Este pasado miércoles nos desayunábamos con la noticia de que el Estado Nacional estaba actuando judicialmente contra la truchada de El Azufre, tema al que nos referimos en la entrega anterior (https://piramideinformativa.com/2022/10/parte-2-si-huele-a-azufre-es-porque-anda-el-diablo-por-carlos-benedetto/), a propósito de un vuelo rasante que hizo la empresa para bajar línea y generar licencia social artificial. Allí mencionábamos la paradoja de que los puesteros que cedieron lo que no es suyo para un negocio privado tendrían que empezar a pagar un arriendo por el uso de tierras por las que antes no pagaban nada.

Lo más patético es que pobladores del Valle de Poti Malal creyeron que eso los iba a beneficiar y rehusaron seguir la lucha contra esta usurpación y hasta con la creación de un Parque, a pesar de que esa idea ya tiene estado parlamentario. Podemos dar detalles dolorosos de ello, pero preferimos festejar que, al fin, el Estado Nacional tomó cartas en el asunto; https://mendozatoday.com.ar/2022/10/05/reves-para-mendoza-el-gobierno-nacional-denuncia-a-la-empresa-el-azufre/

“Revés para Suarez: el Gobierno nacional denunció a El Azufre y pidió el desalojo. De esta manera se inicia una acción de desalojo

Diario Mendoza Today 5 octubre, 2022

Una nueva polémica envuelve al centro de esquí El Azufre, ubicado en el departamento de Malargüe. Es que este miércoles el Gobierno nacional a través de la Agencia Administración de Bienes del Estado (AABE) denunció a esa firma por incumplimiento de la ley 17.091 sobre restitución de inmuebles fiscales cedidos por contrato de concesión.

La denuncia recayó en una Secretaría Civil del Juzgado Federal de San Rafael bajo el número de expediente FMZ 035004/2022, iniciando de esta manera una acción de desalojo.

La polémica arrancó en diciembre pasado cuando trascendió la entrega de 12 mil hectáreas a la empresa El Azufre para construir aquel ostentoso centro de esquí. Se trata de un enorme predio ubicado en plena zona de glaciares.

La oposición mendocina puso el grito en el cielo por ello, ya que la cesión se hizo “entre gallos y medianoche y se descubrió que la empresa venía trabajando desde hace dos años en ese lugar sin estudio de impacto ambiental, ni la pertinente autorización administrativa.

En tal sentido, desde el Frente de Todos de Mendoza puntualizaron ante Diario Mendoza Today: “Las irregularidades y el salteo de pasos institucionales están a la vista de todos ya que nunca se realizó una evaluación de impacto ambiental ni se cumplió con el decreto provincial Nº 95/1991, en el cual la provincia se comprometió a realizar un plan de colonización para determinar qué zonas iban a ser para destinos industriales, cuáles para la explotación turística, y cuáles, destinados a poblar el territorio”.

El Azufre ostenta un capital accionario que asciende a 8,2 millones de pesos, integrados de la siguiente manera: Daniel Nofal $4.920.000, Alejandro Spinello $2.870.000 y José Beccar Varela $410.000. Los tres fueron beneficiados a través de una “asignación precaria”, lo cual le valió al gobernador de Mendoza la acusación por parte de la oposición local de haber “privatizado” una parte de la Cordillera de los Andes.

No obstante, desde el Ejecutivo mendocino aseguran que están todos los papeles en regla, incluso con el aval legal y técnico de la Fiscalía de Estado”.

(Así como suena, como si la fiscalía de estado provincial tuviese potestad por sobre los intereses del estado nacional……)

De esta manera, adquiere nueva relevancia la denuncia realizada por la Federación Argentina de Espeleología (FAdE), que data de fines de junio y puede verse completa en http://fade.smartnec.com/images/prod/kPjbZVwHGUDolOAv8y0SFSjCkCCB0v.pdf.

Más contudente es la agencia Telam; https://www.telam.com.ar/notas/202210/607097-estado-demanda-centro-de-esqui.html:

“El Estado demandó a un centro de esquí por ocupación ilegal de terrenos nacionales”

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) demandó al complejo aduciendo que la empresa está montada ilegalmente en tierras estatales. La empresa se vio beneficiada con el usufructo de una zona en la que montó un centro de esquí boutique sin pagar un sólo peso.

