Ya hace tiempo quedó claro que esta era otra promesa incumplida de la campaña electoral. La cantidad de Leliq y su costo explotaron durante su gobierno. Hoy, hay Leliq por casi $12 billones, 10% del PBI, dos veces y media el tamaño de la base monetaria, y cerca del 57% de los depósitos bancarios en pesos. El costo de sus intereses puede llegar a 7% del PBI en 2023 y, según mis cálculos, su costo mensual puede superar el pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de seguridad social a partir de mayo de este año. Mientras tanto, las jubilaciones perdieron fuertemente contra la inflación desde diciembre de 2019. Bancos 1 – Jubilados 0.

Pero el asalto a los jubilados tomó otra dimensión con la decisión adoptada por el Gobierno la semana pasada. Enfrentado a una crisis económica, recurrió nuevamente a pegar un manotazo a activos o a flujos ajenos, en lugar de tomar medidas para enfrentarla. Primero fueron las AFJP y los aportes de los trabajadores que iban allí; luego, el intento de suba de retenciones (la Resolución 125), la apropiación de más de US$65.000 millones de las reservas del Banco Central (BCRA) y, más recientemente, una exacción al contribuyente con la suba del impuesto a los bienes personales.

Ahora le tocó el turno a los bonos en dólares que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, entre otros entes públicos. Deberán entregar los títulos en moneda dura que tienen en cartera a cambio de otros bonos (en el caso de los llamados Globales, que se rigen por la legislación de Nueva York) o a cambio de una combinación de otros papeles (70%) y efectivo (30%), en el caso de los que se rigen por la legislación local.

El FGS es el legado de lo ahorrado por los trabajadores en las AFJP mientras existieron. No queda claro cuánto es exactamente el monto involucrado, ya que, increíblemente (o no tanto) el FGS no publica datos de sus tenencias de activos desde hace varios meses. Pero el escándalo radica en que esos bonos cotizaban, antes del anuncio de la medida, cerca de 24 centavos por cada dólar de valor nominal del bono. Dado que un bono fija contractualmente pagos fijos de intereses y de capital, cuanto menor es su valor de compra, mayor es la tasa o rendimiento que se consigue si uno se queda con el título hasta que vence todo el capital, si es que no hay un default o una reestructuración en el medio. Dicho en otras palabras, hay una relación inversa entre el precio del bono y su tasa de interés. Un precio tan bajo como 24 centavos implica tasas astronómicas, del 24% para algunos bonos, hasta el 46% para otros. Es decir, es como si el Gobierno estuviera endeudándose al 46%. Los que venían a desendeudar al país y a desdolarizar la deuda se endeudan al 46% en dólares.

Donde deben estar muy contentos con las novedades es en el FMI. El comunicado del 13 de marzo, en el que se anunció el acuerdo con el staff de ese organismo sobre las metas del cuarto trimestre de 2022, decía que las autoridades argentinas “también se comprometen a no utilizar reservas internacionales ni emitir instrumentos de deuda externa a corto plazo para intervenir en los mercados paralelos de divisas”. Esta frase se incluyó para evitar que el Gobierno siga con el uso de reservas para la recompra de deuda. Dicha recompra se hizo a alrededor de 36 centavos de dólar, para los mismos bonos que el jueves cotizaban a 26,6 centavos. Una pérdida tremenda para los contribuyentes. Amigos del poder 1 – Argentinos de a pie 0.

Los técnicos del FMI deberían haberse asesorado con un abogado, quien seguramente les hubiese sugerido que la palabra “emitir” era muy restrictiva. Aunque las palabras “reventar los bonos del FGS” no hubiesen tenido la elegancia y diplomacia típica de los comunicados del FMI, hubiesen sido un muy buen agregado.

