Hay heridas que no sanan. Sergio Massa le dedicó una grosería a Martín Guzmán el viernes por la tarde, cuando estaba en Washington. “Nos comemos la de King Kong mientras el culpable de este quilombo (dixit) hace sociales y toma cerveza en Nueva York”, refunfuñó apenas conoció el dato de inflación de marzo, que alcanzó el record de 7,7%. Fueron testigos su viceministro, Gabriel Rubinstein, y Leonardo Madcur, jefe de Gabinete de Economía.

La repulsión a Guzmán une a Massa con la vicepresidenta. Cristina Kirchner, al mismo tiempo, descubre cada nuevo día que su rechazo hacia Alberto Fernández puede sobrepasar límites que ella misma desconocía. No se esmera en disimularlo cuando surge el tema de conversación, incluso con funcionarios de cierta autonomía que trabajan para el Presidente.

En otros términos: la previsibilidad que le intenta dar Sergio Massa a las cosas implica mantener en los meses que quedan un esquema firme sobre la administración de poder, que las indefiniciones del Presidente desgranan.

El ministro de Economía se desarrolla cada vez más en las ciencias del equilibrio. Protege como nada el hecho de que es el único que habla con todos. No solo con la vicepresidenta y con Alberto Fernández, sino también con Máximo Kirchner, cuyo poder de censura en el círculo más pequeño de toma de decisiones es mayor a su caudal territorial, e incluso está por encima de su influencia en La Cámpora.

Massa cerró ayer en Washington una semana que tendrá efectos sobre los próximos meses. Desde mañana, su equipo intentará revisar a fondo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hay una dato no escrito: si bien Massa anunció la aceleración de diversos créditos para la Argentina, Economía espera que los organismos multilaterales le envíen a la Argentina aún más dinero del previsto este año.

El denominado puente de confianza, según el eslogan propagandístico de Economía, implica también la puesta en marcha de operaciones de garantía colateral de organismos multilaterales para una enorme emision de deuda. Cierra así un círculo paradójico: la última salvaguarda de la estabilidad del Frente de Todos depende de Estados Unidos, hasta hace poco el peor enemigo de Cristina Kirchner.

Hacienda y el Banco Central están dispuestos a defender el peso, aunque casi no tengan armas. Después de momentos de tensión, Economía cree finalmente haber encontrado la coordinación que esperaba con Miguel Pesce, el titular de la autoridad monetaria, que transformó las críticas de los massistas en elogios moderados no solo por administrar la escasez, sino por cerrar un frente común con el ministro frente a un lobby que parte, justamente, de la Casa Rosada.

Se trata de un círculo curioso. Pesce es el último albertista en una posición importante, pero terminó de ganarse la confianza del equipo económico por su rechazo a un desdoblamiento cambiario agresivo, algo que por otros motivos ahora también esquiva Hacienda. Es por eso que la devaluación va, pero con freno: los pocos que llegan al dólar oficial deben pagar 20% más que en diciembre.

La jugada defensiva es, al mismo tiempo, una píldora envenenada para el próximo gobierno. Lo asumen, incluso, los funcionarios de Economía. Algunos de ellos sorprendieron esta semana con un juego de palabras que en 2015 se les atribuía a Federico Sturzenegger y a Alfonso Prat-Gay: el país ya está devaluado a $390 (el precio que cuesta comprar un dólar en el mercado libre). El hecho de que no se note es problema de otro y una vieja práctica del peronismo.

Puesto en una hoja de cálculo, el trabajo de Pesce asusta. A principios de este mes, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, tenía sobre su escritorio pedidos para autorizar 77.895 importaciones por US$7.063 millones. Para hacer frente a esos pagos, se necesitarían cuatro veces las reservas netas que tiene el Banco Central.

La escasez de dólares es tan dramática que incluso golpea a los socios políticos de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. El último ejemplo: Bolivia acusa a la Argentina de que no le paga por el gas que importa, a tal punto de registrar las deudas y punitorios, que se cuentan en millones de dólares.

Un intercambio escrito entre Fabián Bischoff y Jorge O’Donell (apoderados de la empresa argentina Enarsa) con Oscar Claros (gerente de YPFB) es revelador. Los argentinos le reclamaron el 9 de marzo pasado que Bolivia les está enviando menos gas del que se necesita, lo que le trae al país serios perjuicios. Amenazan con aplicarle multas.

Claros contestó contundente a fines del mes pasado. Les endilga a los argentinos que se presentan retrasos en el pago de facturas. Según el cuadro que envió, la Argentina llegó a tener hasta 53 días de retraso en el pago de una boleta por US$83 millones. El país deberá pagar más de US$8 millones por intereses de deuda entre mayo y enero pasados. Toda una paradoja del populismo. Bolivia tiene ahora problemas con los dólares y la Argentina no se los da porque también los necesita.

El que siga a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner deberá tomar decisiones de hierro: convalidar el deterioro del tipo de cambio que desata los temores de Máximo Kirchner para que aparezca la oferta de dólares, enfrentar el sopor burocrático de atender los reclamos de quienes quieren traer cosas al país, o ambas cosas, por decirlo de forma esquemática.

