En la sesión del miércoles 29 de la Cámara de Diputados de Mendoza se trataron expedientes vinculados a la revocación urgente de las resoluciones  36, 42 y 47/2023 emitidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por las que se reconoce la ocupación de comunidades denominadas Mapuches en 25.977 has entre Los Molles y El Sosneado.

 La Diputada María José Sanz (UCR) dejó  claro la ilegalidad e ilegitimidad con que ese organismo nacional se ha conducido dictando estas resoluciones que afectan al sur provincial en general.

El INAI dice fundamentar conforme a la Ley 26.160, pero justamente la incumple (quedó demostrado en el debate legislativo que las comunidades mapuches no son ancestrales ya que los habitantes originarios de Mendoza fueron los Huarpes en el norte y los Puelches en el sur provincial), así mismo también quedó claro que tampoco se cumplió con otro requisito de la ley, que las comunidades tuvieran personería jurídica, y que hay sentencias (2) de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que ya dejaron aclarado estos aspectos en, al menos, dos de los casos reclamados. (SOMINAR vs Nilda Verón –  Lopez vs. Luchessi y otros).

Así el foco comenzó a ponerse sobre el mal funcionamiento del INAI, el que ya ha sido advertido, al menos en 8 oportunidades de faltas peligrosas.

La Ley en cuestión exige la participación efectiva de las provincias y los municipios, y a nuestra provincia sólo se le solicitó información pública sobre 3 nomenclaturas catastrales. Mientras que el INAI avanzó con 10 encuestas, a los pobladores futuros beneficiarios considerando suficientes esas informaciones para sacar las resoluciones en cuestión.

Sanz puso el ojo fuertemente sobre el funcionamiento del INAI, sobre Luis Pilquimán (segundo de esta entidad) que cuenta con un procesamiento por malversación de caudales públicos, traslado de personas en plena restricción pandémica a las tomas de Villa Mascardi, sobre Plaza Schaefer (estuvo participando de la comisión que analizaba este tema en Diputados), quien es el Director de Tierras del INAI y quien se autopercibió diaguita y cacique de los mismos, y quien, junto a familiares, cuenta con denuncias en su contra de sus propios vecinos (productores de años que trabajan), y que han visto sus fuentes de ingresos en jaque por los avances en sus territorios.

La diputada dijo: “está claro que, de ninguna manera, nos oponemos a la correcta aplicación de la Ley 26160, siempre y cuando se respete su letra, sus principios. Reconocemos los derechos de los pueblos originarios y los defendemos, pero no avalamos conductas abusivas en las que se podrían vislumbrar oportunismo o acciones ilegítimas que van en contra de los derechos de quienes legítimamente poseen esos derechos”.

Otro punto álgido del debate fue el de los pozos petroleros activos en las zonas otorgadas, ya que, según Sanz, se cobra una renta no sólo por los pozos, sino, también por cada kilómetro de caño que se extiende para hacer la explotación.

 Finalizó su alocución pidiendo a sus colegas “ceñirse a la evidencia de legalidad, y no avalar conductas abusivas usando herramientas para contemplar derechos que no se poseen.

Nadie pretende generar odios, al contario, buscamos la real defensa de la ley cuando debe ser aplicada. Y vamos a estar de ese lado”.