La razón de mi protesta es que cada vez queda más en evidencia que el FMI juega fuerte para el peronismo. Esta vez puso en marcha el plan “volver 2027″, aunque no es el primero. El anterior fue el plan “volver 2019″. Es que, aunque desde el Gobierno aseguran que el FMI le tiró un salvavidas a Mauricio Macri con el préstamo más grande de su historia, en realidad se trató de un salvavidas de plomo. Esto lo escribí en este mismo diario en un artículo el 7 de octubre de 2018, titulado El plan contra la inflación dejará efectos significativos en la economía real y la política, que comenzaba así: “Es muy probable que la estrategia monetaria que impuso FMI beneficie al peronismo en las elecciones de octubre de 2019″, y terminaba con “compañera Christine”, como los peronistas deberían llamar a Christine Lagarde.

El segundo elemento es que no le permitía al Banco Central intervenir en el mercado de cambios. Para una economía tan dolarizada y pendiente de la cotización de la moneda estadounidense, esto fue la estocada final. Salidas de unos pocos millones de dólares de fondos extranjeros en marzo de 2019 –que el Banco Central no pudo contrarrestar por tener las manos atadas–, llevaron la cotización de $38 a $42,7 ese mes. La popularidad de Macri, que había repuntado en febrero, se desplomó en marzo y abril. El resto es historia.

El plan “volver 2027″ que está implementando Sergio Massa con la venia implícita del FMI es mucho más perverso aún. Va a entrar, creo yo, en la historia más infame de los planes del FMI. Consiste en dejar una peligrosa bomba a desarmar para el próximo gobierno. Solo un manejo quirúrgico de la política económica, una gran cintura política y una visión paciente y de largo plazo de la población podrán evitar que el costo político de corregir los desequilibrios no se devore al próximo presidente o presidenta. Se requiere un verdadero milagro.

Mucho más vergonzosa es la forma en que el FMI permitió que el Gobierno cumpla las metas. Cuando se acordó el programa, se dijo que eran exigentes, porque, en el marco de una reducción de la inflación esperada, el gasto en jubilaciones y pensiones subiría de 8% del PBI en 2021 a 8,9% del PBI en 2023. Esto pasa porque la fórmula de indexación jubilatoria usa datos tres meses atrasados, lo cual implica ajustes de beneficios mayores a la inflación corriente cuando ésta se encuentra bajando, y viceversa. Pero la inflación, en vez de bajar, se aceleró. Fue de 50,9% en 2021 y de 94,8% en 2022. El gasto en jubilaciones, que fue de 9,7% del PBI en 2020, pasó a 7,6% del PBI en 2022.

Pero el FMI no ajustó las metas de déficit primario. Es más, le permitió al Gobierno computar como ingresos fiscales unas rentas de la venta de bonos indexados por CER, en contravención de los manuales de contabilidad fiscal del FMI. Estos déficits fiscales se dieron en años de precios récord de nuestras exportaciones, en los que los ahorros deberían ser más altos, para tener resto en épocas de vacas flacas.

La contabilización de la meta monetaria será también tema de estudio en el FMI para la posteridad. La idea era que para bajar la inflación se requería disminuir el financiamiento monetario del Banco Central al Gobierno, que había sido muy alto en 2020 (7,4% del PBI) y en 2021 (4,7% del PBI). En el primer caso fue para financiar los gastos de pandemia, erogaciones entendibles. En el segundo caso fue para financiar la campaña electoral. El programa con el FMI estipulaba un financiamiento monetario del 1% del PBI en 2022 y de 0,6% en 2023. Pero el miedo a la evolución de la deuda resultante del desajuste fiscal llevó al mercado a rehusarse a renovar toda la deuda en pesos cuando vencía. Para evitar un default, entre junio de 2022 y febrero de 2023 el Central compró bonos en el mercado por 2,3% del PBI. ¿Qué es, sino financiamiento al Gobierno, la compra de bonos del Gobierno a pocos días de ser emitidos?

