El Gobierno activó finalmente la contraofensiva judicial. Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, presentó este viernes una medida contra la cautelar que puso en pausa el capítulo laboral del DNU 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei. Se trata de un recurso extraordinario con el que el oficialismo apuesta a que sea la Corte Suprema la que resuelva la disputa.

El recurso fue presentado ante la Cámara del Trabajo, el tribunal que el miércoles de la semana pasada dio lugar al pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) para suspender la reforma laboral contenida en el megadecreto de 366 artículos.

El fallo de la Cámara del Trabajo no generó malestar ni pesimismo en el Gobierno, que esperaba una resolución en ese sentido. De igual modo, la reacción del oficialismo no tomará por sorpresa a los gremialistas: desde el Gobierno ya habían anticipado la estrategia jurídica y que el excortesano Barra, una de los orfebres jurídicos más experimentados del oficialismo, llevaría el trámite hasta el último tribunal. “Nadie dijo que todo iba a salir fácil”, deslizaron a LA NACION fuentes oficialistas, en su momento.

Hace poco más de una semana, los camaristas Andrea García Vior y Alejandro Sudera –con la disidencia de la tercera integrante del tribunal, María Dora González – decidieron suspender la reforma laboral contenida en el decreto de necesidad y urgencia. Fue una medida cautelar dispuesta ante la maniobra judicial de la Confederación Federal del Trabajo. González, la disidente, solicitó que el expediente se tramitara en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso.