresarios que siguen de cerca el desarrollo de la investigación.

Fuente:https://www.infobae.com/politica/2024/03/03/la-trama-de-los-reaseguros-que-destapo-la-causa-que-involucra-a-alberto-fernandez-comisiones-millonarias-y-fuga-de-dolares/