No fue solo un discurso de campaña o la redacción de un DNU que entró en vigencia al momento de su publicación oficial: el Poder Ejecutivo Nacional ya está tomando medidas que normalizan la economía tirando por tierra prácticas burocráticas, corruptas y bien representativas de lo que era la “casta”.

¿A qué nos referimos? El 22 de diciembre pasado, el flamante secretario de Comercio de la Nación, Pablo Lavigne, dejó sin efecto el sistema de licencias no automáticas para la exportación e importación. Ahora ahondaremos en las implicancias macro y microeconómicas de esto, pero quiero aprovechar la metáfora para ir profundo en los subsuelos del Ministerio de Producción nacional que hasta diciembre funcionaban como caldo de cultivo para nichos de corrupción.

El sistema de licencias es un mecanismo que servía para limitar y condicionar el funcionamiento del comercio exterior. En nuestro país se utilizaban -en particular- con discrecionalidad para proteger masivamente a ciertos sectores de la economía y, por el contrario, perjudicar a otros.

Antes se llamaron DJAI, luego SIMI y hasta hace algunos días fueron las famosas SIRA. Antes que se desgarren las vestiduras los voceros de la producción local, hay que entender que esta medida no libera la economía. Elimina impedimentos para su sano desarrollo, lo cual es diametralmente diferente.

Para proteger sectores que no estén listos para competir con importaciones de otros países, contamos con herramientas mucho más efectivas y modernas. No estamos inventando la pólvora: tenemos a mano las medidas antidumping, continúan los aranceles existentes. Porque, y parecería ser que siempre hay que aclararlo, no somos un satélite, sino que orbitamos dentro del Mercosur y se mantienen vigentes los reglamentos técnicos para cada nomenclatura como siempre ha sido. 

Entonces, ¿qué eliminamos con el fin de las SIRAS? Además de un sistema arcaico, discrecional y caprichoso, eliminamos las vías de corrupción y el clientelismo salvaje.

¿Sabías que la primera medida tomada por el Secretario de Comercio de Alberto Fernández había sido aumentar a 1.500 posiciones las licencias no automáticas, especialmente a textiles y vestimenta? También desactivaron el bot que aprobaba importaciones con requisitos permitidos y lo reemplazaron por -atención- reuniones con funcionarios. Pedías una audiencia y te sentabas a discutir con un burócrata si te dejaban o no importar algo, en función de las circunstancias de ese mano a mano y no de las necesidades de tu actividad.

Y de esas reuniones dependía toda una cadena productiva de alguien que, por ejemplo, tenía que importar materiales de construcción que no se fabricaban en Argentina y cumplir con plazos de avance. Sobran historias de empresas que perdieron contratos y quebraron por la falta de transparencia en la aplicación de esos plazos. Eran medidas implementadas al azar, de manera discrecional y con intercambios fraudulentos que jugaban con la desesperación de las empresas.

Desde la Fundación Apolo, la cual lidero como apoderado, no solo hemos denunciado este sistema corrupto que el actual Gobierno acaba de desmantelar, sino que venimos denunciando otros hechos como el «Vacunatorio Vip», el «Olivosgate», el «Yategate» y cada comportamiento de los funcionarios que, al vulnerar el orden jurídico y la ética pública, nos aleja del país libre y próspero que queremos ser.

La transición no va a ser fácil ni celebrada por muchos. Pablo Lavigne se pone al frente de una cruzada para implementar una verdadera facilitación del comercio exterior. No es un DNU presidencial ni una medida aislada de la Secretaría de Comercio. Son acciones que trabajaremos para chequear y balancear desde el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial como la república que somos.

Es ahora cuando tenemos que trabajar garantizando procesos transparentes y justos que marquen el camino hacia una nueva era en la economía y sociedad argentina. Hacia allí vamos.

(* – Yamil Santoro es diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Republicanos Unidos).