El abanico de consignas tan llamativas como dudosas va desde la motosierra para podar el gasto público enarbolada por el liberal Javier Milei (La Libertad Avanza), hasta el salario mínimo de $500.000 mensuales propuesto por la anticapitalista Manuela Castañeira (Nuevo MAS). En similares extremos se ubica el peronismo desunido de Unión por la Patria (UP): Sergio Massa promete derrotar a la inflación sin explicar cómo, después de haberla duplicado y catapultado a 120% en sus 12 meses de gestión ministerial y Juan Grabois nacionalizar los recursos productivos estratégicos en simultáneo con la ruptura con el FMI. Y si bien en Juntos por el Cambio (JxC) hay consenso –con matices instrumentales y de timing– sobre la necesidad y urgencia de aplicar en diciembre un plan de estabilización y reformas por ley para impulsar un crecimiento económico sostenido, la mayor discrepancia interna pasa por otro lado. Patricia Bullrich pretende imponerlo y contar con apoyos extrapartidarios (LLA), mientras Horacio Rodríguez Larreta apunta a buscar acuerdos con el peronismo no kirchnerista (ni feudal) para que futuras políticas de Estado cuenten con mayor respaldo político. Aquí reside el meollo de la cuestión que dirimirán las PASO.

La clave es cómo tender un puente para llegar desde un punto extremadamente bajo como el actual (con inflación de tres dígitos; mayor pobreza y desigualdad social; sequía de reservas en el BCRA; cepo, múltiples tipos de cambio, brecha de 100% con el oficial, deuda de US$13.000 millones por pagos pendientes de importaciones; creciente emisión de pesos que “queman” y fuerte distorsión de precios relativos), hasta otro más alto y prometedor para los próximos años ante la mejora del contexto externo para la Argentina (con precios internacionales más altos para la energía, la agroindustria y la minería) que se prevé a partir de 2024.

Ese hipotético puente será más precario y movedizo cuanto mayor sea la grieta y la ausencia de diálogo político. En un país que tuvo políticas populistas en 12 de los últimos 16 años y se habituó durante décadas al “viaje ahora y pague después”, no es nada sencillo pedir sacrificios en el presente a cambio de beneficios a futuro. Tampoco compartir los costos políticos de un imprescindible reordenamiento para que la macroeconomía argentina funcione de manera relativamente “normal”; al menos, como las de sus países vecinos.

Menos aún cuando el candidato oficialista con mayores chances de llegar al balotaje ahora basa su campaña electoral en un populismo sin recursos y medias verdades, al más puro estilo K, pero también sin plan económico ni reglas previsibles.

Desde una perspectiva más amplia y abarcativa, el principal activo de la oposición de JxC es contar con varios equipos de profesionales que trabajan desde hace meses en el diseño e instrumentación de programas económicos integrales de estabilización y crecimiento. Los más notorios son los que encabezan Luciano Laspina (Bullrich) y Hernán Lacunza (Larreta). Además, Carlos Melconian y Enrique Szewach presentaron hace poco más de un mes, ante empresarios convocados por la Fundación Mediterránea, el programa elaborado por un equipo de 70 economistas y disponible para el próximo gobierno. Entre sus principales propuestas figuran alcanzar el equilibrio fiscal para bajar la inflación y flexibilizar secuencialmente el cepo cambiario, así como institucionalizar a mediano plazo el bimonetarismo que existe de hecho hace años, a través de una reforma por ley del Código Civil para que los contratos puedan ser realizados en pesos o dólares (ver LA NACION del 1° de julio).

Esta semana, en el ciclo mensual del Estudio Broda, Laspina señaló que los ciclos populistas siempre terminan en crisis cambiarias cuando se agotan las reservas y que en diciembre habrá tres nuevas condiciones favorables para poner en marcha un nuevo régimen económico: la perspectiva de un gobierno racional (como los de Menem-Cavallo y Kirchner-Lavagna); la probable pérdida del kirchnerismo de su mayoría en ambas cámaras del Congreso y un contexto externo que ofrece a la Argentina una segunda oportunidad de crecimiento, comparable con la expansión de la frontera agrícola. Ahora con exportaciones de gas natural, desarrollo de energías renovables (eólica y solar); producción de litio para baterías y de cobre para conductores eléctricos.

También anticipó las tres primeras reformas que impulsará Patricia Bullrich si se impone en la elección presidencial:

• Ley de protección de inversiones de capital intensivas superiores a US$100 millones en todos los sectores, con beneficios impositivos (amortización acelerada y devolución anticipada de IVA); acceso a divisas; estabilidad fiscal (similar a la ley de Minería de los ‘90, luego incumplida) y nuevo acuerdo con las provincias para aplicarla con una estructura tributaria razonable.
• Modernización de leyes laborales “para dinamitar la industria del juicio” con sentencias millonarias contra los empleadores.
• Simplificación, desregulación económica y desburocratización, a través de un digesto para derogar leyes anacrónicas que conspiran contra la producción y las exportaciones.

Paralelamente, incluyó como desafíos para la estabilización económica una estrategia para la salida del cepo, la reestructuración del gasto publico, el freno a la emisión y la recomposición de precios relativos.

Por otra parte, Martín Redrado –que integra el equipo de Larreta– anticipó por escrito “seis propuestas de leyes para volver a crecer y nos vuelvan a creer” (a los políticos):

• Ley de estabilidad monetaria, con un BCRA independiente que no emita pesos sin respaldo; tenga prohibido financiar al sector público y vuelva a tener reservas constantes y sonantes como en 2010.
• Ley de Reforma del Estado y desindexación del gasto público, a través de cambios profundos en las estructuras administrativas para hacerlas más ágiles, menos burocráticas. Incluye la reestructuración de empresas públicas y que los ministros rindan cuentas trimestralmente en el Congreso para detallar en qué gastan sus partidas presupuestarias.
• Ley de modernización de la estructura impositiva, destinada a simplificar tributos y ampliar la base impositiva con el objetivo de pagar menos impuestos y tener más contribuyentes.
• Ley de impulso a las exportaciones, con una política exterior encabezada por la Cancillería, una mirada productiva para abrir nuevos mercados y generar nuevas oportunidades de exportación. Con el incentivo adicional de que las empresas que vendan más unidades o produzcan más no tendrán retenciones sobre ese incremento.
• Ley nacional de infraestructura con visión federal, que prevé ejecutar aquellas obras públicas estratégicas para el desarrollo del país con financiamiento de organismos multilaterales.
• Ley de emergencia energética. Apunta a dotar de garantías y seguridad jurídica a aquellas empresas que inviertan en el país para construir los dos gasoductos que la Argentina necesita. Como Bolivia se queda sin gas, es necesario tender un gasoducto desde Rosario hasta San Pablo para pasar del actual déficit de US$1500 millones a un superávit de US$10.000 millones en 2025.

Vale recordar, para que estos proyectos se conviertan en leyes, que en las PASO como en las elecciones de octubre es tan importante votar a candidatos a Presidente como a diputados y senadores nacionales.