06-10-2022 | 20:32

(@MinInfraMza)
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) demandó al centro de esquí El Azufre, ubicado en el Departamento de Malargüe, Mendoza, aduciendo que la empresa está montada ilegalmente en tierras estatales y pidió el desalojo del complejo, que este año brindó su primer servicio a turistas.

Según informaron a Télam fuentes de la AABE, el conflicto se inició este verano luego de que el gobierno mendocino emitió el decreto N° 2138/21 que cedió un terreno de 12.351 hectáreas en la zona cordillerana para que la firma Azufre SA desarrolle un centro de esquí.
«Se efectuó una asignación gratuita de las tierras por parte de la provincia que no son de su titularidad excediendo sus competencias, prescindiendo del proceso licitatorio correspondiente», afirmó la AABE en la demanda presentada en el juzgado federal de San Rafael y agregó que «el Estado nacional, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales».
De esta manera, la compañía Azufre SA, perteneciente a los empresarios Alejandro Spinello, Daniel Nofal y José Beccar Varela, se vio beneficiada con el usufructo de esta zona ubicada a 2.400 metros de altura, donde se montó un centro de esquí boutique, ya que sólo se puede acceder por vía aérea, lo cual transformó el complejo en una opción muy exclusiva ideada para fanáticos del deporte de nieve y con un alto poder adquisitivo.

«Es una zona de frontera en la cual los pobladores locales realizaban veranada, es decir, llevaban a sus animales a pastar en verano, pero luego en invierno es una zona inaccesible«, explicaron las fuentes de la AABE y agregaron que todo se inició porque uno de estos pobladores locales, que hacía uso informal de los suelos estatales, intentó prescribir el terreno a su favor.
«Nadie pagó nada, fue gratis. No consta en ningún lugar que alguien haya pagado algo por los terrenos», aseguraron.

A partir de esta situación, la AABE inició una demanda en la Justicia para pedir el desalojo del lugar y hacer cumplir las leyes 17.091, que establece la restitución de inmuebles fiscales cedidos, y 21.900, ya que se trata de un espacio de frontera.

El centro de esquí, que brindó servicios este invierno sobre todo a turistas extranjeros, se postuló como una empresa «100% sustentable», sin embargo no contaba con un informe de impacto ambiental, en una zona particularmente sensible por tener nacientes de agua y humedales.
El Azufre tiene planeado para 2024 construir varios hoteles, una docena de restaurantes y tiendas en la zona, a la vez que planificó incluso pistas de esquí de fondo al pie del volcán con una posible parada en baños de agua caliente.

 «Nadie pagó nada, fue gratis. No consta en ningún lugar que alguien haya pagado algo por los terrenos», aseguraron desde AABE

En la demanda, la AABE aseveró que «la ocupación del inmueble se sustenta en un acto ilegítimo de la Provincia de Mendoza –no del Estado Nacional- que en modo alguno puede fundar una ocupación legitima sobre un inmueble que no es de su propiedad, más aún cuando el titular dominial, en este caso el Estado Nacional, ha manifestado expresamente su oposición«.

«La solución es el desalojo, es una medida sencilla. Ante la ausencia de un vinculo jurídico, es una acción civil de desalojo contra un ocupante que no tiene por qué permanecer en el inmueble estatal. No juzgamos la actividad, sino que estamos defiendo el patrimonio del Estado», aseguraron desde la AABE”.

