Otilia Ledesma, de 48 años, llegó hace casi dos décadas a Argentina desde Paraguay. Mientras buscaba trabajo, un comedor barrial del barrio en el que se instaló la “salvó”: acudía con sus hijos, de ocho años y de seis meses, para asegurarse al menos un plato de alimento al día. Ledesma dejó de comer allí cuando consiguió trabajo y hoy es cocinera en uno de esos centros comunitarios.

Espacios como este funcionan hace años en todo el país para dar de comer a personas en situación de vulnerabilidad, pero desde que asumió el Gobierno de Javier Milei las organizaciones barriales que coordinan algunos de los comedores critican que el Estado ha dejado de enviarles los recursos. Este lunes denunciaron la “emergencia alimentaria” ante el Ministerio de Capital Humano con una hilera de más de dos kilómetros. “El hambre es violencia; abandonar a los chicos es violencia”, reclamó Ledesma.

Ledesma formó desde antes de las diez de la mañana una fila que arrancaba en las puertas del Ministerio de Capital Humano, en Buenos Aires, y se extendía por 20 cuadras sobre la acera de una de las principales avenidas del país, la 9 de Julio. Hace una semana, la titular de la cartera, Sandra Pettovello, rechazó atender a los referentes de organizaciones sociales que se presentaron allí para pedir alimentos para los comedores barriales y los despachó ante las cámaras de televisión: “Chicos, ¿ustedes tienen hambre? Vengan de a uno, que les voy a anotar el DNI [documento de identidad nacional], el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente”. Las organizaciones tomaron al pie de la letra la propuesta y convocaron a trabajadores y beneficiarios de comedores a formar este lunes una fila para ser recibidos por la ministra.

Personas llevan carteles en protesta contra el hambre, afuera del ministerio de Capital Humano, este lunes en Buenos Aires.AGUSTIN MARCARIAN (REUTERS)

En el país hay más de 40.000 comedores comunitarios y merenderos inscritos en Registro Nacional de Comedores Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil. Están gestionados por diferentes organizaciones y ayudan a que la situación en el país —con más de 40% de la población en situación de pobreza y más de cuatro millones de niños y adolescentes en situación de inseguridad alimentaria— no sea aún peor. La protesta de este lunes fue convocada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, cercana al peronismo, que denuncia que el Gobierno suspendió la entrega de alimentos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que abastece y audita los comedores comunitarios. La falta de alimentos para los centros comunitarios no es un reclamo nuevo, pero se ha “acrecentado” por el ajuste que implementó el Gobierno de Milei cuando llegó a la Casa Rosada, según las organizaciones, aunque el Gobierno lo niega.

Pettovello aseguró este lunes que no los atendería. “Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque no los convoqué”, indicó la ministra. El ministerio, además, avisó que los comedores “que soliciten fondos” deben hacerlo “a través de los canales oficiales y cumpliendo los requisitos correspondientes”. “Nuestro objetivo es eliminar la intermediación, en ese proceso vamos a contener a los que menos tienen acercando asistencia de la manera más efectiva y transparente”, dice una serie de mensajes difundidos en X (antes Twitter). Horas después de las declaraciones de Pettovello, se conoció una denuncia penal del dirigente social Juan Grabois, quien la acusa de incumplir sus “deberes de funcionario público”.

El ministerio que dirige Pettovello fue creado por el nuevo Gobierno en su afán por recortar el gasto público y concentra las antiguas carteras de Educación, Trabajo y Desarrollo Social bajo la órbita de una sola ministra. Pettovello pretende cambiar el modelo de asistencia que existía hasta ahora y hacer “transferencias directas” a los comedores, en lugar de “bajarles alimentos” a las organizaciones que los coordinan. Como parte de la nueva estrategia que pretende implementar, este lunes firmó un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas por 177,5 millones de pesos [138.500 dólares al cambio oficial] para asistir a unas 36.000 personas y otro con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil. Detrás del cambio que pretende el Gobierno, está la idea que se repite en el Gabinete de que las organizaciones sociales hacen “negocio con la pobreza”.

A la queja de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular se sumó la Conferencia Episcopal Argentina, que expresó en un comunicado que “la comida no puede ser una variable de ajuste” y destacó “el valor de la respuesta comunitaria organizada”. “Todos los espacios de cuidado que dan de comer, todos los comedores comunitarios, de parroquias, Iglesias evangélicas, y de movimientos populares deben recibir ayuda sin dilación”, reclama el texto firmado por el obispo Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal, que agrega: “En nuestra patria nadie debería pasar hambre”.

Una mujer y un niño afuera de las oficinas del Ministerio de Capital Humano, resguardado por la policía.AGUSTIN MARCARIAN (REUTERS)

Los carteles que sostenían este lunes las personas que hacían fila ante las puertas del ministerio de Capital Humano exponían reclamos similares: “Comer no es un privilegio”, “Con hambre no se puede pensar”, “No hay libertad cuando no hay nada en la mesa”, “Las ollas están vacías”, “Tenemos hambre”. “Somos ocho hermanos y desde que asumió Milei solo comemos una vez al día”, decía el que sostenía Ivana Juncosa, de 20 años, quien contó a EL PAÍS: “Mi papá era electricista matriculado y murió en la pandemia. Ahora salimos todos a trabajar, hasta mi hermano más chico, que tiene 15 años y trabaja en una verdulería. Mi hermana, con su esposo y su sobrina, se mudó hace poco con nosotros porque no pueden pagar el alquiler”.

La crítica situación que vivía Argentina se profundizó tras las primeras directrices del Gobierno de Milei, que entre otras medidas de ajuste devaluó la moneda más de un 50% y anunció recortes en los subsidios a la energía y el transporte. Aunque el Gobierno ha dicho que “por supuesto” que la comida “no es una variable de ajuste”, las personas presentes este lunes en la protesta manifestaron el impacto que han tenido las decisiones del Ejecutivo en sus hogares. En enero, la inflación mensual superó el 25% y el consumo minorista cayó un 28,5% respecto de 2023, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

La protesta ocurre en un contexto de creciente conflictividad social en el país. Desde que Milei asumió el poder, ha habido manifestaciones espontáneas de vecinos, concentraciones convocadas desde distintos sectores —las últimas, organizadas por la izquierda, fueron reprimidas— y un llamado a huelga general de los sindicatos. El presidente, sin embargo, aún conserva buenos niveles de apoyo popular de sus seguidores, que lo eligieron en noviembre con el 56% de los votos.

“La situación política está afectando a los barrios, a los que menos tienen”, lamentó Agustina Acevedo, de 29 años, quien desde hace seis trabaja en el comedor Milagros. Acevedo describe lo que observa a su alrededor en la periferia oeste Buenos Aires: “Enero es duro, pero ahora mucho más. Aumentó la gente en situación de calle, creció el desempleo… O el que tiene un empleo tiene poco sueldo para abastecer a su familia”. Si normalmente brindan comida tres veces por semana, ahora lo están haciendo una para racionar los insumos. A su lado más mujeres sostienen banderas con los nombres de los comedores donde trabajan: Arcoíris, Los ibiyes, El arroyito, Granja de Helen… Acevedo ya sabe que la ministra no la recibirá ese día, pero si lo hiciera le haría una invitación: “La esperamos encantada para contarle la situación de los barrios”.