El flamante secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se reunió hoy al mediodía con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y con el director ejecutivo de la entidad, Diego Coatz. En ese encuentro, se comprometió a intentar derogar la Ley de Abastecimiento.

Según fuentes de Gobierno, si bien se trató de una reunión de presentación después de que Lavigne fuera finalmente oficializado hoy en el cargo, los representantes de la principal central fabril del país se llevaron el compromiso de que el Gobierno podría dar de baja la norma que habilita al Estado nacional a fijar precios máximos y a sancionar a empresas que suban los precios de manera presuntamente injustificada.

La ley de Abastecimiento (Ley N° 20.680) data originalmente de 1974 y fue utilizada en su momento por el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, para atacar a la petrolera Shell.

Entre 2006 y 2008 le inició alrededor de 119 sumarios. En 11 de ellos, la compañía fue absuelta. En otros 83, Moreno le aplicó multas y todas fueron apeladas en la Justicia ordinaria.

Si bien en 2014, la ley fue actualizada (Ley N° 26.991) y se eliminaron algunas de las disposiciones más controversiales del texto primigenio, como las penas privativas de la libertad, en ese entonces se incorporó un régimen con importantes herramientas con las que el Gobierno podría intervenir con fuerza en la economía y en el comercio.

Así, en años recientes fue mencionada en varias oportunidades por distintos funcionarios, como el exministro de Desarrollo Productivo de Alberto Fernández, Matías Kulfas, en momentos de subas de precios como una herramienta para impartir disciplina.

El presidente Javier Milei dijo que en su gobierno la Secretaría de Comercio no iba a desarrollar conductas coercitivas sobre el mercado, una afirmación que fue celebrada, entre otros, por Funes de Rioja. “Nunca creímos en los controles de precios”, dijo a la prensa hace unas semanas. Además de presidir la UIA, Funes de Rioja es titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), integrada por varias empresas que participaban del extinto acuerdo de Precios Justos.

Acuerdos de precios

En este sentido, el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, recibió hoy también a los presidentes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), Ricardo Zorzón, y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Palpacelli, junto a Ricardo Cáceres y Marcelo Schvarzstein, directivos de ambas entidades.

Si bien Blanco Muiño planteó la forma en que funcionará la Secretaría de Comercio en la nueva administración, descartando totalmente la intervención del organismo en la fijación de precios o en el establecimiento de controles sobre las empresas del sector, sí se convino que los integrantes de CAS y FASA elaborarán “voluntariamente” una lista de productos con “precios muy convenientes para ofrecerlos en la red de todo el país”.

Lanzado en noviembre de 2022 por el exministro de Economía Sergio Massa, el último programa Precios Justos mantuvo artificialmente bajos los precios de hasta 30.000 productos de consumo masivo hasta el balotaje que dio vencedor a Milei.

Desde entonces, empresas de consumo masivo están enviando listas con actualizaciones a los supermercados de grandes superficies para recuperar parte de lo que habría sido el margen perdido en estos meses de subas por debajo del índice de inflación.

En las dos semanas que siguieron a la segunda vuelta, los aumentos fueron en promedio del 40%, pero ayer se sumaron nuevas listas con incrementos de entre el 25% y el 100% tras la devaluación del 54% del peso anunciada el martes por la tarde por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en busca de reducir la brecha cambiaria.

Ahora 12

Por último, otra de las definiciones del día provenientes de la Secretaría de Comercio es que el programa Ahora 12, que ofrecía hasta 24 cuotas con tasas subsidiadas por el Gobierno, dejará de funcionar el próximo 31 de enero.

Según dijeron en la Secretaría, “los programas terminan y no se renuevan, pero se está estudiando una nueva política para favorecer el financiamiento”.