Las insensateces de quienes manejan el Consejo de Arraigo

Nuestro relato de la parte 1 de este escrito (https://piramideinformativa.com/2022/09/el-ordenamiento-territorial-del-gobierno-provincial-hace-agua-por-donde-se-lo-mire-parte-1-el-consejo-de-arraigo-del-puestero-por-carlos-benedetto/) dábamos cuenta de que el werken de la Comunidad Malalweche, consejero a quien no se permitió entrar a aquella reunión del 12 de septiembre, puso el dedo en la llaga ese día al decir “todo esto lo inventaron a las apuradas por el escándalo del Azufre, vinculando así el tema de este emprendimiento con el del cumplimiento de la ley 6086. Ya lo había hecho en una carta a la responsable de ese Concejo, la Geógrafa Nadia Rapali, a la que nos referiremos más adelante. Nuestra nota terminaba con una serie de preguntas que el Consejo de Arraigo no iba a poder responder. Pero lo hizo, y lo hizo mal: el Acta Nro. 128 (http://fade.smartnec.com/images/prod/YeBuSR7Vp3Ipa5zMspKzR7n0O5YS8T.pdf), es elocuente, empezando por el hecho de que no está redactada con formato de acta. Hay que leerla en comparación con el acta 127 (http://fade.smartnec.com/images/prod/PPrNxKnBafzD1Eo5N1P43o6GDBYcrq.pdf),  de la que los consejeros reunidos el día doce no tenían copia.

Esclarecedora la 128, tanto como estas fotos proporcionadas por otro consejero tampoco invitado … una de ellas es una toma de un rincón de una reunión multitudinaria de 2014 y la otra es una foto plenaria de 9 personas:

Patético, no?

De estas nueve personas de la reunión 2022 sólo una conocia sobre el tema, y ellas decidieron que no deben participar ni los espeleólogos, ni los puesteros ni los pueblos originarios en sus discusiones. En el caso de los espeleólogos haciendo caso omiso a que en febrero obtuvieron una sentencia judicial gracias a la cual el consejo volvió a constituirse (http://fade.smartnec.com/images/prod/2L7OAFDltl54CxqDvLdCHW43RaNt2L.pdf) .

“La 128” no está redactada en formato de acta, no se trató todo el orden del día publicado en el Boletín Oficial y no hace siquiera mención al hecho de que un consejero (Gabriel Jofré, werken de la Comunidad Malalweche) quiso entrar y no lo dejaron.

Allí se aprecia que

• Se pretende explicar que la FAdE no tiene nada que hacer en el Consejo a pesar de que otras asociaciones de bien públicó sí pueden. Por ejemplo, la Iglesia Católica, y eso puede verse en el artículo 6 de la ley 6086. Y a pesar de la mencionada sentencia judicial.
• Se ningunea al Consejo de Arraigo como potencial instancia consultiva, y se lo ubica como circunstancial organismo “asesor-a-pedido-de”, muy lejos de lo que puede verse en el acta 127, donde se pone en evidencia el afán de perfeccionar y hacer permanentes los mecanismos de participación. O sea que si al ministerio de ambiente se le antoja que no, entonces es no. Punto. Curiosa versión de la democracia participativa!!
• Se desconoce un dictamen judicial (perdón por la redundancia). En el punto cuatro del acta se enumeran las razones del rechazo a la FAdE, ignorando que fue un juez quien había evaluado (y desechado) ese razonamiento. Todo el mundo sabe que la FAdE tiene mucho que ver en la vida de los puesteros. Y ellos sí lo saben Pero parece ser que a los funcionarios radicales poco les importa lo que diga la Justicia. Menos aún la opinión de los puesteros, como ya hemos reiterado mil veces.
• No se resuelve nada sobre la periodicidad de las reuniones futuras que, obviamente, no piensan llevar a cabo. Estos gobernantes no quieren gente opinando sobre sus propios destinos

Respecto de la condición de la FAdE como actora judicial que quiere y no puede ingresar al Consejo, desgranamos aquí el texto de una nota de la geógrafa Nadia Rapali http://fade.smartnec.com/images/prod/nkginRxjfftlSuLXqUQTuPQBdGBVid.pdf  Esa nota fue entregada en mano al presidente de la FAdE antes de la reunión y en el mismo momento en que se le negaba derecho a participar, ni siquiera como oyente. Es un escrito que responde a los pedidos de la misma FAdE, y que también puede verse en http://fade.smartnec.com/images/prod/5neHxshbTHbRmXjrR3ZUHgz79ivO6v.pdf , donde la federación  propone un temario para esta primera reunión.

En esa respuesta hay muchas repeticiones y cosas que muestran que las decisiones del Consejo del 12 de septiembre ya habían sido redactadas, quizás por el propio ministro Mingorance, presidente natural del Consejo, y que en el momento de la reunión se encontraba paseando por la planta baja del edificio de la Casa de Gobierno. De hecho, la respuesta fue entregada por escrito al presidente de la FAdE antes de la reunión.

