Al término de un breve debate del que sólo participaron cuatro oradores, la Cámara alta también votó y convirtió en ley la prórroga de una serie de impuestos cuya vigencia vencía a fin de año y que son vitales para el financiamiento de la administración pública. Se trata de la prórroga por cinco años de los impuestos a las Ganancias, a los Bienes Personales, a los Débitos y Créditos Bancarios (más conocido como impuesto al cheque); del Monotributo, y el adicional de Cigarrillo.

En un hecho inédito, la oposición en pleno le dio la espalda a la discusión del presupuesto. Juntos por el Cambio lo hizo en rechazo a la jugada del kirchnerismo, que decidió refrendar en la misma sesión la maniobra pergeñada por Cristina Kirchner para quedarse con tres de los cuatro escaños que le corresponden el Senado en el Consejo de la Magistratura. Tampoco participó la cordobesa Alejandra Vigo, referenciada en el gobernador de su provincial, el peronista disidente Juan Schiaretti. La legisladora explicó en un tuit su ausencia: “El oficialismo nuevamente enrareció el manejo parlamentario y no estaban dadas las condiciones para debatir un temario que no fue el planteado desde un principio”, sostuvo.

En sus trazos gruesos, el presupuesto sancionado este miércoles prevé un gasto de $29 billones y un total de recursos de poco más de $22 billones y medio, lo que arroja un déficit del 1,9 por ciento del PBI.

Según las explicaciones oficialistas, el rojo previsto para el próximo ejercicio está en sintonía con los lineamientos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando el gobierno de Alberto Fernández reprogramó la deuda con el organismo de crédito. A pesar de esto y a contramano del rechazo del sector, cuando en abril último el convenio fue refrendado por el Congreso, el ala kirchnerista del Frente de Todos votó a favor. En ese sentido, la ley contempla casi 3 billones de pesos para el pago de los servicios de la deuda.

A pesar de que la oposición estuvo ausente, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Ricardo Guerra (La Rioja), se preocupó por responder los cuestionamientos al presupuesto, al que calificó como “realista”, aunque admitió el ajuste que contiene en sus lineamientos.

“Financia los servicios esenciales, así como las políticas de plan del Gobierno, pero en un marco de restricciones dadas por un contexto mundial muy influenciado por una guerra que tiene impacto global muy importante”, dijo.

En ese sentido, pidió “no olvidar que el país tuvo que normalizar y encauzar una deuda muy elevada que dejó el gobierno anterior”. Además, citó como parte del contexto en el que fue proyectado el presupuesto “una crisis sanitaria global muy costosa y dolorosa”, en alusión a la pandemia de coronavirus.

Además de la pauta inflacionaria del 60%, la ley cuenta con una cláusula que obliga al Gobierno a mandar una corrección del Presupuesto en el caso de que la recaudación o la inflación sean superiores en un 10% a las previstas al próximo 31 de agosto.

La norma también incluye un blanqueo de capitales, en este caso solo destinado a la adquisición de viviendas usadas.

En una de las medidas más cuestionadas por la oposición, el presupuesto 2023 contempla una elevación de los impuestos internos de tres puntos, llevándolos al 9,5%, para los productos electrónicos producidos en Tierra del Fuego. Para los importados la suba se eleva del 17% al 19%.

También quedaron consagradas la nueva tasa de $250 que se aplicarán en los pasajes de avión destinados a financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la exención del pago del impuesto a la Ganancias a los viáticos que cobran los camioneros, ambas cláusulas incorporadas en la frenética madrugada del 26 de octubre pasado, cuando el proyecto se aprobó en Diputados.

En otro de sus artículos se consagra el ajuste por inflación de los balances de las empresas, aunque sólo podrán hacerlo por tercios por este año y los próximos dos ejercicios.

En su paso por Diputados y para calmar los distintos reclamos de los distintos sectores del oficialismo, se incorporaron mayores erogaciones por más de $560.000 millones, aunque ese incremento no se vio reflejado en el gasto total, lo que da a entender que quedará a criterio de las autoridades de Economía decidir cuáles partidas serán perjudicadas por la necesaria reasignación.

En lo que es un claro ajuste a los jubilados, la norma sancionada apenas si asigna $153.000 millones para el pago de sentencias previsionales.

Aunque no era todo lo que había reclamado, las provincias verán incrementados los subsidios al transporte hasta la suma de $85.000 millones, aunque deberán adherirse al sistema SUBE para poder disponer de esas partidas.

Por último, las provincias y municipios deberán controlar que las empresas de electricidad paguen sus deudas a la mayorista Cammesa y tendrán seis meses para acordar un plan de pagos.