Y afirmaron que “como colectivo nos declaramos en estado de alerta frente a la violencia patriarcal ejercida en y desde los sindicatos. Y exigimos que Correa –quien también cuenta con otras denuncias por violencia dentro del sindicato- sea apartado de su cargo en forma preventiva mientras se lleva a cabo el proceso judicial, siguiendo el ejemplo de lo que se realizó con el ex Secretario General del SUTE, también denunciado por abuso en el 2019″.

El dirigente al que hicieron referencia fue Sebastián Henríquez, quien también atravesó una denuncia por abuso sexual cuando conducía el gremio docente y finalmente fue absuelto.

“Desde la conformación del NUM hasta hoy, acompañamos las denuncias contra las prácticas violentas y machistas en los sindicatos de ATE, SUTE, CTA y UPCN. Hasta que todo sea como lo soñamos, seguiremos repudiando y visibilizando a quienes ejercen violencia y a sus cómplices. Estamos hartas, pero también más fuertes y unidas. ¡No nos callamos más! ¡Basta de violencia machista sindical!”, completaron.

QUÉ DICE LA CTA

Correa también es secretario general de la CTA de los Trabajadores y desde esa organización, puntualmente la Secretaría de Género e Igualdad de oportunidades, salieron a expresarse públicamente sobre la denuncia.

“Desde la Secretaría de Género e Igualdad de oportunidades de la CTAT Mendoza, queremos expresarnos ante las denuncias en torno a los supuestos hechos sucedidos en el marco de la actividad gremial del SUTE de presentación de un reclamo, por cierres de cursos en la modalidad de jóvenes y adultos. Ese día se presentaron en el edificio de UCIM las y los miembros del secretariado provincial, en compañía de delegadas y delegados del mencionado sindicato. Frente al impedimento para ingresar a este edificio público, es que se genera una discusión, tal como muestra el video que se adjunta”, manifestaron.

El texto redactado por mujeres de la CTA, continúa: “Es importante para nosotras aclarar que el contexto de los incidentes se da en el marco de una acción gremial contra el gobierno de la provincia de Mendoza, y en presencia de más de 50 compañeros y compañeras y agentes policiales. Así mismo, es la posición de nuestra Central que los compañeros implicados se pongan a disposición de la Justicia, para aportar cualquier prueba o relato que sea necesario en pos de esclarecer los hechos”.

“Es función del Poder Judicial interpretar y aplicar la norma. Será a partir de este momento responsabilidad nuestra la de colaborar para esclarecer lo sucedido. De los medios, la comunicación responsable”, agregaron.

Y concluyeron: “Nuestras banderas de lucha por la defensa de nuestros derechos son indelegables y como tal deben tener las garantías necesarias para que se cumplan; evitando, sobre todo, que se mezclen con acciones de tintes políticas que lo único que hacen es seguir dañando nuestras luchas”.

CRUCE TUITERO ENTRE DOS LEGISLADORES

El jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado provincial, Lucas Ilardo, se manifestó a favor del líder sindical y aseguró que la acusación por abuso sexual se trata de “falsas denuncias e imputaciones exprés”.

“Denunciar y enfrentar al poder no es gratis. Aprietes, extorsiones, falsas denuncias e imputaciones exprés. Te creías @gustavocorrea77 q ibas a denunciar sueldos del poder judicial, hacer la marcha más grande de los últimos 20 años e impedir cierres de escuelas gratis? Naaaa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Quién salió al cruce de esta publicación fue la diputada provincial oficialista Josefina Canale, quien retuiteó el mensaje y cuestionó: “Ah, pero qué lindo todo!!! Y el “Yo te creo”? O eso no corre para los compañeros? Qué vergüenza!! Qué desilusión, senador!!”.

EL HECHO

La agresión sexual se habría producido el 25 de noviembre pasado en el ingreso a la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, una dependencia de la Dirección General de Escuelas ubicada en Patricias Mendocinas 1157 de Capital. Se trata de oficinas alquiladas a la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM).

Sucedió en el marco de una manifestación del SUTE en esa sede de la DGE, que comparte oficinas con la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM). Según las autoridades de UCIM, los manifestantes produjeron roturas en la puerta de entrada al edificio y hasta quisieron tomarlo, pero fueron disuadidos por la Policía.

De acuerdo con la denuncia, Correa, junto a Palacios y Doña, acorralaron a una agente de seguridad, a quien le propinaron golpes de puño y patadas en el pecho, espalda, cuello y piernas. También la víctima relató que le tiraron el cabello y que la empujaron contra la puerta de rejas del edificio, donde, estando sujeta de piernas y brazos, intentaron bajarle el pantalón.

Luego, a la mujer la tomaron de los pechos y le metieron una patada en la vagina, mientras le gritaban que le convenía que se fuera del lugar. También la tocaron en esa parte del cuerpo. Además, la víctima dijo que Correa se colocó por detrás, le apoyó el pene en los glúteos e hizo movimientos que simulaban que tenía una relación sexual con ella.

De esta manera, este lunes el fiscal Nora notificó a los tres acusados de la imputación y les dictó una prohibición de acercamiento a la víctima. Además, fijó una caución de 100 mil pesos.

Se trata de un delito excarcelable, pero si fueran condenados, quedarían impedidos del ejercicio de cargos sindicales.

En tanto, la agente de seguridad será sometida a una pericia psiquiátrica y psicológica.