Desde la CGT observan con dramatismo la profundización de la crisis social y económica a pesar de que los niveles de empleo se mantienen, incluso con algunas actividades con repuntes marcados, como es el caso de la construcción, apalancada por la obra pública en tiempo de campaña electoral. Sin embargo, la informalidad laboral y la licuación salarial son preocupaciones urgentes de difícil resolución para los gremios, la mayoría de ellos abiertos a explorar modificaciones en sus convenios colectivos que no impliquen pérdida de derechos, pero sí una modernización en las tareas que les garantice estabilidad y un ingreso fijo que se ajuste periódicamente mediante las paritarias.

La reforma laboral que propone un sector de la oposición impactó en la CGT, que sale de a poco de su letargo y amaga con poner la guardia en alto. Al rechazo furioso y sin argumentos de otros tiempos, los sindicatos les abren ahora una puerta a los eventuales cambios. En una reacción casi de supervivencia, apuran una suerte de contra oferta para poner en la mesa en caso de que el debate avance. Además de proponer reducir la jornada laboral legal de 48 a 40 horas como supuesto atajo para que las empresas tomen más trabajadores, un grupo influyente de gremios ya dio el visto bueno para que se active un blanqueo laboral e impulsa una serie de beneficios fiscales y mecanismos de contratación diferentes para las pymes, que son las que emplean al 75% de los asalariados registrados, según la confederación empresarial que las nuclea. Gerardo Martínez, jefe de la Uocra y uno de los promotores sindicales de la candidatura presidencial de Sergio Massa, es uno de los que trabaja en la iniciativa, cuyo borrador sería revisado la semana próxima por la mesa chica cegetista. ¿Pasará el filtro de Pablo Moyano?

La informalidad laboral es un agujero en el que caen cada vez más asalariados desprotegidos y con más chances de quedar del otro lado de la línea de pobreza. Hoy ya son más de ocho millones, el 45% de la población activa trabajadora, según un informe regional elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en base a índices oficiales y que incluye a los cuentapropistas. Vista la problemática desde el Estado, significa una fuerte baja de aportes al Sistema Previsional, que requiere de un financiamiento constante. Visto desde el lado sindical, se les reduce drásticamente la torta de trabajadores a representar.

“Si uno ve las tasas de informalidad y las de empleo registrado en la última década está claro que hay menos puestos de trabajo. Es necesario combinar productividad, competitividad, formalización laboral y una mejora del poder adquisitivo. La formalización es un camino hacia los derechos. Pero hace falta un marco normativo que lo permita”, sugiere Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Massa logró ligeramente controlar la situación y dar señales al Fondo Monetario Internacional (FMI) con un ajuste que el kirchnerismo calla incómodo, pero que no basta para que el organismo de crédito acepte todavía una renegociación de la deuda. “En 2022, la gestión del Frente de Todos prácticamente duplicó el registro histórico de inflación que había tenido la gestión de Macri”, escribió en febrero pasado Tomás Raffo, economista del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.

Con datos, Raffo afirmó que la poda del gasto está en marcha, y responsabilizó a Massa, a quien vinculó con Estados Unidos, el FMI y hasta con Juntos por el Cambio. El informe, en base a cifras del Indec, hizo hincapié en que el año pasado los asalariados registrados tuvieron una caída del salario real de 3,6% promedio y los informales, de 9,5%. La jubilaciones y pensiones no quedaron exentas: cayeron un 11,4%, al igual que la Asignación Universal, mientras que la Tarjeta Alimentar perdió un 22%. “Si se observan las cuentas fiscales de 2022 resulta que los ingresos del Estado se incrementaron al ritmo de la inflación (92%), pero el gasto público creció la mitad (54%). Este ajuste del gasto se concretó principalmente en las jubilaciones, prestaciones sociales y las transferencias a las provincias”, reforzó el informe. Las proyecciones para 2023 que se cocinan en este think thank sindical tampoco son alentadoras.

