Se espera que esta semana se complete la designación de las y los 16 integrantes de la Bicameral Permanante. El Gobierno tiene plazo hasta el 5 de enero para enviar el texto para su tratamiento legislativo.Si bien el Gobierno no incluyó el DNU en la convocatoria de sesiones extraordinarias, ese organismo parlamentario puede conformarse y tratar el DNU así como emitir dictamen, pero hay debate en torno a si lo puede tratar o no en el recinto de sesiones por no haber sido incluido en el llamado a este período, que se extenderá desde mañana hasta el 31 de enero.
En su artículo 6, la Ley 26.122 -por la cual en 2006 se estableció el trámite que deben seguir los DNU en el Congreso- establece que la Comisión Bicameral Permanente «cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación», con lo cual puede deliberar en cualquier momento. Sin embargo, las interpretaciones varían en lo que respecta a si se puede tratar o no en el recinto de sesiones fuera del período ordinario, que va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, con posibilidad de prórroga.
Sin embargo, hay un plazo que el Ejecutivo debe cumplir: el artículo 12 de la Ley 26.122 determina que, «dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente».
De esta forma, el presidente Javier Milei, tiene plazo hasta el 5 de enero próximo para enviar el DNU 70/2023 al Congreso.
En su participación en el programa de Mirtha Legrand el sábado último, en Canal 13, Milei puso el acento en la importancia que representa para su plan de gobierno la aprobación de esa nota y se mostró confiado en lograrlo: «Si logramos sostener este DNU, va a ser muy positivo», remarcó.
«Apuntamos a que haya un shock de inversiones gracias al shock de libertad que damos en ese DNU», apuntó Milei, quien sostuvo que «la clave de este plan es que el aumento de ahorro por el ajuste tenga contrapartida en inversión».
«La idea es que haya un shock de inversiones como consecuencia de un shock de libertad con quita de regulaciones», completó.
El decreto de necesidad y urgencia de desregulación de diferentes aspectos de la economía fue anunciado el miércoles pasado por el mandatario a través de una cadena nacional, en tanto, al día siguiente, quedó oficializado con su publicación en el Boletín Oficial.
La norma en cuestión, que ahora deberá ser analizada por el Congreso, deroga una treintena de leyes -como la de Alquileres, de Góndolas y de Abastecimiento- establece reformas en la legislación laboral y en la desregulación de las obras sociales y prepagas, así como el sistema de tarjetas créditos, y convierte las empresas públicas en sociedades anónimas para su futura privatización
De todas maneras, mientras sigue el tratamiento parlamentario, un DNU tiene vigencia. Es que, de acuerdo con lo establecido por las normas, los decretos de necesidad y urgencia siguen activos en tanto las dos cámaras del Congreso no rechacen la norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.
Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una «sanción ficta» o tácita.
De hecho, el Congreso Nacional hasta ahora no derogó ningún DNU pero tampoco nunca se habia dictado una norma que contiene mas de trescientos reformas a la legislación vigente en materia económica, laboral y de salud.
La vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en los últimos días y se espera que esta semana oficialicen la designación de los 16 miembros que tendrán la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, cuya presidencia este año le tocará ejercer a la Cámara alta, ya que su último titular fue el ex diputado Marcos Cleri (FDT).
De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.
El ministro del Interior Guillermo Francos, quien estuvo el jueves último en el Congreso Nacional, y se reunió con Villarruel y Menem, afirmó que el armado de la Comisión Bicameral para tratar el DNU en el Congreso es «central» y se está «trabajando para poder constituirla».
«Nuestra representación parlamentaria es minoritaria, pero se construye mayorías a través de consensos y acuerdos para que nos permita llevar adelante el objetivo», concluyó.
La integración de la Bicameral
En el Senado, la Vicepresidenta fue autorizada a conformar el cuerpo legislativo con tres senadores del Frente de Todos y otros cinco de las demás fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza (LLA), además del radicalismo, el PRO, Cambio Federal (conformado por exintegrantes de Juntos por el Cambio) y Unidad Federal (de peronistas disidentes y el oficialismo cordobés).
Sin embargo, los legisladores del FDT siguen reclamando tener cuatro lugares y por eso proponen a María Teresa González, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag, aunque desde el oficialismo ya tienen definido le otorgarán tres representantes.
Si bien no fue oficializada la lista, la mayoría estará integrada por el oficialista de LLA Juan Carlos Pagotto, de La Rioja, a quien la Libertad Avanza propone como presidente de la bicameral.
También estarían en representación del Senado el radical chaqueño Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez, del PRO; el macrista Juan Carlos Romero, de Salta, y el peronista correntino Carlos Espínola.
Por Diputados, en tanto, están nominados Oscar Zago, por La Libertad Avanza; Francisco Monti, de la UCR, Hernán Lombardi, del PRO; y Nicolás Massot, de Cambio Federal.
Aún no está definido si Unión por la Patria se quedaría con 4 ó 3 sillas en la bicameral. Tampoco trascendieron los nombres.
Además de definir la conformación, el oficialismo deberá encarar una negociación con la Unión Cívica Radical, el PRO, Cambio Federal, Hacemos con Córdoba, bloques provinciales, que con matices objetaron que el Gobierno se haya inclinado por un DNU en lugar de haber convertir esas propuestas en proyectos de ley, ya que sostienen que avalarían varias de los cambios impulsados por el presidente Milei.
Desde la UCR y el acuerdo parlamentario piden que el Gobierno convierta ese DNU en varios proyectos de ley, pero el oficialismo no acepta hasta ahora ese pedido ni tampoco dividir el decreto.
Uno de los temas que genera dificultades para poder respaldar algunas de las propuestas contempladas en el DNU es que su tratamiento debe ser en conjunto y no se puede fragmentar, de acuerdo con lo establecido por la Ley 26.122.
En ese sentido, se establece que «no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes».
Por eso motivo, la UCR está preparando un proyecto de ley tendiente a modificar el marco normativo que regula el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo.
Desde la principal fuerza opositora, el bloque de UxP, liderado por Germán Martínez, define su estrategia con organizaciones sociales y la CGT, que el miércoles realizará una marcha a Tribunales para acompañar la presentación judicial pidiendo la inconstitucionalidad de ese decreto.
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