Producto del clima hostil que rompió el diálogo entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados entró en un receso anticipado y dejó un extenso catálogo de proyectos de ley pendientes de aprobación.

Desde ambas partes confiesan que no hay condiciones políticas ni siquiera para retomar la agenda en sesiones extraordinarias en el corto plazo, y recién podría retomarse la actividad en febrero, en caso de que el presidente Alberto Fernández convoque con un temario específico, que podría incluir el proyecto de blanqueo cuya redacción está ultimando el Ministerio de Economía.

Después de la fatídica doble sesión del 1 de diciembre en la que la polémica por la designación de miembros al Consejo de la Magistratura vició la dinámica de la Cámara baja y puso en el ojo de la tormenta a la presidenta del cuerpo Cecilia Moreau, se disolvió cualquier atisbo de convivencia, y los intentos del Frente de Todos para aprobar proyectos pendientes chocaron contra la fría realidad.

El miércoles pasado, volvió a fracasar el quórum de la sesión convocada, entre otros motivos, para aprobar el proyecto de regularización de aportes previsionales y la creación de ocho nuevas universidades nacionales. El oficialismo en principio contaba con la ayuda de un puñado de legisladores de Juntos por el Cambio (del bloque Evolución Radical) para conseguir el número mágico de 129 legisladores, pero la inclusión «por la ventana» del proyecto de Ley de Alquileres le dio la excusa perfecta a los opositores para retacear el quórum a último momento, pese a que había acuerdo previo en Labor Parlamentaria.

La ley para regular los precios de las locaciones de inmuebles para vivienda era largamente reclamada por la oposición, pero la ausencia del grueso de los diputados de Juntos por el Cambio en el recinto iba a llevar al desenlace indeseado: que se aprobara la versión impulsada por el Frente de Todos en detrimento de la propia. El tratamiento está trabado desde mediados de año porque ni el oficialismo ni el Frente de Todos tienen los votos suficientes para imponer sus propios proyectos de Alquileres. De todos modos, queda una hendija abierta ya que los dictámenes conservarán estado parlamentario hasta fines del año próximo.

Así las cosas, se perdió por tercera vez consecutiva la oportunidad de avanzar con parte de la agenda trunca de la Cámara baja, como la moratoria -que permitiría que 800.000 personas sin los aportes suficientes puedan jubilarse hasta diciembre de 2023- y las nuevas universidades nacionales. El temario de la sesión levantada el miércoles pasado también incluía los proyectos sobre la ley 22.990 de Sangre y de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de Down, para hijo en gestación o recién nacido, y el programa Federal Único de Informatización y digitalización de historias clínicas.

Pero hay muchas más iniciativas que quedaron en el tintero. Por ejemplo, la reforma de la ley de lavado de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La principal reforma tiene que ver con convertir la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, bajo jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera. El apremio con avanzar con esta ley se asocia al hecho de que el próximo año está prevista una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que exige al país la actualización de su normativa como condición para seguir siendo parte de esa entidad.

La Ley de Humedales, que ya tiene dictámenes, es otro tema que quedó stand by a raíz de la falta de acuerdos. El despacho oficialista establece el ordenamiento territorial y un inventario de humedales de todo el país. Regula la actividad de emprendimientos productivos en ecosistemas húmedos y exige garantías de preservación con evaluaciones de impacto ambiental con el propósito de evitar el «ecocidio». Establece un fondo no menor al 0,3% del PBI. En tanto, el dictamen de JxC pone mayor énfasis en evitar restricciones a la actividad productiva y promueven una ecuación más “equilibrada” entre explotación económica y preservación.

El proyecto de ley de obstetricia, a diferencia del anterior, tiene un alto nivel de consenso, pero sigue pendiente de aprobación en la Cámara baja. Esta norma establece un marco general y amplía las incumbencias de los profesionales de la obstetricia, quienes se dedican a asistir a la persona gestante en todo su período fértil durante el embarazo, el parto y el puerperio.

La ley de promoción de la Agroindustria y el proyecto de Compre Argentino, ambas impulsadas por el Ministerio de Economía, quedaron pendientes, al igual que la creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI con dinero fugado al exterior, iniciativa que cuenta con media sanción del Senado. Éste último proyecto, cuyo autor es el senador kirchnerista Oscar Parrilli, tiene ínfimas chances de avanzar, pero sí hay expectativa por la propuesta de blanqueo que presentará la cartera económica de Sergio Massa en las próximas horas. Se trata de un programa de exteriorización de capitales con alícuotas mucho más bajas a las multas que establecía el proyecto del senador neuquino. Esta iniciativa estipula que un 20% de lo recaudado por el blanqueo se destine al pago de las obligaciones de deuda con el FMI.

La agenda judicial del oficialismo también volverá a postergarse en lo que queda del año, y no se vislumbran demasiadas posibilidades de resucitación. La reforma del Ministerio Público Fiscal perderá estado parlamentario el 31 de diciembre, mientras que las reformas de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, que recibieron media sanción del Senado este año, mantendrán vigencia por un año más, aunque las expectativas son prácticamente nulas.