A la luz de estos números se entiende el distanciamiento del Gobierno del dirigente estatal Hugo Godoy, jefe de esta vertiente de la CTA que supo comulgar con el kirchnerismo. Godoy, que ayer se mostró en un acto con Axel Kicillof, activó hace algunas semanas un paro indolente desde su capacidad de daño, aunque muy simbólico para dejar en evidencia la pasividad de la mayoría del movimiento obrero ante el ajuste. Expuso de alguna manera a la CGT y a la CTA de Hugo Yasky y Roberto Baradel. Estas centrales se alinearon a pleno detrás de la candidatura presidencial de Massa y organizan un acto para fin de mes en señal de respaldo. Se les viene el difícil desafío de pedir el voto por el ministro de economía de la inflación de tres dígitos.

Massa, de alguna manera, ordenó la interna peronista. También alineó a la tropa sindical, siempre dispersa y camaleónica, y con un termómetro especial para identificar crisis y nichos de poder. De todos modos, los jefes sindicales tienden puentes con Juntos por el Cambio (JXC) para conocer de antemano las intenciones reformistas de la oposición. Hay algunos sindicalistas que aseguran que no van por ellos. “Nosotros no somos el problema. El problema es la informalidad y la pobreza. Ya lo hablamos con Patricia [Bullrich] y Horacio [Rodríguez Larreta]”, dijo un dirigente de un gremio industrial con diálogo con los dos precandidatos.

La reforma laboral que impulsa Juntos por el Cambio

La disputa entre Rodríguez Larreta y Bullrich por el liderazgo de la oposición es una batalla que divide a JXC en dos bandos que podrían ser hasta irreconciliables después de las primarias del 13 de agosto. Sin embargo, en lo relativo a sus planes para el mundo del trabajo, los duros y los moderados comparten miradas y sus equipos hasta actúan codo a codo, con la Fundación Pensar como usina de ideas. Tienen como hoja de ruta el proyecto de reforma laboral que Cambiemos intentó aprobar en 2017, cuyos tres puntos principales son los siguientes:

–Indemnizaciones: la iniciativa pretende modificar el cálculo del resarcimiento o avanzar hacia un fondo de cese laboral voluntario al estilo del de la Uocra. El fondo de desempleo en la construcción funciona así: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario. La propuesta de JXC apunta a actividades con alta rotación, como por ejemplo el sector gastronómico. Gustavo Ciampa, abogado laboralista vinculado al oficialismo, sostiene que el fondo de cese “es inconstitucional” y defiende el sistema de indemnización actual con el argumento de que los índices de desocupación están a la baja.

–Blanqueo laboral y multas: establece un período de un año para la regularización con los seis primeros meses a costo cero para el empleador y los restantes, con un descuento del 70 por ciento. Promueve, además, la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa por la contratación informal de trabajadores. La intención es disminuir las multas para no fomentar la industria del juicio. Hay un proyecto de ley sin tratar para cambiar la fórmula de cálculo de las multas por trabajo no registrado utilizando de base un porcentaje del salario mínimo, vital y móvil para que haya previsibilidad y los montos no queden a discreción de un juez.

–Período de prueba: pretenden extender el período de prueba a seis meses y crear un régimen simplificado para los siguientes 12 meses con el desafío de facilitar el ingreso al mercado laboral estable.

En paralelo a estos tres ejes centrales, la oposición construye una reforma más amplia que requerirá eventualmente de una confrontación más dura con los movimientos sociales y los sindicatos. Con los primeros, porque se prevé desplazarlos como intermediarios de la ayuda y porque se exigirán requisitos, como educación y formación, para acceder al beneficio. Con los gremios, hay dos ítems que podrían tensionar la disputa. Uno es la elevación del porcentaje de empleados para que haya delegados gremiales en las empresas, un cambio que significaría volver a la normativa que regía en 1979, durante la dictadura militar y cuyo objetivo es limitar la representación sindical en los lugares de trabajo. “Es para sacarles el pie de encima a las pymes”, argumenta un dirigente opositor que trabaja en el borrador. El otro asunto tiene que ver con poner fin a los bloqueos como una forma de extorsión y la promesa de apelar a las fuerzas de seguridad “para hacer cumplir la ley con las consecuencias penales y contravencionales, para terminar con la violencia y amenazas en fábricas”. Son por ahora propuestas de una campaña electoral, que con el cierre de las candidaturas, ya tuvo su campanazo de largada.