“El objetivo es defender las reservas”, dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, ante funcionarios de 24 distritos del país reunidos días atrás en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en un encuentro organizado por José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria. Bien podría haber trastocado las palabras de su exlíder político, Álvaro Alsogaray, para decirles: “Hay que pasar el verano.”

El Gobierno sigue evitando implementar una devaluación del peso. Si bien una devaluación tendría efectos inflacionarios iniciales, es la única forma de poder instrumentar un plan de estabilización exitoso, en el marco de un ajuste fiscal y una suba de tasas de interés. Y lo es, porque es condición necesaria, aunque no suficiente, para hacer que los argentinos nos queramos quedar con los pesos que tenemos y para equilibrar, simultáneamente, el mercado cambiario.

Es lo que ocurrió, por ejemplo, en 2002. Luego de una fuerte depreciación del peso y en el marco de un ajuste fiscal impresionante, el entonces presidente del Banco Central (BCRA), Mario Blejer, creó las Lebac y puso su tasa en el 140%, diciendo su famosa frase: “Muchachos, acá lo que tenemos que hacer es que la codicia supere al pánico.” Así, el tipo de cambio estuvo prácticamente estable, en cerca de 3 pesos por dólar, por los siguientes 5 años.

El Gobierno, por miedo a las consecuencias políticas y sociales de un fogonazo inflacionario, implementa un plan que está matando en cámara lenta a la economía, pero que no evita que los argentinos queramos seguir deshaciéndonos de los pesos que tenemos, y que perpetúa el desbalance del sector externo y, por lo tanto, el del mercado cambiario.

La presunción de las autoridades es que “defendiendo las reservas” podrán entregar el gobierno a la actual oposición evitando una devaluación previa. Este supuesto es erróneo. Y voy a argumentar.

Una brutal caída de la producción de trigo y la potencial caída de la producción de soja y maíz harán que el Banco Central pueda llegar a perder hasta US$8000 millones hacia el final del verano, cifra con la que no cuenta. Al final del día, esta política económica matará a una parte del entramado productivo del país y, aun así, no podrá evitar una devaluación del peso y un fogonazo inflacionario mayor que si el Gobierno tomara pronto el toro por las astas.

“Las medidas que se implementan matan en cámara lenta a la economía, y no evitan que la población quiera deshacerse de los pesos”

En lugar de hacer un plan integral, el Gobierno ajusta el gasto fiscal y sube las tasas, pero solo implementa una devaluación en cuotas y ajusta los controles cuantitativos. La devaluación en cuotas tiene dos dimensiones. Una es la aceleración de la depreciación del tipo de cambio oficial. Las minidevaluaciones diarias pasaron de un ritmo promedio de 1,2% mensual en la segunda mitad de 2021, a uno de 6,5% en octubre de 2022. Recién en septiembre esa tasa de depreciación se igualó con la de inflación, tras superarla con creces en los meses anteriores: en lo que va del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la inflación acumulada es de 264%, mientras que el peso se depreció solo un 162%. Este desfase entre precios (y, en menor medida, salarios) y tipo de cambio, está matando al sector exportador. Las economías regionales están perdiendo competitividad y mercados a tasas aceleradas. Una muerte en cámara lenta, pero muerte al fin.

La segunda dimensión de la devaluación es la creación de múltiples tipos de cambio. Al “dólar Qatar” y otros se estarían sumando varios nuevos tipos de cambio: los turistas extranjeros podrían empezar a recibir el dólar MEP al usar sus tarjetas de crédito en el país, y las personas físicas y jurídicas que usen sus propios dólares podrán importar “bienes suntuarios”. Estos atajos quizás le permitan al Gobierno ganar tiempo, pero no eliminan el principal problema: a este tipo de cambio oficial, los exportadores están moribundos, los argentinos queremos comprar todos los dólares que podamos, y los importadores quieren comprar todo lo que pueden. Nunca se van a estabilizar los mercados monetario y externo con un esquema como el actual.

Para evitar el “festival de importaciones que demolió las reservas”, como dijo Massa, el equipo económico implementó un nuevo sistema de autorización de pago de importaciones, el SIRA. En octubre, el Gobierno habría recibido pedidos de importación por US$8200 millones, pero solo aprobó la mitad, según un artículo de Mariano Boettner publicado en Infobae. El problema es que las importaciones de bienes finales son menos del 15% de las compras desde el exterior de la Argentina. El resto son partes, bienes de capital, partes de bienes de capital y combustibles. Es decir, al cortar las importaciones se corta la producción, además del comercio. La falta de insumos amenaza la producción en varias industrias.