La consecuencia de este disparate es que las famosas Leliq, deuda del Banco Central, llegaron a niveles estratosféricos. Las Leliq se usan para sacar del mercado los pesos que el Gobierno imprime para financiar al Gobierno (la “esterilización” en la jerga de los economistas) y evitar una inflación aun mayor. Una gran parte de los depósitos de los bancos se dedica a invertir en Leliq, en lugar de ir a préstamos del sector privado. La tasa de las Leliq subió fuertemente en 2022, y el pago de intereses superó el 4,5% del PBI en 2022.

La otra bomba es la cambiaria. El FMI permitió al Gobierno de Alberto Fernández no solo seguir, sino profundizar una serie de controles a las importaciones y a los movimientos de capitales que contradicen todos los principios y las políticas bajo los cuales fue creado. Los múltiples cepos llevaron a que haya más de US$10.000 millones de empresas atrapados en la Argentina, monto que está invertido en pesos en depósitos bancarios, bonos del Gobierno y fondos comunes de inversión. En segundo lugar, las firmas acumulan deudas de comercio internacional récord, ya que el Gobierno las forzó a tomar crédito externo para poder importar en 2022, por más de US$15.000 millones. Ni que hablar de la corrupción a la que dan lugar estos esquemas en los que todo es a discreción de un funcionario. Los rumores al respecto vuelan en el mercado.

Todo esto es en aras del objetivo del Gobierno de evitar devaluar el peso en el mercado oficial, que está un 30% apreciado contra su media histórica en términos reales (ajustado por inflación) y multilaterales (medido contra todas las monedas de los países con los que comercia la Argentina). Para comparar, las monedas de Brasil, Chile y Colombia están algo depreciadas contra su media histórica. Alguien tiene que devaluar si se quiere levantar el cepo y las trabas para importar. O devalúa este Gobierno o el próximo. El FMI eligió que sea el próximo.

Es decir, el programa con el FMI va a condicionar fuertemente al próximo gobierno. Tendrá que comenzar devaluando el peso, lo que llevará a un nuevo salto inflacionario y a un gran costo político. Además, la bomba monetaria/cambiaria es tal que el próximo gobierno no podrá levantar el cepo de inmediato. Si así lo hiciere, los pesos atrapados y la devolución de deudas comerciales harían escalar el tipo de cambio a niveles insostenibles desde lo social. El próximo gobierno deberá implementar un fuerte ajuste fiscal y monetario para bajar la inflación.

El ajuste monetario implica tasas más altas, lo que llevará a la bola de Leliq a espiralizarse aún más. Para evitar que sea insostenible, habrá que llevar al financiamiento del Central a cero de inmediato. Eso nos dice que el ajuste fiscal deberá ser fuertísimo, con más costo social aún. El problema es que, por la indexación jubilatoria, si el próximo gobierno logra que baje la inflación a, digamos, 10% en 2027, el peso de las jubilaciones subirá de un máximo de 7,4% del PBI en 2023 a 9,4% en 2027. Es decir, deberá ajustar más otros gastos o cambiar la fórmula, si quiere mantener un superávit primario tal que evite volver a reestructurar la deuda.

De una forma u otra, el próximo gobierno enfrenta grandes costos políticos y sociales que el FMI le permitió evitar a Alberto Fernández. Como todo gobierno no peronista se verá con gremios y organizaciones sociales que de repente se volverán combativos. Lo más paradójico es que el próximo gobierno también tendrá que lidiar con un FMI que, de repente, se volverá super ortodoxo y pedirá un montón de ajustes.

Por todo esto, no llama la atención que los economistas de Juntos por el Cambio hayan salido con comunicados que resaltan la fragilidad de las políticas actuales. Y podemos decir que estuvieron suaves. Es una pena que los partidos que componen la coalición opositora hayan votado el acuerdo con el FMI y el presupuesto 2023. No debieron haberlo hecho, tanto por la herencia que implicaban, como porque no fueron votados por parte de la coalición del Gobierno que, por un lado, cobra por miles de puestos en la administración publica y ostenta puestos de relevancia, pero, por el otro, juega a ser oposición. Economistas amigos de Juntos por el Cambio: los espero en la próxima marcha contra el FMI.