La persistente escasez de reservas en el Banco Central (BCRA), que mantiene eternas dudas sobre la “salud” del peso, y la sostenida y muy elevada inflación se combinaron para lograr algo inédito en los últimos 20 años: el plazo promedio de las colocaciones financieras en pesos cayó al menor nivel desde que rigen las nuevas series estadísticas que la entidad comenzó a realizar tras la implosión de la convertibilidad, entre fines de 2001 y comienzos de 2002.

Para los plazos fijos ese revelador indicador se encuentra en 53,5 días, el período más corto de toda la serie de datos reiniciada en enero 2003. Y muy probablemente el menor desde los años 80, cuando se permitían imposiciones a menos de 30 días. Para dar una idea, el plazo promedio orillaba los 80 días en 2018 y superaba los 100 en 2006.

Durante enero, “el 88,5% del total de los plazos fijos fue realizado a menos de 60 días y sólo un 1,5% fueron pactados a plazos que van de los seis meses a un año”, hizo notar por estos días la consultora LCG, al actualizar su informe sobre la evolución de préstamos y depósitos del sistema bancario local.

Adicionalmente, desde la última crisis de deuda pública nacional emitida en pesos (transcurrida entre los meses de junio y julio pasado y que incluso precipitara la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía), el plazo promedio de las colocaciones de bonos que periódicamente realiza el Gobierno, para financiar su déficit y conseguir -a la vez- refinanciar la deuda que le va venciendo, cayó de casi un año (era de 11,8 meses hasta mayo de 2022) a tan solo cuatro meses.

“Desde la crisis de deuda el mercado no quiere duration: si bien antes el Tesoro no lograba colocar deuda (en montos considerables) más allá de 2023 (y algunos indicadores del mercado de bonos ya alertaban sobre esta cuestión), los plazos de colocación todavía eran aceptables. Pero, tras ese evento, transitado con el sostén del BCRA, que solo en dicho bimestre emitió 1,5% del PBI para sostener las paridades de la deuda corta en pesos, hubo un marcado acortamiento de los plazos de colocación -pese a que se validaron mayores tasas de interés- y una recurrencia (vía canjes y conversiones) al uso de activos indexados para sortear los vencimientos”, hizo notar la consultora Invecq, que dirige el economista Esteban Domecq.

Concretamente, no hay demanda genuina post-electoral para estos papeles, de lo que deriva la montaña de vencimientos que se está acumulando en los meses previos a las próximas PASO presidenciales.

Los datos revelan claramente que el mercado espera definiciones que, por imposición de la crisis, podrían imponerse antes del recambio presidencial o que, en caso que el denominado “Plan Llegar” prospere, obliguen a la próxima administración a definirlas al asumir.

En estas condiciones no es descabellado pensar en un desarme de posiciones en títulos públicos a medida que se acerque el inicio del cronograma electoral a partir de temores de cumplimiento de los compromisos del Tesoro. Es algo que en el Ministerio de Economía, según habría confesado su titular en reuniones privadas, tienen en cuenta, por lo que intentarían generar algún mecanismo para tratar de atravesar ese “Rubicón”.

Para los analistas de Ecolatina, ese riesgo podría hacerse notar desde abril. “Entre el segundo y el tercer trimestre del año, el promedio mensual de vencimientos de deuda del Gobierno nacional se ubica en torno a los $2 billones. Frente a unos elevados vencimientos, y dada la imposibilidad del BCRA de participar en las licitaciones primarias, esperamos que el Tesoro impulse nuevamente operaciones de canje a lo largo del año”, indicó la consultora en su último reporte.

Para los bancos, la tendencia al cortoplacismo no es hoy un problema, porque cuentan con una muy elevada liquidez y la demanda de crédito del sector privado está, en el mejor de los casos, planchada. “Desde ya que tener mejores horizontes sería lo deseable, pero, en este cuadro de situación, esperarlo es casi fantasioso”, confesó a LA NACION un referente del sector que gestionó ante el Gobierno pedidos para que parte de la liquidez pueda derivarse a la financiación de obras de infraestructura de la que participen empresas privadas para que no les crezca más la exposición al sector público.