Lo que queremos decir es que, igual de la mera lectura de la respuesta y su cotejo con el acta 128, está claro que ya estaba todo “cocinado”. Se nota mucho:

Sostiene Rapalli …

La funcionaria agradece los aportes de la FAdE pero advierte que es la autoridad de aplicación quien decide cuándo se consultará a las asociaciones civiles, y en qué temas. O sea que Humberto Mingorance cuenta con la sapiencia necesaria como para prescindir, si se le antoja, de la opinión de quienes se verán afectados por sus decisiones. O sea, la bajada de línea lisa y llanamente, sin las participación popular que sí se desprende de la lectura del acta 127, la de 2014.

Es curioso, por otra parte, la premura con que este funcionario actúa ante los pedidos de las empresas petroleras, mineras, o El Azufre, mientras los puesteros aguardan desde hace casi 30 años (la ley 6086 es de 1993) para que les escrituren las tierras en que viven y trabajan. Sigue siendo curiosa esta forma de “democracia”.

El espíritu de aquella época, debe decirse, facilitaba fantasear con que la sociedad evolucionara de una democracia representativa a una participativa. Pero con el “cambio” que se operó en la provincia (y en el país) en 2015, ese espíritu ya no está. Y eso se nota. Sólo basta con leer ambas actas, la de 2014 y la de 2022. Cuesta creer que luego de 8 años y medio, el consejo de arraigo se reuna sólo para denegar el acceso a la reunión a una ONG aspirante (FAdE) y a una asociación que ya venía participando activamente (Comunidad Malalweche).

Hoy los códigos republicanos son otros y tienen que ver con la no participación popular en los temas públicos. Esta concepción autocrática del poder se nota en el párrafo en que se comunica que también la frecuencia y el lugar de las reuniones es una decisión privativa de UN funcionario, que además no está capacitado para los importantes temas que tiene en sus manos: la FadE había solicitado que las reuniones fueran más frecuentes y rotativas, no solamente en la capital provincial. Nuevamente… Dios está en todas partes, pero atiende sólo en la casa de gobierno mendocina.

La respuesta de Rapali reconoce que uno de los objetivos del Consejo es garantizar la participación de todos los involucrados en los temas pero, igualmente, “marche preso”.

Cuenta asimismo que la participación de otros consejeros debe ser solicitada por los mismos interesados, lo cual es respuesta al pedido de que se incorporara a varias asociaciones con las que la FAdE tiene contacto. Pues bien, la FAdE cumplió ese objetivo, pero igualmente fue rechazada. Uno termina preguntándose qué sentido tiene que el pueblo cumpla las leyes, si los funcionarios siguen exentos de esa obligación. Esto viene a ser algo así como que a uno le dan un manual de instrucciones para hacer algo, y cuando lo va a hacer le dicen que no, que tiene que seguir el manual de instrucciones. Se acuerdan del Cuento de la Buena Pipa? Era divertido pero, claro, no estaban en juego los derechos humanos de otra gente.

En ese punto 3 del acta se hace la enumeración de todos los requisitos que deben acompañar a las notas de pedido, incluyendo que deben hacerse electrónicamente, por lo que está claro además que algunos puesteros nunca podrán hacerlo…. Porque viven lejos de las señales de internet, otros no saben leer ni escribir (y decimos esto con el mayor respeto por quienes, no teniendo nada, están haciendo más Patria que los funcionarios políticos). En la asamblea de la FAdE de Semana Santa 2022 se notó que había puesteros que ni siquiera sabían de la existencia de la ley 6086 y fue la FAdE quien empapeló el Valle de Poti Malal con ejemplares de esa ley, y de la sentencia judicial aludida antes. Así de cruel es la cosa.

La funcionaria también se desmarca de varios temas propuestos por la FAdE por no ser competencia del Consejo. Nuevamente el Cuento de la Buena Pipa: si la FAdE hubiese podido participar como consejera plena, seguramente cambiarían de opinión. O quizás necesiten pasar unos días en el campo para saber cómo son las condiciones de vida allí. Como hizo alguna vez el Dr. Salvador Mazza, que estaba harto de que los legisladores se burlaran de su prédica sobre los orígenes del Mal de Chagas, y un día llevó a uno de ellos a punta de pistola a una casa con techo de paja, para que experimentara la pobreza y dejara de verla como un atractivo turístico más.

