El pedido de desafuero había sido solicitado por los fiscales Flavio D’Amore y Patricia Atur, quienes investigan a la legisladora provincial por los delitos de «fraude a la administración pública y coacción» cuando era Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, cargo que ejerció hasta el último 10 de diciembre.
Ortiz, que asumió su banca por La Unión Mendocina (LUM) hace poco más de 10 días, seguirá siendo diputada pero ya sin la inmunidad parlamentaria, de acuerdo al artículo 167 de la Constitución de Mendoza, que ahora le permitirá a la Justicia notificar a la legisladora por «substanciación formal de la causa» y podrá ordenar las medidas procesales pertinentes.
El presidente del interbloque de Cambia Mendoza, Enrique Thomas, graficó que le toca «el cierre de esta novela» y advirtió que «algunos colegas de LUM estuvieron y están muy incómodos con esta situación».
«Todos los que están involucrados (en la causa de la Municipalidad de Las Heras) están imputados, salvo la diputada Ortiz«, en razón de los fueros, que luego le fueron quitados, expresó el diputado provincial.
Además, Thomas opinó que la nota en la que expresa que «se somete a voluntad de la mayoría» que presentó la legisladora «no es un gesto de grandeza, sino indigno» y agregó: «Yo no acepto esa nota. De repente hasta ayer tenía problemas y hoy no. Es inaceptable».
«Esto no termina acá; se va a agravar la situación. Les pido a los diputados honorables que intentan defenderla, se abstengan», cerró el legislador.
En su cuenta de la plataforma X la diputada expresó: «Como no tengo nada que esconder, he presentado voluntariamente mi propio pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados», adjuntando imágenes de su misiva.
Ortiz llegó a esta instancia luego de que el martes la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Mendoza emitió despacho por mayoría para proceder al desafuero.
La causa de la «cooperativa fantasma»
Todo se desprende de la causa “cooperativa fantasma” en la que se investiga que un grupo de funcionarios y allegados se habría enriquecido con dinero del Estado municipal mediante licitaciones y contrataciones irregulares.
Ortiz es acusada de haber ordenado pagos a una cooperativa llamada “Manos a la Obra”, sin contar con la firma del intendente, y de integrar la comisión de pre-adjudicación que avaló todo lo actuado, informó el portal Mendoza Post.
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