El Departamento del Tesoro terminó con el misterio el martes por la tarde, cuando publicó en su página la letra chica del IGA 1A (por Intergovernmental Agreement) firmado entre la Argentina y EE.UU.

Tal definición temporal complicará el éxito del blanqueo que el ministro de Economía, Sergio Massa, buscaba enviar al Congreso y quería poner en vigencia en 2023. Ese proyecto de exteriorización de capitales, sin embargo, ya había ingresado en un limbo por un conflicto de poderes en curso como consecuencia de la guerra que Cristina Kirchner encara contra la Corte. Esa batalla de la vicepresidenta hizo estallar todos los puentes en el Parlamento y está, además, afectando el trabajo cotidiano del Poder Judicial en medio de un panorama económico complejo que estos días se oculta detrás de las intratables gambetas de Lionel Messi.

La Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) fue firmada en 2010, pero entró en vigencia en 2014. Estados Unidos tiene ya acuerdos en el marco de esta ley de intercambio de información con 114 países, contando el sellado con la Argentina a comienzos de la semana pasada. Ese acuerdo es universal y no incluye particularidades por país. Es recíproco y además no es retroactivo (no incluirá la información de 2022, pese a que algunos expertos recuerdan que sigue vigente el Tax Information Exchange Agreements firmado en diciembre de 2016, el paso previo y requerido para un IGA 1A).

Por eso, los expertos en managment patromonial se llenaron de trabajo y consultas en las últimas semanas. Cuentan en el Gobierno además que algunos bancos estadounidenses en Miami abren los sábados para evacuar miedos de sus clientes y hasta ofrecerían a los interesados argentinos ciudadanía y pasaportes paraguayos. En el Ministerio de Economía afirman que ya hay conversaciones con el Ejecutivo paraguayo por el tema.

Massa logró una pequeña victoria. Meses atrás, nadie creía seriamente que EE.UU. cerrara un IGA 1A con el Gobierno. Esa fue pura gestión del ministro. Días atrás, se dudaba de que efectivamente el acuerdo se hubiera firmado. Los papeles están camino a Washington. Sin embargo, el alcance temporal y práctico es limitado. Sólo incluirá información del formulario 1042-s (declaración informativa que presentan las instituciones financieras al IRS y en el que se declara la renta de fuente norteamericana recibida por no residentes) y nada del W8, como se sugirió.

Todos los estados, como pasa con todo país federal, quedan incluidos en el acuerdo firmado. Sólo se excluye a Samoa Americana, Guam, las Islas Mariana del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, porque no tienen la misma relación que los otros 50 estados con la IRS (Internal Revenue Service o la AFIP americana).

Las salvaguardas informáticas para que el IGA 1A entre en vigencia fueron cumplidas por la AFIP tras una visita estadounidense en 2019. Solo faltan algunos pasos burocráticos: una resolución de la AFIP y la notificación –no requiere aprobación– al Congreso de EE.UU. Las traducciones en las que se están trabajando no serán un problema.

Guerra total

Mientras estos detalles van saliendo a la luz lentamente, la maniobra cristinista para evadir el fallo de la Corte con relación a la composición del Consejo de la Magistratura, sumado al “manejo” de Cecilia Moreau –que responde a Massa y a Cristina Kirchner– en la última sesión quebró el diálogo en la Cámara de Diputados. “Rompieron todo”, cuenta un diputado de la oposición. Tras el partido de la Argentina y Croacia, en Juntos por el Cambio se repasó la agenda legislativa. “Lo que vemos es que el Frente de Todos no sabe cómo arrancar”, contó. “Quieren sesionar como si nada y nosotros queremos otra agenda”, agregó.

“No estamos para acompañar el blanqueo”, dijo el legislador de Juntos por el Cambio. Sin embargo, no todos son tan contundentes. Cerca de Massa, acostumbrados a las negociaciones difíciles en el Congreso, son más optimistas. “Va a salir”, dicen a la espera del dato de inflación que se conocerá mañana. En los pasillos del quinto piso del Ministerio de Economía esperaban por estas horas un número mejor al del índice de precios porteño, que marcó 5,8% para noviembre. Además, el Gobierno anunció dos bonos acotados para fin de año. Una victoria pírrica del presidente Alberto Fernández sobre la vicepresidenta, que pedía una suma fija. Puede sumarse a los “logros” de estos tres años celebrados hoy.

La guerra contra la Corte desató además un silencioso conflicto laboral ahogado por los gritos del éxito argentino en la copa del mundo. El Gobierno está reteniendo una partida de fondos para pagar el cuarto tramo de un acuerdo salarial ya sellado con los judiciales. Los trabajadores iniciaron un paro de 60 horas que podría extenderse -otras 60 horas- la semana que viene. “Somos rehenes de conflictos entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema”, dijo Julio Piumato. Todo está trabado en la oficina de Juan Manzur. Miran particularmente a Juan Manuel Olmos.

Mientras Massa logró más financiamiento neto luego de un mes de sequía, la falta de agua complica la provisión de dólares a mediano plazo. Un informe que publicará en las próximas horas el economista Salvador Di Stefano junto al climatólogo el Leo Debenedictis afirma que los eventos climáticos “niña fuerte” fueron la antesala de la crisis de los años 1976, 1989, 2001, 2008 y 2018.

Los últimos tres años fueron “niña” en la Argentina y nadie se anima a pronosticar qué pasará en 2023, pero se anticipa un año duro para el campo. La sequía cambió el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Fernando De la Rúa tuvo tres años de “niña”. Es un problema a futuro para toda la política: sobre 25 eventos “niña”, siete se dieron en los últimos 13 años. Se trata de una situación que no se observa en el resto de la serie histórica desde 1950 hasta la fecha.