Estas medidas, además de escandalosas, son peligrosas. Tal vez la gente se aviva de que el Gobierno está dispuesto a cualquier cosa con tal de no devaluar, rompiendo todo en el camino. Es un gobierno en retirada y nadie querrá que sus activos queden a la intemperie. También la gente se puede dar cuenta de que la situación de las reservas y del financiamiento es muy grave. Si no, ¿para qué tomar una decisión así? Y la situación es grave. La cosecha de los principales cuatro cultivos va a caer un 36% y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya avisó que podría volver a recortar sus estimaciones. Esto, sumado a las políticas inconsistentes del Gobierno, tiene un montón de implicancias.

Las exportaciones caerán en más de US$20.000 millones en 2023, sin incluir otros productos regionales afectados por la sequía. Como consecuencia de esto y del maquillaje del dólar soja de 2022, el BCRA no para de perder reservas, a pesar de los férreos controles a las importaciones. En lo que va de marzo, perdió US$1468 millones en el mercado de cambios y US$2550 millones en lo que va de 2023. Las reservas internacionales cayeron en más de US$7000 millones en 2023. Se suponía, según el acuerdo con el FMI, que debían aumentar en US$500 millones durante el primer trimestre. Las reservas internacionales, netas de deudas como los encajes de los bancos por los depósitos en dólares y otros, son negativas.

Además, con la economía en recesión y con caída de la recaudación del impuesto a las exportaciones, el déficit fiscal se disparó. En los dos primeros meses de 2023 el rojo primario (sin intereses) llegó a 0,3% del PBI, equivalente a la meta con el FMI de todo el primer trimestre. Marzo no parece venir mejor. La combinación de una recaudación que seguramente venga por debajo de la inflación y el ajuste trimestral a los jubilados van a multiplicar el déficit fiscal. El problema es que, dada la falta de financiamiento genuino, los déficits fiscales se terminan financiando con emisión en la Argentina. De hecho, la maquinita ya se encendió, y el BCRA emitió $130.000 millones el 17 de marzo para financiar al fisco. Bueno, para ser francos, ahora se abrió otra alternativa a la emisión monetaria: endeudarse al 46% en dólares.

Con una caída del PBI que puede incluso superar el 3% y la presión de gasto electoral, el déficit primario difícilmente baje del 2,8% del PBI, mientras la meta con el FMI es del 1,9%. Es decir, nos espera una montaña de emisión monetaria. Por eso, el Gobierno debe estar buscando financiamiento alternativo, cueste lo que cueste, y tener más poder de fuego (bonos en dólares) para intervenir en el mercado paralelo.

Pero los bancos no son los únicos, según el decir kirchnerista, “poderes concentrados” que se están beneficiando de los manotazos de ahogado del Gobierno. Los sojeros ya obtuvieron un dólar diferencial en 2022 y es posible que les tengan que dar otro en los próximos meses para que liquiden su magra cosecha. Los revolucionarios de La Cámpora se deben estar retorciendo de rabia, aunque algunos quizás ya se convirtieron en agricultores o ganaderos a esta altura.

Otros privilegiados son los productores de laptops de Tierra del Fuego. El 14 de marzo el Gobierno restableció aranceles de entre el 8% y el 16% a la importación de estos productos. Según un estudio de la Bolsa de Comercio, en las 48 horas posteriores a la medida el precio promedio de los modelos más vendidos en el mercado doméstico aumentó 37,5%. Poderes concentrados 1 – Argentinos de a pie 0.

Mientras tanto, el Gobierno aplicó en marzo, con vigencia a partir de abril, una retención del 3% en el IVA a los alimentos, con algunas excepciones. Gol contra a los argentinos de a pie, que ya están castigados por la inflación, que es muy probable que se acelere más en marzo y supere el 7% mensual.

El Gobierno da todos estos manotazos para evitar enfrentar la crisis como se debe: con un fuerte ajuste fiscal que elimine el despilfarro y con una devaluación del peso. En el medio, las medidas que toma perjudican al pueblo y benefician a sectores privilegiados. Nada que no se haya podido prever. Esta misma columna, apenas asumido el nuevo equipo económico a mediados de 2022, se tituló: “La economía en el Gobierno de los oligarcas”.