En medio de un clima tensión entre el Gobierno, los sindicatos y con la previa de una manifestación de las organizaciones sociales, la primera reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en la administración del presidente Javier Milei terminó sin acuerdo entre los gremios y los empresarios. Ahora, el Poder Ejecutivo deberá fijar el nuevo valor del salario mínimo, algo que hará por decreto. La inflación del 20,6 por ciento en enero, que acumuló 50 por ciento con la de diciembre, es considerada una base para que los ingresos no pierdan con los aumentos de precios.

El SMVM fija los ingresos de los trabajadores que están por fuera de los convenios colectivos de trabajo e impacta en el Salario Social Complementario. El establecimiento del salario mínimo es la referencia que se utiliza para definir prestaciones como los planes Potenciar Trabajo y las becas Progresar, y también para establecer los límites para el pago de Ganancias. Todos aspectos sensibles para la administración libertaria que tuvo a 45 días de asumir el primer paro general de la CGT, que batió su propio récord en materia de paros a un gobierno nuevo, y se encuentra en pleno conflicto con los movimientos sociales a los que busca correr del rol de intermediarios.

El clima de la reunión, según pudo saber este diario, fue tenso con los gremios y en tono “agresivo”, según asistentes al encuentro y empresarios “terriblemente callados”, actitud que habría exacerbado aún más lo ánimos de los primeros. El encuentro se hizo de manera virtual y fue el primero de la gestión libertaria y también con la cartera de Trabajo degradada a Secretaría, por el Gobierno estuvo el titular del área, Omar Yasín.

Rechazo empresarial

“En tiempos de altísima inflación y con aumentos intolerables e injustificables de precios establecer un piso social es necesario e impostergable”, agregaron. Y aludieron a su propuesta de una base de $288.600, sobre la que dijeron que “tuvo el acuerdo de las tres centrales obreras y el rechazo de la contraparte empresarial”. Aseguraron que “el Gobierno evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad, los empresarios encabezados por la Unión Industrial Argentina fueron complacientes con esa estrategia y no formularon ninguna propuesta”.

En tanto, la CTA advirtió al Gobierno que en caso de que la cifra que se fije esté lejos de “significar una real compensación del Salario Mínimo quedará demostrado que hubo una sincronización entre las patronales y el poder ejecutivo para profundizar el ajuste y seguir licuando los salarios”. Y apuntó que lo “sucedido hoy [por el jueves] demuestra la connivencia entre el gobierno y los empresarios para utilizar el salario como variable de ajuste y nos reafirma la voluntad de seguir accionando con la unidad de las centrales sindicales para evitar que siga hambreando a nuestro pueblo”.

El Gobierno no emitió comunicado y no lo hará hasta que emita su definición en el caso, según pudo saber LA NACION. El último ajuste del salario mínimo se había realizado durante el final del mandato de Alberto Fernández y se ejecutó en diciembre. Con ese ajuste, en 2023, el salario tuvo un incremento del 151,8% contra una inflación que alcanzó el 211,4%, por lo que quedó lejos de hacerle frente a la incesante suba de precios.

La CGT llegó al encuentro con un pedido de aumento “del 85% por la devaluación y la inflación acumulada entre los meses de diciembre 2023 y febrero 2024″. Mientras que la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) llegó con el reclamo de un ajuste mensual y un incremento, que “en lo inmediato, supere los valores de la canasta básica de indigencia”.