“La combinación de limitaciones a la importación, sequía y una política restrictiva fiscal y monetaria llevarán al país a una recesión en 2023″

Es muy probable que la situación de las importaciones se agrave en los próximos meses. El Banco Central forzó a los importadores a asumir una deuda comercial de más de US$10.000 millones en los primeros nueve meses del año. Esta cifra surge de comparar las importaciones reportadas por el Indec y las efectivamente pagadas, según un informe del Banco Central. Es muy difícil que esto pueda continuar por mucho tiempo, en un país al que nadie le quiere dar crédito en dólares. Lo más probable es que se corten más las importaciones, o que el BCRA tenga que ceder más dólares y, por lo tanto, perder más reservas en las próximas semanas.

La combinación de las restricciones a las importaciones, la sequía y una política fiscal y monetaria más restrictiva resultarán en una recesión y en una contracción del PBI en 2023. El modelo es uno de muerte en cámara lenta. La caída del nivel de actividad ya habría comenzado en septiembre, cuando se habría contraído un 0,4% respecto de agosto, según el indicador del estudio de Orlando Ferreres. En las proyecciones de economistas y del FMI aún se espera un crecimiento para 2023, pero es muy probable que se ajusten las expectativas a la baja.

Es decir, los argentinos estaremos pagando los costos de un ajuste, sin tener ninguno de sus beneficios. Hay recesión, pero no hay incentivos para demandar pesos. El mercado local de deuda ya empezó a reflejar este problema. En las últimas semanas, el BCRA tuvo que volver a salir al rescate del mercado de deuda en pesos del Gobierno, comprando bonos por un estimado de $147.000 millones hasta el 28 de octubre. Para que los pesos que emite no impacten aún más en la inflación, el BCRA coloca Leliq para retirarlos del mercado. El stock de Leliq está a punto de llegar a los $9 billones. La cifra era de $7,1 billones antes de la implementación del “dólar soja”, a inicios de septiembre, y de $4,7 billones a fines de 2021. Es decir, el monto casi se duplicó en lo que va del año. Su costo va a superar 4,6% del PBI este año. Que los jubilados esperen, que hay que pagar las Leliq primero.

Mientras tanto, el Banco Central sigue perdiendo reservas. Vendió, pese a todas las restricciones, US$194 millones en los primeros tres días del mes. El panorama no luce muy positivo. Las exportaciones de cereales y oleaginosas se desplomaron a US$1217 millones en octubre, la mitad que en ese mes de 2021, desde los US$8120 millones de septiembre. Este mes se inicia la cosecha de trigo. Pero la Bolsa de Cereales de Buenos Aires cortó su estimación de cosecha a 14 millones de toneladas. Es un 37,5% menos que la cosecha anterior, de 22,4 millones de toneladas. Pero, dado que el Gobierno va a limitar las exportaciones para defender las ventas domésticas, que están entre 6,3 y 7 millones de toneladas por año, el saldo exportable de trigo de la campaña 2022/2023 caerá a menos de 8 millones de toneladas, desde poco más de 16 millones en el período previo.

Para las exportaciones de soja, maíz y girasol nuevos hay que esperar a abril. Es decir, nos espera un largo verano. Pero, si la sequía se extiende, el rendimiento de la soja y el maíz también se resentirá. Por ahora, las noticias no son buenas. La siembra de maíz y girasol viene atrasada, y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya cortó la expectativa de siembra de maíz a 7,3 millones de hectáreas, un 5% menos que el año pasado. Con estos números, le será muy difícil al Gobierno evitar una devaluación en 2023. En síntesis, está sometiendo al sector privado a una muerte lenta para evitar una devaluación, pero al final tendrá las dos cosas.

Mientras tanto, la política sigue en su realidad paralela. El gobierno nacional pasó a planta permanente a 11.000 empleados públicos, mientras que la legislatura de Tierra del Fuego aprobó la reducción de la edad jubilatoria de los empleados estatales a 55 años, con el 88% móvil, con el apoyo de la oposición.

Es decir, más que pasar el verano, los argentinos necesitamos pasar un largo desierto para huir de la opresión económica a la que estamos sometidos.