El Gobierno desarticuló el Plan Potenciar Trabajo, previsto para personas en situación de vulnerabilidad, segmentó a sus beneficiarios en dos grupos de acuerdo a sus situaciones y disolvió a las unidades de gestión que hasta ahora actuaban como intermediarios. La medida se conoció a través de un decreto firmado por Javier Milei y publicado el miércoles a la medianoche, tal y como había adelantado LA NACION. La medida tiene impacto en 1,2 millones de beneficiarios sociales.

El Plan Potenciar nació en 2020, bajo el entonces Ministerio de Desarrollo Social, y se estructuró en dos ejes fundamentales: por un lado, el Salario Social Complementario, una prestación económica destinada a mejorar los ingresos de los individuos en situación de alta vulnerabilidad; y por otro, el otorgamiento de subsidios y créditos para apoyar proyectos socio-productivos, laborales y comunitarios.

Para el gobierno libertario, que absorbió a Desarrollo Social como secretaría bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, el plan evidenció serias falencias. “En cuatro años solo 1,3% de beneficiarios lograron salir del plan por haber conseguido trabajo. El resto de las bajas fueron por incompatibilidades o tope de edad, pero nada más”, detallan.

Por esa razón, afirman, se avanzó en un cambio que desde las filas libertarias promueven como “de paradigma”. Para hacerlo se valieron del cruce de bases del Estado en relación a la información de los beneficiarios. La idea ya circulaba desde la asunción de Pettovello, en diciembre pasado, y se concreta tras poco más de dos meses de análisis. Entre las cosas que más llamaron la atención de los libertarios en el área es que sus predecesores tenían “el manejo de la información y datos de los beneficiarios a través de un método sorprendentemente rudimentario y poco seguro: un archivo de Excel”, según describen.

Los dos universos en los que se dividirán los hasta ahora beneficiarios del Potenciar Trabajo son: “Volver al Trabajo”, en el que se agrupará alrededor de un millón de personas, y el “Programa de Acompañamiento Social”, con alrededor de 200.000 personas. El primero estará bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Omar Yasín, y el segundo en Niñez y Familia, en cabeza de Pablo de la Torre.

Entre las fallas del sistema ubican las Unidades de Gestión, que intervenían en la coordinación y administración de las prestaciones y proyectos del programa. Se trata de las centenares de cooperativas que en su mayoría eran manejadas por los movimientos sociales. Y que hasta el año pasado también eran las responsables de fiscalizar la contraprestación de los beneficiarios. El presupuesto adjudicado a ellas rondaba anualmente los 34 millones de dólares. “Esa plata va a ir ahora directamente a la gente”, aseguran. El oficialismo cumple así uno de sus primeros objetivos desde que llegaron a Balcarce 50: correr a los intermediarios.

Para fuentes del oficialismo, las unidades se transformaron “en lo que algunos denominan ‘gerentes de la pobreza’, controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia”.

Sostienen en esa línea que las unidades también mostraron ineficacia para “para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración del programa”.

Los nuevos programas, sus condiciones y a quiénes alcanzan

Desde el Poder Ejecutivo explican que “Programa Volver al Trabajo”, fue “creado con el propósito de promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito de la Economía Popular”. Su creación agregan las mismas voces, se da bajo la premisa de “no solo mejorar las competencias laborales de los ciudadanos, sino también facilitar su inserción en el mercado de trabajo formal, generando así un ciclo virtuoso de empleabilidad y desarrollo económico”.

El programa, detallan, se propone desarrollar y consolidar competencias sociolaborales, proporcionando las herramientas de capacitación para mejorar la empleabilidad y asegurar una inserción laboral duradera y de calidad. Y resaltan, como “cambio sustancial” que permite a los beneficiarios del programa compatibilizar la asistencia recibida con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Esto significa ingresos mensuales de hasta $540,000 para aquellos que están formalmente empleados, incentivando la retención y búsqueda de empleo formal y ofreciendo un apoyo en la transición hacia la formalización laboral. Todo lo cual, mencionan, supone un cambio paradigmático respecto a su predecesor, el programa Potenciar, que limitaba esta compatibilidad a un solo SMVM, desincentivando, en la práctica, la búsqueda de trabajo formal.

El enfoque del programa promete orientación y asistencia en la búsqueda de empleo, capacitación, certificación de competencias, y la promoción de emprendimientos productivos. La terminalidad educativa, además, según explican, es un componente fundamental del programa, reconociendo la educación como un pilar fundamental para la empleabilidad. Fuentes de Capital Humano detallan que el programa está diseñado para ser un “catalizador de cambio”, con una asignación dineraria que actúa como un estímulo para la superación de la situación de fragilidad laboral de los beneficiarios durante los 24 meses de duración del programa.

En la práctica, estos principios formaron parte de las consignas y promesas que rodearon el lanzamiento de los planes que antecedieron al Potenciar Trabajo, que reconoce sus orígenes en el Plan Argentina Trabaja (PAT) que el kirchnerismo creó luego de la derrota en las legislativas de 2009 y que, desde entonces, sumó beneficiarios y cambió de nombres con las distintas gestiones, incluyendo la de Cambiemos.

El “Programa de Acompañamiento Social” tiene la mira puesta en los hogares con un alto grado de exclusión y vulnerabilidad social. Y apunta, “a mejorar las condiciones de vida de los mayores de 50 años, las madres de más de cuatro hijos y de los adultos mayores” que con situaciones especiales relacionados con la salud, la soledad y la seguridad financiera. “La intención es ir más allá de la ayuda inmediata y buscar el empoderamiento de los individuos y sus núcleos familiares, fomentando la autonomía y la igualdad de oportunidades en una sociedad que aspira a ser más justa e inclusiva”, detallan.

El programa, según adelantan, tendrá un fuerte énfasis en la construcción de capacidades y el fortalecimiento familiar. En esa línea enumeran la organización de talleres y diálogos sobre educación, salud, nutrición y derechos humanos que fortalezcan el tejido social y comunitario. Y agregan la identificación y aprovechamiento de oportunidades económicas para incrementar los ingresos del hogar y asistencia técnica y capacitaciones para impulsar emprendimientos socio-productivos, apoyo financiero y técnico para proyectos que fomenten la economía solidaria.

Las prestaciones monetarias y no monetarias del programa se centran “en reforzar la capacidad de las familias para integrarse socialmente y romper el ciclo de pobreza intergeneracional”. Las primeras se otorgarán por beneficiario, alineándose con la estructura del anterior programa Potenciar Trabajo. Cada prestación se definirá con precisión en las resoluciones específicas del programa, que también detallarán su duración y posibles actualizaciones.

Al programa le asignan un enfoque en resultados concretos y un horizonte inicial de dos años, con la opción de ser prorrogado en función de su éxito y eficacia. La inversión social para este período asciende a más de un billón de pesos.