La investigación, dirigida del juez Sergio Pinto, se originó a raíz de múltiples denuncias presentadas por víctimas en la localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, quienes fueron engañadas para invertir dinero en criptomonedas con la promesa de altos intereses.

La inversión inicial se recuperaba en un plazo de cuatro meses, y a partir de entonces, quienes daban su dinero recibían ganancias de hasta un 300 por ciento anual. Además, se alentaba a los participantes a incorporar a más personas a su grupo para obtener mayores retornos.

Aprovechando esta fachada, la red delictiva llevó a cabo una nueva estafa, esta vez vendiendo terrenos en un proyecto inmobiliario en desarrollo. Para garantizar la impunidad ante cualquier investigación, utilizaron un terreno en la zona del citado departamento y un nombre similar al de otro emprendimiento comercial cercano.

Estos terrenos eran ofrecidos como emprendimiento de vinos a precios considerablemente más bajos que su valor de mercado, atrayendo a numerosos inversores. Los estafadores mostraban una parte de un viñedo y empleaban un nombre similar al de otro proyecto inmobiliario cercano para generar confianza.

Además, ofrecían a los compradores potenciales la oportunidad de convertirse en vendedores de terrenos, prometiéndoles comisiones por las ventas realizadas, una promesa que nunca se cumplió.

Como resultado de la investigación, la policía llevó a cabo varios allanamientos en Marcos Juárez y San Rafael, logrando la detención de los cuatro miembros clave de la organización, incluido el contador encargado de las finanzas, el propietario de la inmobiliaria y los cabecillas del grupo.

Además, se incautó una gran cantidad de dinero en efectivo, tanto en pesos argentinos como en dólares estadounidenses, se confiscaron tres vehículos adquiridos con las ganancias ilícitas, así como inmuebles y otros bienes de lujo.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal de Bell Ville, donde serán interrogados en los próximos días.