Otro de los reclamos de la FAdE era que se escrituren las tierras de los puesteros del Valle de Poti Malal y que se de prioridad a eso, a lo que responden que ello atentaría contra el principio de igualdad ante la ley. Bien, al menos para algunas cosas se acuerdan que la ley existe. Sin dudas, se usan distintas varas para diferentes temas, según convenga.

Asimismo se desentiende del reclamo de la FAdE de que el consejo se ocupe de temas como El Azufre y la situación de las tierras de Cañada Colorada. Algo así como “yo ahí no me meto”, siendo que están en juego los derechos de los puesteros también.

El punto más grave es el reclamo de que se vuelva a constituir el cuerpo de inspectores de tierras fiscales. Rechaza la expresión de la FAdE sobre “desmantelamiento”, pero admite que en toda la provincia hay sólo 4 inspectores (sabemos que no es así, son menos, pero no importa) y que para cubrir todo el territorio se han hecho “convenios con los municipios”, para que las inspecciones sean municipales. Cita a Malargüe como ejemplo, pero sin decir quiénes conforman en esta ciudad la inspección de tierras fiscales.

Las únicas dos personas que conocemos son jóvenes radicales que sólo conocen la parte comercial (de ellos mismos y de sus familias, se entiende) de sus propios negocios inmobiliarios. Averiguando, no encontramos constancia de que haya inspectores trabajando como se debe (relevar situación de los puesteros en condiciones de usucapir, por ejemplo, como es el caso de Poti Malal); a lo sumo vimos funcionarios “prestados” a la provincia, pero están vinculados, todos, a negocios inmobiliarios privados, incluyendo empresas mineras y de turismo vip, como El Azufre. Nadia Rapali, nos dice, entonces, que nos quedemos tranquilos, que el estado provincial hizo un convenio con el zorro para ponerlo a cuidar al gallinero, y que si tenemos alguna inquietud, vayamos a hablar con el zorro, pero sin decir el nombre y apellido del zorro. Está claro el chamuyo?

A todo lo largo de la nota se leen comentarios tales como que “esto no es de nuestra competencia”, lo cual señala un auto-ninguneo anunciador de que esta historia ya se terminó, por lo que habrá que esperar otros 8 años y medio para volver a la carga. Al menos así funcionan las mentes de los “republicanos ma-non-troppo” que nos gobiernan. Y están en línea con lo que vienen haciendo con la Ley 7722, el fracking, otros emprendimientos de turismo VIP y hasta la remodelación del Boulevard Rufino Ortega de la ciudad de Malargüe; todo a escondidas del pueblo, como fue el caso de las audiencias para el ordenamiento territorial.

Sobre esto último el viernes 7 la Dra. Laura Langhoff, pampeana y también geógrafa, pero que conoce nuestro campo y ha convivido con los puesteros, muy lejos de los escritorios pitucos y la calefacción central. Langhoff había iniciado, el viernes anterior, una serie de charlas y en esta oportunidad (el link lo posteamos en la parte 2 de estos aportes) invitó a hablar al presidente de la FAdE y al vocal Sebastián Lozano, como asimismo opinó Carlos Arenas, mano derecha del diputado José Luis Ramón, quien fue el único legislador que envió un observador a la reunión del día 12. El link: https://www.facebook.com/1443251331/posts/pfbid0321LxKFpcU3LPkzvUwdbu9195wZwtDctHwvvSdwKiznYD4WqLq35bYzXdwE7GKDqRl/ y https://www.facebook.com/laura.langhoff.520/videos/908731576755228

Pero puede hacerse otra lectura más optimista y no quedarse con la de los que mandan. La cuestión es no aflojar. No hay mal gobierno que dure 100 años ni pueblo que lo resista.

carlos_benedetto@fade.org.ar

 

 

ACLARACION:

Pirámide Informativa no se responsabiliza por los dichos del autor en este artículo