La Corte Suprema de Justicia se reunió este mediodía por la inclusión en el dictamen de la ley de presupuesto de un artículo para obligar a pagar el impuesto a las ganancias a todos los jueces y entre los ministros prima la idea de que se trata de un ataque más contra la Justicia de parte del Gobierno, que pretende deslegitimar al Poder Judicial en vísperas del dictado de importantes veredictos, como el del juicio contra Cristina Kirchner, y generar un éxodo de jueces con sus renuncias para cubrir las vacantes con magistrados afines, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

Este clima en la Corte es el producto de las comunicaciones que vienen manteniendo desde anoche los cuatro magistrados, tanto entre ellos como con camaristas y jueces federales de todo el país, y tuvo su correlato en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que se declaró en “sesión permanente” y esta tarde realizará una reunión extraordinaria de su consejo directivo para decidir los pasos por seguir.

Los directivos de la asociación emitieron un comunicado en el que dijeron que son “conscientes de la gravedad de la afectación que se pretende en términos de avasallamiento” y anunciaron que están “en contacto” con “todos los espacios con un objetivo común”. Y agregaron: “El salario no es ganancia ni un privilegio”. Firman el comunicado el presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle, y el secretario general, Marcelo Peluzzi.

No se descarta que la semana próxima pueda haber una declaración de la Corte, dijeron las fuentes judiciales al tanto del ánimo que reina en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde tienen sus despachos los cuatro ministros. Señalaron que los jueces lo interpretan como un “ataque más” al Poder Judicial de parte de este gobierno y que lo comparan con la reforma de la ley de jubilaciones y el aumento del aporte de los jueces al 18 por ciento.

Esa ley generó una ola de renuncias de jueces, que prefirieron irse en ese momento y no jubilarse con la ley nueva. Algunos jueces críticos del Gobierno sostienen que lo que se pretende con este cambio es generar un éxodo de magistrados para ocupar esos espacios con gente afín. De hecho, destacan, en las últimas elecciones del Consejo de la Magistratura la lista de jueces que mas creció es la Celeste, con mayor afinidad con el Gobierno.

Esta iniciativa es leída en los tribunales como una embestida más, que se suma la reforma judicial de la “Comisión Beraldi”, la media sanción en el Senado del proyecto para ampliar la Corte, la media sanción en el Senado a la ley del Consejo de la Magistratura y los planteos de reforma del Ministerio Publico.

Por su parte, la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de todo el país, habló de avasallamiento de la independencia, dijo que entienden la situación social pero los sueldos de los jueces son intangibles y señaló que “el dialogo constructivo y de cooperación entre los distintos poderes del Estado, lejos de obstaculizar las transformaciones estimadas indispensables, permitiría zanjar definitivamente”, el asunto, con independencia de la fecha de designación de los jueces en sus cargos. Lo que pareciera abrir alternativas a negociar.

Asimismo, la Asociación de Jueces Federales (Ajufe) que preside Jorge Morán y orienta el juez federal Ariel Lijo, de Comodoro Py 2002, señaló que el proyecto para incluir en el presupuesto que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias le genera “rechazo y preocupación” porque “avanza sobre los salarios de las juezas y jueces de todo el país, por encontrarse en oposición a la Constitución Nacional y a los instrumentos diseñados para asegurar la independencia judicial”.

Fuentes judiciales que recogen la temperatura de los tribunales destacaron que el texto del dictamen de mayoría que se tratará en el recinto el martes próximo incluye no solo a los jueces federales y nacionales sino también a los jueces provinciales de todo el país. Por eso, llegaron a decir que lo que se recaudará de más si se aprueba la reforma serán 237.850 millones de pesos (0,16 % del PIB).

Eso incluye a los magistrados provinciales y todos los regímenes equiparados (tribunales de cuentas provinciales, ministerios públicos, etc.); incluso a municipales. Hay unos 15.000 jueces y funcionarios provinciales y poco mas de 760 jueces nacionales y federales.

De hecho la Federción de la Magistratura (FAM), que agrupa a los jueces provinciales de todo el país, en un comunicado rechazó el impuesto y dijo que “la persistencia de los órganos políticos gubernamentales en la implementación de este tipo de medidas por ende no hace más que poner en riesgo el equilibrio de poderes indispensable para el normal funcionamiento del sistema republicano y democrático de gobierno”.

Otro asunto que llamó la atención en Tribunales fue que quien planteó la necesidad de aplicar este cambio en el régimen del impuesto a las ganancias de los jueces fue el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto, el mismo que presentó el recurso de amparo y pidió la medida precautelar para frenar el fallo de la Corte que imponía la puesta en vigencia de la vieja ley del Consejo de la Magistratura.

La presentación de Casaretto logró que en cuestión de menos de dos horas el juez federal de Panará Daniel Alonso, dictara una orden judicial que le prohibía a Cristina Kirchner y a Sergio Massa enviar a sus representantes al Consejo de la Magistratura. La Corte anuló ese fallo y denunció al juez Alonso, que ahora está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura y podría enfrentar un juicio político.

Los especialistas en derecho administrativo recorrieron esta mañana su biblioteca tras el dictamen de mayoría que incluye el artículo que grava con el pago del impuesto a las ganancias a todos los jueces y destacaron lo que señala la Ley de Administración Financiera (N°24.156) en la segunda parte de su artículo 20. Cuando habla del presupuesto nacional señala que “no podrá contener disposiciones de carácter permanente, no podrá reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos”.

Con estos textos a la vista, en los tribunales se planteaba que en caso de que la ley sea aprobada con este artículo, rápidamente puede ser cuestionada judicialmente y declarada inconstitucional.

Los números hoy

Actualmente pagan impuesto a las ganancias 183 magistrados, que ingresaron al Poder Judicial luego de 2017, cuando se reformó la ley. Y no pagan el impuesto a las ganancias 778 magistrados. Paga un 25,14%. Entre los funcionarios judiciales no pagan el impuesto 5029 funcionarios, mientras que son 125 los que sí lo hacen. Representan el 2,49%. En total, entre magistrados y funcionarios, quienes pagan el impuesto representan el 5% del Poder Judicial.