Pese a las contrariedades, Cristina Kirchner está reemplazando la tristeza por el pragmatismo, según relatan los dirigentes que la ven cada tanto. Por suerte para ella, en el caso de la provincia de Buenos Aires, principal bastión de sus votos, ese sentimiento también está alineando a los intendentes alrededor de Axel Kicillof, una de las grandes debilidades de la vicepresidenta. Las peleas, como casi siempre, se desatan alrededor del dinero.

Kicillof detesta que le vayan a pedir plata, algo que está al tope de las prioridades de cualquier barón del conurbano. Una parte de las discusiones entre Máximo Kirchner y su madre giran alrededor de esa práctica del gobernador. Cuando su hijo o cualquier otro dirigente le señala la falta de atención a los intendentes, la vicepresidenta reacciona con justificación o fastidio. Kicillof, por su lado, se defiende con una pregunta: ¿por qué le van a pedir dinero a él, cuando los intendentes tienen fondos en plazos fijos?

La centralización de los recursos que hace el gobernador cobra más relevancia ahora, en el inicio del año electoral. La última gran discusión por el dinero ocurrió a principios de año. Después de meses de tensión, Kicillof convocó a una reunión todos los lunes. Iban Máximo Kirchner, Eduardo De Pedro y Andrés Larroque, pero también Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Mariano Cascallares (Almirante Brown) en representación de sus secciones electorales.

El gobernador les había prometido transferencias importantes, que luego fueron bajando hasta quedar en casi nada. La reunión de los lunes voló por el aire.

Por el dinero estuvo movilizada la oposición en los últimos 10 días. Una convocatoria de Kicillof se convirtió en el tema de conversación principal en el grupo de WhatsApp de los intendentes del PRO. De allí, salieron chispas.

Para habilitarles fondos del programa Municipios a la Obra, el gobernador les exigió que fueran a La Plata a poner su firma, algo que no era necesario, según entendían. Intuían que Kicillof quería una exposición pública con dirigentes de la oposición para criticar las gestiones de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en su cara.

La tensión alcanzó episodios desfachatados. La joven Soledad Martínez, intendenta de Vicente López en la práctica tras el paso de Jorge Macri a la Ciudad, amenazó a Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la provincia, con desistir de los fondos. Es el lujo de tener un distrito superavitario: Martínez jugó con dejarle $1000 millones adentro con tal de no escuchar al delfín de Cristina Kirchner.

Julio Garro (La Plata) fue uno de los articuladores. Intentó convencer a Insaurralde de que no podía hacer venir a José Luis Zara desde Carmen de Patagones hasta la gobernación solo por una firma innecesaria. No hubo caso. Era un pedido de Kicillof y se había reglamentado de esa manera.

Garro hizo una negociación personal con el gobernador, según las minutas del grupo de WhatsApp, pero llegó en mal momento. Lo vio en su despacho poco después de la golpiza de los colectiveros a Sergio Berni, hace dos lunes, justo cuando el ministro de Seguridad esperaba afuera. Kicillof no quiso saber nada. “Deciles a los intendentes que vengan”, le repitió.

La disputa se zanjó de una manera que dejó razonablemente disconformes a todos. Los referentes del PRO se sacaron una foto con Kicillof en la gobernación. Al día siguiente, recibieron una cuota del dinero. Las fotos salen caras en las vísperas de la campaña.

Todo ocurrió aclimatado en la necesidad de fondos en el año electoral, así como la intermediación de Garro y de Insaurralde, sobre quien pesa una maldición: los intendentes lo prefieren como candidato antes que a Axel, pero el preferido de Cristina Kirchner mide mejor.

Aunque no lo quieren, nadie en la interna oscurece a Kicillof. Las sombras, en cambio, provienen de la realidad económica. El último informe de Agustín Rossi al Congreso resume el deterioro del país en la gestión Fernández/Kirchner con paradojas políticas.

AySA, la empresa que maneja Malena Galmarini, terminó 2019 sin recibir un solo peso para funcionar. El gobierno de Mauricio Macri solo le transfería dinero para inversiones. Sin embargo, la empresa de aguas empezó a pedirle cada vez más plata al Estado para permanecer de pie. Este año serán $70.000 millones. Es parte del déficit presupuestario que atormenta a Sergio Massa, marido de Galmarini.

AySA explicó los motivos por los cuales le pide cada vez más plata al Gobierno. Sostiene que los partidos del Gran Buenos Aires registraban a septiembre de 2022 un 42% de pobreza y un 11,9% de indigencia, por encima del promedio nacional. Una dinámica similar ocurre en cuanto al desempleo. Galmarini describe con precisión la tormenta por la que atraviesa el elegido de Cristina Kirchner en la zona núcleo electoral.

Kicillof teme que deba pagar con votos en la provincia cosas que no maneja. Un axioma de la política indica que las crisis económicas las saldan los oficialismos, del que forma parte, como le ocurrió a María Eugenia Vidal. Su elección será un ejercicio de laboratorio fantástico, porque permitirá corroborar quién es más fuerte en la madre de todas las batallas, la provincia: el peronismo unido o la combinación de alta inflación con recesión.