El Gobierno provincial corrigió el decreto 1979, que mantenía el secretismo sobre el contrato de traspaso del 88% de las acciones de Potasio Río Colorado a la compañía Minera Aguilar, y emitió este martes otra norma legal para eliminar las cláusulas de confidencialidad.

El artículo 6 del artículo del decreto original que llegó a la Legislatura determinaba la prohibición de la difusión de los anexos del acuerdo con la empresa de José Luis Manzano. Luego de que la noticia tomara estado público, el gobernador Rodolfo Suarez explotó y pidió explicaciones a sus colaboradores, ya que su orden explícita fue que toda la información del contrato (excepto los ítems relacionados a secretos industriales y comerciales) sea pública y de fácil acceso.

El error obligó a rectificar ese artículo 6, dejando sin efecto la omisión de “la publicación del Anexo y Anexo 1” del contrato con Minera Aguilar. La modificación se plasmó en el decreto 2014, firmado por Suarez y por el ministro de Economía, Enrique Vaquié.

En los considerandos de la medida se destaca que la empresa que explotará el yacimiento de sales de potasio en Malargüe liberó expresamente al Gobierno “del compromiso de confidencialidad asumido en el contrato de compraventa de acciones”.

Esa nota firmada por el presidente de Minera Aguilar, Nicolás Mallo Huergo, llegó a Casa de Gobierno el miércoles 27 de septiembre por la tarde. Algunas horas antes, Suarez había firmado el decreto 1979 que, por un error administrativo, nunca fue corregido antes de ser enviado a la Cámara de Diputados.

Esa confusión generó un gran revuelo en el Ejecutivo y derivó en una reunión de urgencia realizada este martes por la mañana, que fue encabezada por Suarez. Participaron Vaquié, Emilio Guiñazú (presidente de la empresa estatal PRC), Víctor Ibañez (ministro de Gobierno) y abogados que llevaron adelante el proceso y la negociación con Minera Aguilar, que se comprometió a invertir 1.000 millones de dólares en un plazo de cinco años.

Tras ese encuentro se firmó el nuevo decreto, que en sus considerandos determina: “En razón de lo expuesto por Compañía Minera Aguilar Potasio SA, resulta innecesaria la omisión de la publicación de los mencionados anexos del decreto N° 1979/2023, en tanto su contenido no atañe a información comercial, industrial o tecnológica de las partes”.

Luego de esa modificación sustancial, el próximo paso que dará el Gobierno será explicar las claves del contrato e intentar despejar las eventuales dudas de los diputados y senadores, que deben ratificar el convenio. En tal sentido, el próximo viernes desde las 9.30, Vaquié y Guiñazú llegarán a la Legislatura para brindar detalles del acuerdo -que tiene once tomos- en una reunión que, según fuentes del Gobierno, será abierta a la prensa.

Hay que recordar que la Fiscalía de Estado dictaminó que el Ejecutivo debía fundamentar “en forma precisa” y sin “frases vagas y/o ambiguas“ la confidencialidad del acuerdo con Minera Aguilar, entre otros requisitos y sugerencias. Ahora, tras el flamante decreto 2014 que eliminó el secretismo, no hará falta esa justificación.