El tiempo se acorta y el Gobierno lo sabe. Por eso acelera y, también, negocia. O dice que va a negociar. La carrera es contra el tiempo. O contra la paciencia social, que se mide en lapsos temporales cada vez más cortos.

Si el vértigo siempre fue el atributo distintivo de la vida y la carrera política de Javier Milei, en la última semana demuestra haber asumido la necesidad de profundizarlo para lograr concreciones que se le han dilatado más de lo que esperaba y quería.

La motosierra y la licuadora conviven con una poderosísima aplanadora de gastos que con el paso de los días se verán amenazadas por la dificultad para seguir licuando al mismo ritmo y la inviabilidad de mantener pisados por más tiempo muchas erogaciones ya comprometidas, a riesgo de encontrarse con situaciones críticas de derivaciones peligrosas.

La negativa a autorizar pagos llega a lugares clave y podría, por ejemplo, hasta poner en riesgo el servicio y hasta la seguridad de los pasajeros de los trenes, ya que se volvió a postergar su mantenimiento para no tener que asentar ese costo, según admiten altas fuentes del Ministerio de Economía.

Afuera de los refrigerados despachos oficiales, el ánimo social está resultando para políticos, economistas y consultores de opinión pública un termómetro de difícil lectura.

“A Milei le toleran cosas que a nosotros no nos hubieran aguantado ni un segundo”, se lamenta un economista de Pro, que nunca se enroló entre los gradualistas y ahora se sorprende (y envidia) el crédito social del que goza el Gobierno. Al mismo tiempo alberga profundas dudas sobre la sustentabilidad del plan Milei-Caputo tras hacer un exhaustivo análisis con uno de los más reconocidos economistas argentinos, radicado en los Estados Unidos.

Como si fuera un cuerpo anémico donando sangre, “la gente le está dando a Milei más tiempo del que tiene”, afirma Pablo Knopoff, socio y director de la consultora Isonomía, para explicar lo que aparenta ser una paradoja.

Por un lado, asoman los altos índices de aprobación de los que sigue gozando el Presidente y su Gobierno, apenas algunos puntos por debajo del porcentaje obtenido en el balotaje. Por otro, están las penurias económicas que dice estar pasando y relata con angustia creciente una mayoría en ascenso.

El doble efecto de la pesada e indiscutible herencia recibida, que continúa presente en el sentir colectivo, y la expectativa de una mejora, que sigue elevada, hacen su trabajo para prorrogar el crédito. Pero la dura realidad empieza a golpear con fuerza y a apurar la cuenta regresiva.

La inflación, aunque decreciente, sigue siendo demasiado elevada para el deterioro que sufren los salarios, con el agravante de que buena parte de los economistas pronostican (y algunos miembros del gobierno asumen) que habrá un rebote este mes, mientras el ministro de Economía no avala acuerdos salariales cerrados en las paritarias de varias actividades. Y se jacta de eso.

“¿Qué puedo recortar?”

Al mismo tiempo, la recesión empieza a dejar de ser una noticia, un concepto abstracto para la mayoría y un problema de empresarios y comerciantes hasta convertirse en una experiencia vital de cualquier argentino común y corriente.

Caída de horas extras, suspensiones, despidos, cancelación de changas y trabajos informales, reducción de compras hasta de productos esenciales son vivencias que se comparten en la cola del colectivo, la caja del supermercado y los chats familiares y de amigos.

El traspaso de la educación privada a la educación pública en todos los niveles es una decisión que ya tomaron o están obligados a analizar muchos padres y madres de los más diversos niveles de la clase media. “¿Qué puedo recortar?”, es la pregunta crucial que reemplazó en 2024 al “¿a quién voto?”, de 2023.

El pronóstico es reservado, aunque hay una coincidencia esperanzadora casi generalizada entre los consultores económicos de que en el segundo semestre habría una recuperación sensible de la economía.

En algunos sectores, dicen, la reactivación será tan pronunciada que tendría forma de V, mientras que en muchos rubros se prevé que sea una U muy panzona y en otras actividades se estabilizaría en un piso para formar una L. Es decir, será muy heterogénea, no llegará a todos por igual ni al mismo tiempo y tampoco se percibirá masivamente muy rápido. Todo eso proyectando la foto de hoy para convertirla en película. Ceteris paribus, dicen los economistas.

“Aunque la recesión se prevé que va a ser corta, para este año estimamos una caída de la demanda doméstica (consumo más inversión) del 8% (el doble de la del PBI) en promedio. Y la caída real del salario formal ya está en el 6,5% y la del salario informal en 17%”, explica Mariana Camino, CEO de la consultora de economía y negocios Abeceb.

Al mismo tiempo, la recesión provoca una caída en los ingresos del Estado, que agravaría la baja de la inflación, ya que el aumento nominal de la recaudación, que engorda los números oficiales, empezará a desinflarse. Así, mientras el fisco recibirá menos, pagará gastos con valores indexados por la inflación pasada. Variables y curvas que se cruzan. La urgencia tiene razones que el bolsillo explica muy bien.

