El mismo día en que se conocía el caliente número de inflación de febrero, el brusco freno que se registrará este año en la actividad económica por la extrema sequía -y la consecuente escasez de dólares- fue uno de los grandes temas de conversación entre quienes toman decisiones en el quinto piso del Palacio de Hacienda.

“Es un factor al que no se le da la importancia que merece”, avisó un hombre clave del equipo económico. “Son menos dólares de exportación, menos ingresos en economía, menos actividad y recaudación”, confió. En medio de las críticas de La Cámpora, ese fue -de hecho- el argumento oficial usado para renegociar las metas de acumulación de reservas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la intención de no terminar de ahogar la economía en campaña.

En este escenario, los economistas profundizaron en los últimos días sus advertencias sobre el impacto que tendrá la sequía en la actividad económica y, en promedio, ya estiman que el producto podría caer más de 3,5% este año. Sería una contracción incluso más significativa que la que tuvo en las últimas elecciones presidenciales de 2019, cuando el expresidente Mauricio Macri buscaba la reelección. Entonces la actividad cayó 2,2%.

Las dudas crecen, sobre todo entre los hombres que asesoran a la oposición. La pregunta que se hacen es si el escenario negativo al que se dirige la actividad despertará la sed oficial de imprimir más pesos, sumar gastos y buscar revitalizar la economía con el objetivo de obtener más votos, hecho que podría alentar una mayor volatilidad financiera.

La presión de la política para tomar ese camino desde sectores del Frente de Todos desvela a Sergio Massa, pero el equipo económico se pregunta cómo podría financiar un hipotético “plan platita” cuando a la Secretaría de Finanzas le cuesta cada vez más conseguir pesos del mercado y cuando las proyecciones de inflación ya se acercan al 120% anual.

Es más, la sequía no solo generará una drástica caída en la llegada de divisas, sino que también impactará de lleno en la recaudación del fisco. Según los economistas, se proyecta que habrá menos ingresos por entre 0,4% y 1% del PBI. Para cumplir con la meta de déficit de 1,9% del PBI acordada con el FMI, el equipo económico deberá recortar aún más el gasto público, limitando las posibilidades de acción de Massa en el año electoral.

Esta situación generó que algunos economistas cercanos al oficialismo, como el exviceministro Emmanuel Álvarez Agis, comenzaran a hablar sobre la necesidad de que el FMI también flexibilice la meta fiscal o que aporte más fondos frescos.

“El desafío fiscal de mantener la meta original con el FMI resulta mayúsculo”, estimó Álvarez Agis en su último informe enviado a los medios. “La sequía implicará un impacto negativo directo sobre el PBI de -2,4%. Si se toma en cuenta la contracción en la oferta de divisas, en el orden de los US$18.000 millones, la economía en su conjunto podría sufrir una caída de 3%. Esa caída de la actividad, que podría dar por tierra con el crecimiento de 2023, será entonces agravada por un ajuste adicional del gasto público del orden del 0,4% del PBI. Sin tomar en cuenta efectos de segunda vuelta, el PBI arranca 2023 con un -3,4%”, afirmó el exnúmero dos de Axel Kicillof en su paso por Economía.

“Es cierto que el único incumplimiento de relevancia que la Argentina podría tener en 2023 sería con el propio FMI. Tal vez es hora de evaluarlo, puesto que de la misma manera que creíamos que el acuerdo con el organismo debería haber tenido lugar en 2021, hoy creemos que un acuerdo que no acuse recibo del impacto de la sequía es condenar al país a una crisis económica de magnitud, con derivaciones imprevisibles no sólo económicas, sino tal vez también políticas”, agregó.

El exdirector del Banco Nación Claudio Lozano se sumó a este pedido: “Si no tomamos distancia de las recomendaciones del FMI e incumplimos el acuerdo, rectificando las políticas vigentes, los efectos en términos de inflación y caída de la actividad económica destruirán la perspectiva electoral del Frente de Todos”.

“Mantienen la meta fiscal pese a que la sequía y su impacto en exportaciones implicará menos recaudación. En concreto, la misma meta con menos recursos supone mayor ajuste del gasto. Por otro, le suman a la caída de la actividad que genera la sequía, el efecto recesivo de un mayor ajuste del gasto. Cuestión que a la vez profundiza el descenso de la recaudación”, agregó el economista.

La frágil situación económica es seguida muy de cerca por los inversores internacionales, que habían arrancado el año ilusionados con un cambio de conducción política en la Argentina, pero que ahora temen que una mayor crisis económica abra el camino a la presidencia del libertario Javier Milei, una figura que genera mucha incertidumbre por las medidas radicales que promete aplicar si llega a ser elegido.

