“En la Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”, advirtió el informe de la organización.

Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, dijo a LA NACION que durante el 2022 en la Argentina se vio el uso de una retórica hostil por parte del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y de otros miembros del gabinete contra el sistema judicial, incluida la Corte Suprema y tribunales inferiores. Cristina Kirchner, condenada por la llamada “Causa Vialidad”, se refirió en varias ocasiones a los tribunales como el “Partido Judicial”. El Presidente Fernández anunció además su intención de impulsar un juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, y se negó a acatar una orden del máximo tribunal favorable a la Ciudad de Buenos Aires en una disputa por los fondos de la coparticipación federal.

“El anuncio de juicio político contra todos los integrantes de la Corte, junto con declaraciones iniciales de que no se acataría un fallo del más alto tribunal, constituye un gravísimo ataque a la separación de poderes”, dijo Taraciuk Broner. “Nos preocupa que este tipo de medidas pueda contribuir a naturalizar la nociva práctica de que los gobernantes busquen destituir a jueces solo porque no les gusta el contenido de sus sentencias”, advirtió.

Taraciuk Broner señaló además que “los altos niveles de polarización y la incapacidad de la política para alcanzar consensos mínimos también están erosionando el Estado de derecho”, y destacó que el Congreso ha sido incapaz de designar un Defensor del Pueblo desde 2009, un Procurador General desde 2018 y un magistrado en la Corte desde 2021, cuando renunció la jueza Elena Highton de Nolasco.

“Se trata de figuras clave en la protección de los derechos humanos en el país. Estos nombramientos deberían ser una prioridad para todas las fuerzas políticas”, indicó.

El Informe Mundial 2023, de 712 páginas en su versión en inglés, investiga abusos en unos 100 países y es la 33ª edición de este informe de Human Rights Watch, una de las organizaciones globales líderes en la defensa de los derechos humanos. Fundada en 1978, HRW es una de las dos organizaciones occidentales junto con Amnistía Internacional que investiga abusos en todo el mundo. La organización tiene programa específicos que cubren los cinco continentes, y otros que cubren temas concretos, como los derechos de la mujer, la comunidad LBGT o las personas con discapacidades. En 1997, HRW compartió el Premio Nobel de la Paz por la Campaña para Erradicar Minas Terrestres.

«El anuncio de juicio político contra todos los integrantes de la Corte, junto con declaraciones iniciales de que no se acataría un fallo del más alto tribunal, constituye un gravísimo ataque a la separación de poderes”»

Taraciuk Broner (HRW)

El informe alertó que los gobiernos de América Latina y el Caribe “deben abordar problemas crónicos de derechos humanos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental y, al mismo tiempo, proteger la democracia”. Las falencias crónicas para enfrentar estos problemas, agregó el trabajo, han impulsado a millones de personas en la región a abandonar sus hogares en busca de oportunidades en otros países.

“Los líderes de la región deberían demostrar que la democracia puede responder a las necesidades de la población, promoviendo los derechos a la salud, la educación y la seguridad y fortaleciendo el Estado de derecho”, indicó Taraciuk Broner.

El trabajo hace hincapié en las desigualdades en América Latina, donde casi un tercio de la población vive en la pobreza, y más de una décima parte en la pobreza extrema. Más de la mitad de los ingresos totales de la región van a parar al 20% más rico, y el racismo estructural continúa presente, remarca HRW. “La pobreza y la desigualdad afectan en forma desproporcionada a mujeres, niños, niñas y personas indígenas”, señala la organización.

Abusos en la región

El informe enumera varios abusos serios en la región, algunos con consecuencias globales, como la deforestación de la selva amazónica en Brasil, la más acelerada en 15 años durante la presidencia de Jair Bolsonaro, una verdadera catástrofe para la lucha contra el cambio climático. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, los regímenes opresivos cometen abusos aberrantes contra críticos para silenciar el disenso. América Latina y el Caribe es la región con la tasa anual de homicidios más alta del mundo, de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes. En México, durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, los delitos violentos han llegado a máximos históricos. “Los delitos casi nunca se investigan ni llegan a juicio”, indica el informe.

El contexto regional de falta de oportunidades, inseguridad e impunidad ha provocado una de las olas migratorias más grandes de la historia. “Millones de personas han migrado en América Latina escapando de la violencia, la represión y la pobreza. Ello incluye más de 7,1 millones de venezolanos que han huido de su país desde 2014, así como cientos de miles que huyen cada año de América Central, México, Haití, Cuba y otros países”, señala el informe.

HRW remarcó que el gobierno de Joe Biden ha promovido que “gobiernos latinoamericanos impongan políticas inmigratorias abusivas, un factor que contribuye a agravar la crisis”.