Ese contexto socio-económico, sumado a las demandas del FMI para darle sustentabilidad política a los planes oficiales, permite entender acabadamente la acelerada carrera contra reloj que inició el Gobierno al convocar al Pacto de Mayo, con el que Milei sorprendió a los argentinos y, sobre todo, a la dirigencia política en su crudo discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, hace una semana.

Por eso, después de aquel anuncio, se desató una eléctrica dinámica para avanzar en los acuerdos preliminares que le imprimieron los colaboradores presidenciales liderados por el ministro del interior, Guillermo Francos, y que tendrá hoy su primer round formal y colectivo en la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada.

Allí intentarán recibir un aval para un nuevo pacto fiscal, como parte de la ley ómnibus que tropezó en el Congreso. En particular, el Gobierno busca llevarse el compromiso de que se apruebe la declaración de la emergencia económica, con la consecuente delegación de facultades al Poder Ejecutivo, y la aprobación de una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones.

Para allanar el camino, Francos ofreció a las golpeadas arcas provinciales un analgésico, al anunciar el proyecto de restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Una vuelta atrás de la estrella del plan platal, el anabólico con el que Sergio Massa infló su fallida candidatura presidencial y que contó con los votos de los entonces diputados Milei y Villarruel.

El impuesto a las ganancias tiene para los mandatarios provinciales, que hoy recelan del Gobierno, la atractiva particularidad de ser coparticipable en una alta proporción, ya que las provincias reciben alrededor del 70% de lo recaudado.

Sin embargo, no es gratis ese anzuelo atractivo para los gobernadores que vieron reducir sus ingresos y cuya situación se agravó por el corte de las partidas discrecionales y algunos fondos, como el incentivo docente o el subsidio al transporte.

Uno de los efectos colaterales de la restitución del gravamen será una mayor pérdida del poder adquisitivo de parte de la clase media, ya golpeada por la inflación y la recesión. La presentación de ese proyecto como una concesión del Gobierno a las provincias es una mancha venenosa. Nadie quiere aparecer como un nuevo carterista de las enflaquecidas billeteras de muchos argentinos. La manta nunca deja de ser muy corta.

Un día muy caliente

Sin embargo, a los mandatarios provinciales no les queda mucho margen para rehusarse a suscribir algún tipo de acuerdo. Por eso en la Rosada dan por hecho que irán 20 de los 24 jefes de gobierno.

“Los gobernadores no tienen margen para no ir y el Gobierno lo sabe, pero no parece saber Milei que eso no significa asegurarse los votos en el Congreso. Los diputados y senadores no necesariamente responden automáticamente a los gobernadores y, aunque respondieran, siempre pueden tener un rapto de independencia”, advierte con agudeza e ironía el politólogo Andrés Malamud.

Decidido a ocupar un rol de liderazgo en la oposición frontal al Gobierno e impulsado por todo el kirchnerismo y, particularmente, por Cristina Kirchner, el bonaerense Axel Kicillof juega a ser la excepción. De hecho, difundió un decálogo que es la contracara de los 10 mandamientos del Pacto de Mayo. No obstante, en la Casa Rosada se espera su asistencia hoy, pese a que anoche no había anunciado su decisión.

El kirchnerismo pretende trasladar la discusión con el Gobierno al Congreso, como sugirió la expresidenta en el documento de 33 páginas que lanzó hace dos semanas. El propósito no es hacer ningún pacto, como algunos malinterpretaron, sino llevarlo a Milei al terreno donde conserva mayor fortaleza, con sus bloques que son una poderosa primera minoría, para disputarle recursos y poder. Sobran las razones políticas y económicas para hacerlo.

La provincia de Buenos Aires, último bastión kirchnerista, es una de las más afectadas por los recortes. Eso le da a Cristina y a Kicillof la oportunidad de reinstalarse en el centro de la escena como los contrincantes mayores del Gobierno, a la espera del traspié oficialista.

Ellos saben que en un tejido social endeble y muy lastimado las causas de manifestaciones de descontento crecen día a día y nadie se anima a prever sus derivaciones.

Así, los actos por el Día de la Mujer que se harán hoy en casi todo el país son motivo de observación para todos. El colectivo feminista, al que el oficialismo destrata y hasta combate, tiene antecedentes recientes de una enorme potencia y capacidad de impacto y transformación. Además, concentra y cataliza una multiplicidad de reclamos que no se limitan a las cuestiones de género. Promete ser tema del día. Y algo más.

La concentración principal, en el Congreso, se iniciará casi en simultáneo al encuentro con los gobernadores en la Casa Rosada. Habrá que ver cómo le cae al Gobierno (tan susceptible y poco tolerante a lo que hacen los medios) si los canales de noticias muestran la pantalla partida. El reloj cada día corre más rápido.