“El escenario base que tenemos es que va a ganar Juntos por el Cambio, pero el miedo es que se vaya todo a la miércoles (sic) en el medio, porque vemos la situación muy frágil. Por la sequía, los pronósticos empeoraron en dos semanas un montón para una economía que está atada con alambre, en casi US$15.000 millones menos de divisas. La actividad está cayendo fuerte. Si encima van a ahorrarse los dólares restringiendo más las importaciones, la recesión va a ser brutal. Esto podría mejorar las chances electorales de Milei, que dice que hay dolarizar. La transición económica sería imposible de manejar y podría explotar todo”, observó un economista de un banco internacional con sede en Wall Street, que suele escribir informes económicos para inversores.

Un colega suyo compartió la misma preocupación. “A diferencia de lo que se cree, Milei genera desconfianza en los inversores, porque es una gran incertidumbre. Ningún inversor está de acuerdo con abolir el Banco Central. Ni sabe cómo se hace”, dijo en reserva el economista argentino, que trabaja hace varios años en el exterior.

La peor sequía de los últimos 60 años

La caída de la economía ya comenzó en septiembre pasado, sobre todo en sectores de empleo intensivo como la construcción y la industria. El nivel de actividad había tocado un pico el mes anterior, pero se desinfló rápidamente debido a la incertidumbre política y a las mayores restricciones a las importaciones.

La consultora EcoGo, que dirige Marina Dal Poggetto, informó esta semana que, en el escenario más pesimista, la caída en 2023 podría llegar hasta 5,2% y borraría todo el rebote del año pasado. Todo muy lejos del crecimiento del 2% en el presupuesto.

“Las exportaciones agroindustriales se derriten: las últimas estimaciones de la Bolsa de Rosario recortaron en 15 millones adicionales la cosecha. El retroceso de las exportaciones alcanzaría los US$16.000 millones”, estimó.

“Una caída de semejante magnitud de la cosecha (y el espejo en las importaciones) también impactará en el nivel de actividad. El deterioro del PBI podría alcanzar a 5% del PBI, algo que no sucedía desde la sequía de 2008/09″. El escenario base sigue siendo una baja de 3,7% y, el optimista, un retroceso de 3,3%”, agregó.

Según la consultora Equilibra, la actual sequía superará, en términos de PBI agropecuario, a las registradas en 2018, 2012, y 2009. Pero será mucho peor si se la compara con aquellas en términos de derechos de exportación (sufrirán una baja de 35% anual) y de liquidaciones agropecuarias (una retracción de 30% interanual en esta materia). “Hay muchos que dependen además de las divisas que genera el agro. Ahí está el mayor impacto, que es el más difícil de precisar”, dijo Lorenzo Sigaut Gravina, que agregó que no hay reservas netas, y que es escaso el financiamiento en el mundo producto de la incipiente crisis financiera y bancaria. En febrero, la caída prevista para el año era de 1% y ya fue ajustada a -2,5%.

“Los datos de la sequía ponen un enorme signo de interrogación sobre la capacidad de delivery del ministro Sergio Massa”, estimó el último informe de Econviews, que prevé una caída del PBI este año del 3%.

LA NACION pidió en el Ministerio de Economía más información sobre el impacto estimado de la sequía, pero no tuvo respuesta.

“Los dólares no parecen alcanzar para llegar a buen puerto y el nivel de actividad que veremos no es consistente con las necesidades electorales de los socios de Massa. Da la impresión de que el mundo político y, hasta cierto punto, el mundo empresario no tomaron real dimensión del impacto de la sequía en sus vidas cotidianas. Esto no es un tema agrícola. Es un tema macroeconómico que impacta mucho en la producción agrícola, pero con repercusiones graves en todos los ámbitos de la economía y la política”, indicaron en la consultora que dirige Miguel Kiguel, donde proyectan una caída del PBI de 3% para este año.

Los seis cultivos principales de la Argentina tuvieron una producción de 127 millones de toneladas en los últimos tres años. El récord fue en 2019, con 135 millones. La expectativa es que este año la cosecha esté entre 86 y 87 millones de toneladas. Esto es una caída superior al 30% con efectos secundarios en muchas otras ramas de la economía y un costo fiscal de más de medio punto del PBI en forma directa y una merma de US$20.000 millones en exportaciones, según Econviews. “No hay antecedentes de sequías pasadas (2009, 2012 y 2018) en que no haya habido recesiones. Esta parece ser la peor de todas las mencionadas”, dijeron en la consultora.

Semanas atrás, desde la reunión de G20 en la India, Massa dijo que “la guerra y la sequía juegan un papel” en la economía argentina y “es mejor afrontarlo poniendo objetivos alcanzables, para no estar corrigiendo cada trimestre”. Fue en esa reunión en la que el economista aceleró las negociaciones con el FMI por los costos de la guerra en el este -subas de combustibles- y de la sequía. A esto se suman los incentivos que genera la brecha cambiaria en la Argentina, de casi 100%.

El Banco Central lleva vendidos en marzo unos US$877 millones, mientras que en el año pierde casi US$2000 millones. Según el economista Amilcar Collante, hoy hay unos US$3400 millones de reservas netas. Es un número que no llega a cubrir un mes de importaciones, actualmente “pisadas” por las restricciones que pone el Gobierno al comercio exterior.