Marcelo Aguilar – LA NACION
El gobierno de Córdoba es el otro que sigue ese camino; el resto analiza la medida; hay reticencia a usar los depósitos propios
Mendoza también irá a la Justicia Federal, al igual que Córdoba, por la disposición del Banco Central que las obliga a pagar el 60% de sus deudas con dólares propios o conseguir una nueva financiación que deberán gestionarse. Siguen las interconsultas y la resistencia entre los gobernadores y ministros de Economía de las provincias.
“La resolución del BCRA con la que impiden a las provincias comprar dólares al precio oficial para pagar sus deudas, duplicando así el costo de la misma u obligando a refinanciar, es violatoria a sus autonomías, discriminatoria y antifederal, complicando el proceso de pago”, indicó el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez.
El jueves, la administración de Juan Schiaretti, en Córdoba, anunció que presentará una cautelar a la vez que subrayó que “no están en riesgo” los pagos hacia adelante. El 10 de este mes enfrenta un vencimiento por US$163 millones; en septiembre otro por US$16 millones y, en diciembre, por US$159 millones.
Hoy insistió: “Exigimos que se derogue esa resolución y lo que hemos hecho para salvaguardar los intereses de todos los cordobeses es entrar a la Justicia Federal con un recurso de amparo pidiendo que lo obligue al Banco Central a que nos venda los dólares necesarios. “Córdoba no va a entrar en default porque nosotros vamos a tomar todas las medidas adecuadas para que nuestra Córdoba siga cumpliendo como lo ha hecho siempre con sus obligaciones internacionales”, afirmó.
Las provincias, en su conjunto, tienen depósitos en dólares por US$1326 millones, según datos oficiales a marzo pasado. Encabeza el listado, con US$478 millones, Buenos Aires; la siguen CABA con US$343 millones, Mendoza con US$147 millones y Córdoba con US$147 millones. Después se acomodan Chubut con US$45 millones; Neuquén con US$24 millones; Santa Fe y Salta, con US$22 millones; Tierra del Fuego, con US$14 millones; y con US$12 millones cada una Chaco y Entre Ríos. La Rioja y Jujuy deben US$4 millones.
Los gobernadores, más allá de las pertenencias partidarias, se niegan a usar esos dólares y entienden que el BCRA les debe permitir comprar al valor oficial los montos que necesiten, que es como venían funciondo hasta ahora.
Entre constitucionalistas y abogados especialistas en temas financieros consultados por LA NACION hay diferencias respecto de si el BCRA está avanzando sobre las autonomías provinciales.
La diferencia es que para los primeros la autoridad monetaria no puede actuar porque no es un “Banco Federal” (como el que la última reforma de la Constitución impulsó en el inciso 6 del artículo 75) y, por lo tanto, no puede tomar “determinaciones que vayan contra el federalismo; cada provincia tiene su Tesoro, es soberana y autónoma”.
En cambio, otros especialistas en contratos financieros sostienen que el Central no está tocando los depósitos de las provincias, sino regulando el Mercado Único y Libre de Cambios, lo que está dentro de su ámbito. “Lo que no podría hacer es negarse a darle los dólares; si fuera así es otra historia”, resume una fuente. Los US$1326 millones de las provincias hoy son parte de las reservas brutas del BCRA.
Once fueron las provincias que, hasta septiembre de 2021, reestructuraron sus deudas: Buenos Aires, La Rioja, Neuquén, Chubut, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, Rio Negro, Córdoba, Salta y Chaco. Siete son las que tienen vencimientos por US$460 millones entre junio y diciembre. Un informe de la consultora 1816 señala que los depósitos que tienen “alcanzan para pagar el 60% de los vencimientos de capital” de lo que resta del año. Las excepciones son Entre Ríos y Jujuy, “a las que les faltan US$9 millones a cada una”.
Incluso el reporte señala -en línea con lo que sostienen desde el Central, pero sin atender que las objeciones de las provincias van por el lado jurídico- que en un escenario “extremo” en el que los gobiernos locales no pudieran acceder al MULC para pagar intereses, “cinco de las 14″ podrían hacerlo con sus depósitos, a seis el faltante les “representaría entre 1% y 2% de su presupuesto anual”, a tres, el 3% y solo en un caso llega al 5%.
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